Para hacer tortillas hay que quebrar huevos… ¿los huevos de quién?


Chile es un país que por múltiples razones ha abandonado la pregunta por el desarrollo, esta frase puede sonar confusa, pero en ella descansa la raíz de muchas de nuestras controversias públicas. A punto de entrar al grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) surge una serie de indicaciones a las prácticas que tanto el Estado como los empresarios deben cumplir para ganarse la membrecía. Sin embargo, tanto unos como otros ponen en tela de juicio principios como el respeto a las minorías y la transparencia administrativa. Muchos esperarían poder entrar pagando a todos lados, OCDE incluída, y que haya alguien allá afuera que tan solo confirme sus frases de libro de texto respecto a la monetarización del desarrollo. Chile sigue siendo muy pequeño para las grandes ligas.

Tres situaciones me han tenido con la cabeza bien ocupada en las últimas semanas: en primer lugar la discusión respecto al Convenio 169 de la OIT, en segundo lugar la discusión en el Senado de la Ley sobre Salmonicultura, y finalmente, aunque no menos importante, la renuncia del Director Regional de la CONAMA de Atacama. La razón para tener tan presentes estos asuntos es la irritación que genera el apreciar flagrantemente cuales son las prioridades de “nuestro” Estado, “nuestros” empresarios y “nuestros” medios de comunicación cuando se trata de generar diálogo respecto al desarrollo.

En el caso del Convenio 169 ha sido atroz ver cuantas páginas, minutos y kilobytes han sido otorgados por los medios de comunicación a los lloriqueos de los empresarios  por lo difícil que se tornaría la inversión privada si se respetaran los derechos indígenas y nos tomáramos en serio los derechos humanos. Estos empresarios han armado una campaña feroz para decir que debemos parar con estas pretensiones de andar escuchando a todo el mundo y negociando las prioridades del desarrollo. Claramente nuestros empresarios iluminados no dejan ni por un minuto de pensar que son ellos el único fundamento y motor del desarrollo nacional, y que todo lo demás son daños colaterales, pajas de ONG´s poco patriotas que sólo los quieren perjudicar. Por su parte el Estado en su rol subsidiario utiliza el espacio de las comunicaciones para subsidiar la ya abultada presencia de los empresarios en los medios haciéndoles “nanai” y tratando de tranquilizarlos diciendo que esto es como esa cosa chora de la “responsabilidad social empresarial”, y que obviamente lo vamos a hacer suavizado para que los “indios” no se vayan al chancho.

Qué poco se ha dicho sobre las ventajas de emprender una iniciativa como esa, y en realidad más allá de las ventajas, del imperativo ético que nos presenta el hacernos cargo de las diversas complejidades de vivir juntos y ser distintos. El documento señala como uno de sus objetivos primordiales el reconocimientos a “las aspiraciones de esos pueblos [indígenas] a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”. Para muchos empresarios esta prosa suena peligrosa, porque la autonomía obliga a replantear asuntos de escala puesto que un gran empresario puede de pronto pasar a estar a la misma altura que una pequeña comunidad mapuche. La democracia nunca ha sido un bien muy preciado por ese sector de nuestro país, sólo la degustan con canapés y la repudian cuando se vuelve muy democrática.

No sin pocas razones muchos me dirán que estoy incurriendo en una generalización odiosa, sin embargo, los grandes empresarios de este país actúan en bloque y aún no veo a la excepción a la regla salir a decir algo distinto respecto a la vergüenza en la que se ha enfrascado esta tropa de privilegiados, cuando se intenta dar alguna herramienta a los menos privilegiados.

Justamente con herramientas tiene que ver el segundo tema que quiero tratar, la Ley de Salmonicultura que se encuentra actualmente en trámite en el Senado es el intento por dotar de nuevas herramientas a los salmonicultores de la zona austral del país para que puedan renegociar sus deudas. Sin lugar a dudas suena sensato y atractivo, pero esa sensación dura lo que suena el enunciado, porque la ruta de la controversia de los salmones que ha desembocado en esta ley no tiene nada de atractiva y mucho de insensatez.

Desde hace muchos años variadas ONG´s y académicos se han encargado de presentar a las autoridades del Estado y a los empresarios de la salmonicultura, sus aprehensiones por los métodos con los cuales se están criando los salmones, el daño que se está ocasionando al lecho marino en las granjas de acuicultura y las malas condiciones laborales de los empleados de estas compañías. La respuesta del Estado fue el silencio y de los salmoneros la sordera insidiosa.

Mucho se hace para responsabilizar al virus ISA del estrepitoso fracaso que ha tenido la industria del salmón en el último año, pero poco se ha hecho por reconocer las irresponsabilidades que llevaron a que la diseminación de este virus fuera tan masiva e incontrolable. Las mismas prácticas que tanto dinero generaron para estos empresarios, se convirtieron en la condena de la industria. Millares de peces eran criados en pequeñas jaulas, todas muy próximas entre sí, situación que favoreció la proliferación del virus y la inviabilidad de una actividad que podría haber sido perfectamente sustentable.

La irresponsabilidad de los empresarios del salmón es muy similar al cuento de la gallina de los huevos de oro, por la acción de estos señores la gallina ha quedado masacrada y en condiciones muy poco probables de ser resucitada. El cuento de la gallina de los huevos de oro ha sido el cuento del desarrollo en Chile, y así tal cual se ve hoy tan patente en la salmonicultura el fracaso de un modelo productivo, en ciernes vemos como tantos otros sectores se ven amenazados por la inviabilidad de sus prácticas y la poca innovación que ha sido llevada a cabo tras décadas de ganancia fácil y rápida.

Ahora, luego de una década de ganancias abismales, los empresarios salmoneros recurren al Estado para que les haga una ley a la medida que permita aliviar sus problemas de insolvencia financiera. La gran solución que se ha planteado ha sido la privatización de las granjas acuícolas, pero ya no como cuotas de pesca, sino como si fueran terrenos privados en el mar. De pronto nos encontramos entregando pedacitos de soberanía, regalando el capital de una nación entera a un puñado de soberbios irresponsables.

Como bien sabemos nuestra Constitución declara el respeto acérrimo por la propiedad privada, por lo que hipotéticamente esta movida sería irreversible. Algo parecido ocurrió con la privatización de los derechos de agua hace 28 años, en pos de una supuesta eficiencia se comprometió un patrimonio fundamental para el desarrollo de un país. Hoy muchos promueven la necesidad de una nacionalización del agua frente a los contrasentidos derivados del Código de Aguas de 1981, pero hasta que no haya un cambio constitucional tantos otros ríos seguirán secándose en nuestro país.

Justamente en la región donde se produjo la desaparición más emblemática de un río, el Copiapó, acaba de renunciar el Director Regional de CONAMA. Plácido Ávila, encargado de velar por el cumplimiento de la legislación ambiental en la Tercera Región, se vio forzado a renunciar frente a la evidencia que demostraba su colusión con una gran empresa minera en contra de pequeños agricultores de su región.

Plácido Ávila era el encargado de aprobar los permisos ambientales globales a las empresas que presentaban Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en la Tercera Región. Durante su administración se aprobaron los permisos ambientales que facilitaron la aprobación del proyecto Pascua Lama de la compañía minera Barrick Gold. Estos permisos fueron aprobados aún cuando autoridades científicas tales como el Centro de Estudios Científicos de Valdivia plantearon sus reparos frente a la poca información con la que se estaba tomando una decisión de tanta relevancia. Esta situación recuerda la acción de la directora nacional de CONAF, que hace 2 meses forzó la aprobación de la central Alto Maipo pese a la vulneración que este proyecto hacía de la recién estrenada Ley del Bosque Nativo en base a órdenes superiores del Ministerio del Interior, vulgar ¿no?

Faltan 2 mese para que legalmente Barrick de inicio a sus obras en Pascua Lama, obras que pondrían en riesgo las actividades agrícolas de gran parte de la región de Atacama. Sin embargo, graves dudas surgen respecto a las condiciones en las cuales se dio la aprobación a este proyecto, por lo que se levanta la opción de que la institucionalidad ambiental de una prueba de blancura. La auditoría pública de los expedientes con los que se aprobaron las distintas fases del proyecto Pascua Lama podría reparar en parte el daño que ya se ha ocasionado.

En una región como la de Atacama, donde la principal causa de muerte según el INE está asociada al cáncer y los tumores (al igual que en la Segunda y Cuarta Región, todas ellas regiones mineras), es importante que ojos de alerta se posen sobre las actividades de estas empresas. Los desechos, la contaminación de las aguas y las condiciones generales de la industria minera en las regiones del norte del país han condenado a pueblos enteros a una pésima calidad de vida. La situación de miles de niños con mercurio y plomo corriendo por sus venas no parece ser noticia para muchos, mientras decenas de proyectos siguen siendo aprobados sin verificar y corregir las prácticas que siguen acumulando males en esos lugares.

Hace unos días fui invitado por una ONG llamada Acción RSE para participar en un foro sobre cambio climático. Esta ONG se encarga de promocionar lo buena onda que son algunas empresas dejando de lado todas las malas ondas porque son mala onda. Poco a poco mientras avanzaba el foro aquel fui notando como detrás del sobajeo de espaldas con los empresarios “responsables” se escondía un completo desinterés por la raíz de las problemáticas. Los chicos de Acción RSE nos querían hacer ver en su superficialidad que lo mejor es preocuparse de lo bien que quedan los chalecos del taller que patrocina determinada compañía y nos olvidemos de las descargas venenosas que por aquí y por allá están afectando a enormes comunidades. Y es que el desarrollo es inevitable y nuestros medios de hoy son los mejores medios posibles, según estas organizaciones.

Para hacer tortillas hay que quebrar huevos, pero nos preguntamos ¿los huevos de quién deben ser quebrados? Por mucho tiempo hemos aceptado que los grandes empresarios tienen una especie de licencia natural para quebrar huevos, sin embargo me pregunto por qué los huevos de los empresarios no se tocan. Por qué hoy en día aparecen organizaciones como Acción RSE para defender los huevos de compañías como Barrick y facilitar el quebradero de huevos de los que tienen menos palabras y discurso para defenderse. Preguntarse por el desarrollo implica también cuestionar este quebradero de huevos y el destino de las tortillas, dar espacio a que las comunidades indígenas puedan definir sus prioridades de desarrollo y organizar su autonomías, proteger la soberanía nacional al defender los recursos marinos de la privatización, y realizar evaluaciones ambientales transparentes y de calidad implican una forma diferente de repartir la  tortilla y quebrar los huevos, e incluso de no quebrarlos y hacer algo distinto con ellos. Chile se merece más, y ojalá pueda lograr más desarrollo con un empresariado responsable en serio, un Estado menos ambiguo y una ciudadanía dispuesta a defender sus huevos e hinchar las pelotas cuando sus derechos estén siendo vulnerados.

Leonardo Valenzuela

Sociólogo UC

Estudiante del MAHMA UC

Un Comentario

  1. Bien. Me quedo, sin embargo, con el “deber” que urge a la ciudadanía respecto de “hinchar las pelotas” cuando sea necesario. Lamentablemente el Estado, lo sabemos, ha descuidado crecientemente el “bien público” (partiendo por el de quienes ahora andamos revoloteando por acá, no es siquiera necesario mirar hacia el -temible- futuro). Las empresas, y las ONG’s que crezcan bajo su alero, no buscarán, precisamente, el giro paradigmático que creo necesario para “dar vuelta a tortilla”.
    Sólo una ciudadanía comprometida con lo “público” podrá ser el componente gatillante de aquel cambio que haga velar el interés de la “communitas” por sobre el cálculo de la “acción racional de acuerdo a fines”. El problema real en este punto aparece cuando nos preguntamos por cómo se ha de conformar aquella ciudadanía; sin ofrecer una respuesta creo que instancias de diálogo como éstas son un “grano de arena” por ahora muy poco eficiente, es cierto, mas igualmente por ello sujeto a crecimiento.

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