“A todos nos cabe el sombrero”



Actualmente nos encontramos en un escenario particular. Las elecciones presidenciales de fin de año son inminentes, y no cabe duda de que muy pronto comenzará la invasión de imágenes de los candidatos y frases cliché por todo el país. Demostrando así una vez más la poca calidad de la propaganda política chilena que se intenta compensar con una sobreproducción de afiches y pancartas electorales. En donde no se muestran contenidos sino “perfiles visuales” incluso políticamente desafiliados, donde la imagen del candidato no puede ser asociada a un partido porque eso no se menciona.

Más allá de las estrategias que los candidatos emplean para captar votos, la elección presidencial no es un procedimiento nuevo en Chile, sino que viene evolucionando desde 1828  en estrecha relación con la ampliación de la ciudadanía. De esta manera, podríamos decir a grandes rasgos lo siguiente: En 1828, un ensayo constitucional ya establecía un procedimiento democrático para elegir al presidente, claro que de modo indirecto: a través de electores como en las repúblicas federales. Con la Constitución de 1833 se instituye que los hombres, con rentas, mayores a 21 ó 25 años (dependiendo de si están casados o no) serán quienes elijan al presidente por medio de una votación indirecta.

Luego, con la constitución de 1925 se estableció una república democrática presidencialista donde el ejecutivo era elegido directamente por quienes eran ciudadanos en ese entonces, personajes masculinos y alfabetizados[i]. En 1952, por medio de un decreto, la mujer comienza a ser admitida como una voz válida en las urnas electorales. Por último, en la década del 80 se establece el voto tal como lo conocemos hoy. Sin embargo, el marco institucional y el régimen de gobierno que operó antes, durante y posteriormente a la promulgación de esta Constitución por 17 años, atentó fuertemente al principio democrático, entre otros graves atropellos a los derechos de las personas.

Ahora bien, hemos dado cuenta de un proceso de democratización creciente en Chile[ii], porque a pesar del “salto antidemocrático”, en 1990 se restituyeron los registros electorales, en un marco democrático, anteriormente eliminados con la dictadura. Pero ¿qué ha pasado con la ciudadanía desde ese entonces? Lo singular creo yo de este tiempo en relación a las elecciones presidenciales pasadas tiene dos dimensiones.

Por un lado, considero que ha variado bastante el número y la calidad de los candidatos. Muchos de ellos pertenecen a la vieja escuela, y quieren o conquistar de una vez por todas el sitial, o simplemente volver a sentir el gustito de estar en él. Otros, en cambio, han tenido experiencias menos rimbombantes en las instancias del poder legislativo o administrativo, y a otros no se los había visto en la cancha política más que dando su parecer, e ingresan al juego político con el interés de renovar el oxígeno de nuestra contaminada ciudad y de nuestro desarticulado país (en sentido figurado lo del oxígeno, claro).

Podríamos decir entonces que hay tres tipos de candidatos oficiales, cada uno con un proyecto de país “supuestamente” diferente, que le agrega valor y lo hace merecedor de una oportunidad para demostrar lo que puede hacer. Independiente de los gustos, hasta aquí no hay problema. Por y para eso estamos en democracia, para debatir y consensuar el proyecto de país que posturas disímiles, encarnadas en ciudadanos como cualquier otro, desean implementar.

Ahora bien, como estudiante universitaria, y entendiendo que el mundo en el que me desenvuelvo es algo distinto al del 80% de los jóvenes del país, percibo que la ciudadanía y los reticentes a ser ciudadanos (aunque tengan cumplidos los requisitos para serlo) están algo cansados con las campañas electorales como se han venido dando: poca información relevante, sólo caras conocidas y eslóganes inocuos. Es decir, cuando el candidato alfa le informa a los ciudadanos que “construirá de Chile un mejor país”, nadie está en desacuerdo; todos esperamos -aunque no siempre lo demostramos electoralmente- que hace falta mayor calidad en los servicios de salud y educación, mayor transparencia en la gestión de cuentas fiscales y el gobierno, un país más seguro… En fin, todos queremos un país con mayor calidad de vida, sin embargo no sabemos qué significa eso para los candidatos y mucho menos conocemos la manera con la cual pretenden alcanzar ese estado deseado.

Y esta falta de transparencia, para mí es algo fundamental. Reconociendo la desigualdad que existe en la población Chilena, y la poca suspicacia de algunos ciudadanos, no da lo mismo qué principios transaremos a la hora de llevar a cabo el programa de gobierno. Por ejemplo, si para tener mayor crecimiento económico es necesario aumentar la exclusión en el mercado laboral para dejar sólo a los más competitivos en las empresas productivas, no estoy de acuerdo, y no cambio de parecer aunque a todos nos regalen un bono monetario que lo único que hará será subir los precios de nuestra economía.

El ejemplo anterior es real, y muchos de nosotros no lo sabemos, ¿Por qué? Burdamente, podríamos decir que percibimos cómo a los electores se les intenta convencer con la conocida estrategia del “pan y circo”.

Ahora bien, frente a esta falta de información y transparencia han surgido movimientos como “Joven Participa”, una campaña levantada por un grupo de estudiantes de la Universidad Católica, que busca mayor calidad y transparencia en los contenidos de cada programa presidencial y parlamentario, como también pretende fomentar la participación electoral de aquellos jóvenes comúnmente catalogados como indiferentes ante la realidad social en la cual están insertos. Pero, no por esto decimos que hoy en día los candidatos políticos no tengan programas, sino que simplemente no los muestran.

Considerando el momento que Chile está pasando en términos de sus propias dinámicas internas y el contexto global al cual está sujeto, podríamos esperar como electores un debate con mayor transparencia y responsabilidad, sobre todo si la política es uno de los pocos espacios de índole pública que está disponible para discutir el deber ser de nuestra sociedad. Por esto sostengo que se debiera aprovechar “la publicidad”  que ofrecen las elecciones presidenciales de modo efectivo y sin desperdicios, haciéndose cargo de los juicios emitidos.

No es convincente un candidato tan solo porque opaque a su adversario con su pasado, es convincente en la medida que muestre un programa de gobierno consistente y que su fundamentación no sea pura retórica demagógica. Desde mi punto de vista, el poder ya no se puede legitimar por carisma; y para fortuna de la sanidad fiscal, el populismo ya no está de moda. Es por esto que soy partidaria de un debate de calidad, con argumentos, con compromisos concretos.

Percibo cómo hoy en día se están dando los espacios para hacerlo, ya que algunos actores sociales han comenzado a tomar conciencia acerca de la necesidad de fortalecer la participación política para así consolidar un sistema de gobierno democrático que sea representativo para todos los sectores sociales. Sin embargo, no sólo han tomado conciencia ellos, gracias a la plataforma que ofrece internet, es posible disponer de mayor información y lograr una difusión de actividades con un alcance exponencialmente mayor, de manera de comprometer con la causa a muchas más personas. Ahora bien, si las tecnologías de información permiten este mayor alcance, ahora sólo hace falta que la ciudadanía y los candidatos lo aprovechen no tan solo para figurar, sino que a comunicar ideas, para que se cumpla al menos en parte el ideal de Habermas de dejarse llevar por el mejor argumento y no tan sólo por quien lo enuncia.

Pero no sólo lo digo por los candidatos que parecen creer que este es un juego de niños y que todos nosotros somos unos superficiales que sólo se fijan en el ángel del jefe de comando, sino que también por la ciudadanía misma. Se están abriendo nuevas formas de participación y nuevos canales de información, hagámonos cargo de ellos para que se estabilicen y perduren.

Una ciudadanía que no participa diezma la estabilidad del principio democrático. Un presidente que se elige por un selecto grupo de ciudadanos emerge como una autoridad que no es totalmente legitimada por la nación. Un candidato que por un lado demuestra su poder de gobernabilidad a través de contenidos programáticos claros, y una nación que hace del candidato presidencial elegido una figura política válida y representativa de sus intereses, permite un fortalecimiento de la democracia; sistema de gobierno que goza a mí juicio de las menores externalidades negativas cuando se es bien implementada.

La participación electoral informada, en este sentido, garantiza el principio de legalidad, y en la medida que se representen los intereses de cada uno de nosotros (siendo esto solo posible al comunicarlo) podemos hacer un esfuerzo para que lo que queremos de Chile se parezca a lo que Chile será.

Ignacia Arteaga

Estudiante de Sociología UC


[i] La Constitución: Historia constitucional de Chile. Extraído el 28 de julio de 2009 desde: http://www.bcn.cl/ecivica/histcons

[ii] Hay cifras que manifiestan que en 1912, de la población elegible sólo  un 10% está inscrita; en 1952 hay un 35% y se llega recién al 70% en 1964; mientras que en 1970 tenemos un 80% de la población adulta -en edad y condiciones de votar- inscrita. De Moulián, Tomás. Sistemas de partidos y régimen político entre 1932-1973. Seminario: Sistema electoral y Congreso Nacional. Santiago, Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Revista de Ciencia Política, edición especial, septiembre de 1988. Pp. 32-41

Un Comentario

  1. Ignacio Saffirio

    De acuerdo con tu análisis nacha.
    Sin embargo, hay que preguntarse por qué estas campañas de “puro marketing” se realizan. A mi juicio es por que son efectivas, entonces habría que interrogar a los electores y no a los candidatos.

    Una humilde opinión,

    muchos saludos.

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