Acontecer Verde: 17 al 20 de mayo


Ministra Benítez reingresó decretos para crear institucionalidad ambiental

BenitezEsta semana la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, reingresó a la Contraloría General de la República dos Decretos con Fuerza de Ley (DFL) que implementarán la nueva institucionalidad de la nueva cartera, luego de que se retiraran para su estudio, ya que fueron impulsados por la administración anterior.

Con esto se creará el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, con lo que se tecnificará la evaluación ambiental, se aumentará y mejorará la fiscalización, y se instará a que la cartera tenga un papel preponderante en la generación de políticas ambientales del país.

La Ministra destacó que la creación de la nueva institucionalidad ambiental es moderna, técnica y profesional “acorde con los requerimientos internacionales y con un enfoque centrado en la mejora de la calidad de vida de las chilenas y chilenos y en el desarrollo sustentable del país”.

Gobierno espera retomar norma de termoeléctricas

En las próximas semanas el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por la titular María Ignacia Benítez, prevé retomar los estudios.

La idea es desarrollar una norma de emisiones para las unidades generadoras termoeléctricas, proceso que comenzó el año pasado de la mano de la ex Ministra de la cartera, Ana Lya Uriarte. Según explicó ayer la Ministra Benítez, por ahora se está a la espera de que Contraloría apruebe la composición del consejo consultivo de la Conama, cuyos integrantes ya están nominados. Una vez que eso ocurra, el cuerpo asesor comenzará a analizar la normativa.

La idea es generar un texto que establezca un límite a la contaminación atmosférica provocado por la combustión en unidades generadoras térmicas, especialmente aquellas que utilizan combustibles más contaminantes, diesel y carbón, y no tienen procesos eficientes para minimizar la polución. “Ese tema está en etapa de anteproyecto. Eso lo estamos viendo nosotros, lo tenemos que presentar al consejo consultivo. Estamos esperando que Contraloría ratifique a los nuevos integrantes, porque el anterior consejo terminó sus funciones el 11 de marzo”, señaló la titular de la cartera. Benítez agregó que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera mantendrá los principales lineamientos de la normativa, entre ellos, el carácter retroactivo de ésta. Es decir, las restricciones para las emisiones -que obligarán a las empresas dueñas de las centrales a invertir en tecnologías modernas para minimizar la polución- serán para las centrales nuevas y antiguas y no sólo las que se construyan después de publicada la norma.

El anterior no es el único tema al que hoy están abocados en el Ministerio. La nueva institucionalidad ambiental, que considera una justicia ambiental, una superintendencia y el servicio de evaluación, están prontos a ver la luz.

Problemas por demarcación de Campo de Hielo Sur

El tema ha generado fuerte preocupación del Mandatario y de la Cancillería, ya que un posible escenario es que las labores cartográficas previas a la demarcación de la zona sean favorables a Argentina, situando la frontera más cerca del océano Pacífico.

En ese contexto, el Presidente Sebastián Piñera señaló que conversó ayer con Fernández -sin precisar si había abordado específicamente el asunto- y aludió a la buena disposición para resolver el tema, afirmando que se está trabajando “con argumentos, evidencia, basados en el derecho internacional, en los tratados vigentes y también en la buena voluntad con que debemos enfrentar estos problemas”.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Hernán Larraín, pidió no convertir el tema “en un hecho divisor de las relaciones de nuestros países (…). Siempre Chile parece en algunos países convertirse en el chivo expiatorio de problemas políticos locales, pero no vamos a caer en el juego, y Chile defiende sus posiciones de acuerdo a los criterios que la propia legislación internacional le garantiza”.

En el mismo sentido se manifestó el senador RN Baldo Prokurica, quien sostuvo que “ésta es una parte fundamental del territorio, no sólo por su extensión y belleza, sino porque constituye una de las reservas de agua más grandes del mundo y necesita de la atención de nuestro país”

Por último, el embajador chileno en Argentina, Miguel Otero, declaró que no existe ningún conflicto con ese país por este tema y que “los resultados de las comisiones técnicas deberán ser entregados a los respectivos gobiernos, y éstos deberán decidir qué es lo que hacen. El resto son especulaciones”

”(Chile) trabaja con argumentos, evidencia, basados en el derecho internacional, en los tratados vigentes y también en la buena voluntad con que debemos enfrentar estos problemas”.

”El resultado de las comisiones técnicas deberá ser entregado a los respectivos gobiernos, y éstos deberán decidir qué es lo que hacen. Aquí no hay ningún conflicto con Argentina”.

Rechazo a la venta de las sanitarias

El gobierno de Sebastián Piñera anunció esta semana que estudia vender la participación que posee el Estado (a través de CORFO) en las empresas sanitarias Aguas Andinas, ESVAL, ESSBIO y ESSAL.

La mañana del jueves 20 de mayo, en la cede de la CUT, se reunieron un colectivo de organizaciones opositoras al anuncio del gobierno, para manifestar sus argumentos, luego de que el Ejecutivo declarara que la venta de las acciones estatales de las sanitarias le permitirían cubrir parte de los gastos proyectados para la reconstrucción. A juicio de los opositores, la venta le reportará 1.300 millones de dólares al Estado, es decir, tan sólo un 13% de los 10.000 millones que dice requerir para el plan de reconstrucción de los próximos 4 años. Por ello, los lideres sindicales, de comunidades religiosas y ecologistas hicieron un llamado para que el gobierno destine las utilidades que generan la participación actual del Estado en las empresas sanitarias en la reconstrucción, sin necesidad de vender los activos que son de todos los chilenos. Destacaron además que los bienes en cuestión, son de naturaleza esencial y estratégica para la vida humana.

Arturo Martínez, presidente de la CUT, manifestó que “se preveía que el Presidente Sebastián Piñera iba a aprovechar la catástrofe nacional para echarle mano a estos recursos esenciales”. Para él es importante que el gobierno explique a la población cómo se gastaron los 45 mil millones que se juntaron en la Teletón y cuánto ha sido la ayuda internacional por que “se está justificando la venta como respuesta a resolver la catástrofe, pero no se le ha informado a la población sobre estos montos”. Además hizo énfasis en que “así como nos opusimos a la venta durante el gobierno de Frei, hoy nos opondremos y con más fuerza”.

Hugo Maturana, presidente de todos los sindicatos de Trabajadores de Obras Sanitarias de Chile (FENATRAOS), es uno de los principales opositores a esta venta porque “vulnera la paz social”. Para él, “entregarle el agua a los privados es un error, el agua es un bien público que debe estar en manos del Estado”. Maturana ya hizo una fuerte campaña durante el gobierno de Aylwin en contra de esta venta y hoy retoma esta lucha.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios informó que en la última década, entre 1998 y 2008, la privatización de las sanitarias provocó un gran aumento de las tarifas para la población, pero no mejoró sustancialmente la cobertura de agua potable ni el alcantarillado. Siendo la única excepción el tratamiento de aguas servidas, inversión que esta siendo pagada por los consumidores.

Frente a lo anterior Juan Pablo Orrego, director de Ecosistemas, declaró que “esto es la culminación de la obra privatizadora de Pinochet y de los gobiernos de Frei y Lagos, donde se privatizó a las sanitarias, incluso con un plebiscito en contra, como el de Esbbio en la región Bío Bío”.

Monseñor Infanti, Vicario Apostólico de Aysén, hizo un llamado a “no ser cómplices de esta injusticia y de esta entrega del país en manos de extranjeros”.

Sara Larraín, directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable, también opositora a la venta, declaró que “hay una inquietud nacional e internacional sobre este tema. Existe un peligro de que mañana 21 de Mayo, en el discurso del Presidente, este sea uno de los anuncios y evitarlo es el fin de esta reunión”. Además hizo acento en que el agua de Chile es controlada por multinacionales extranjeras como la española Endesa, que posee el 80% de los derechos. “Durante los anteriores gobiernos no sólo se privatizó la gestión del agua sino también sus derechos”.

Como solución postulan que el Estado conserve la participación accionaría en las 4 mayores empresas sanitarias y utilice la grandes utilidades anuales que le proporcionan dichas empresas para la reconstrucción del país.

Monseñor Infanti expresó que “existe una urgencia por el terremoto, pero esto es un disparo a la democracia y a la soberanía. Las aguas las proclamamos como un derecho humano y se está mercantilizando con el pueblo y en especial con los más necesitados”. Su postura fue enfática frente a la venta: “vender las aguas a transnacionales es vender el país. Esperamos que el gobierno y los parlamentarios, escuchen la voz de las organizaciones sociales y se respete la paz y los valores”.

Para cerrar tomó la palabra Teresa Sarmiento, presidenta de la Federación de Agua potable Rural (APR), quien declaró que “el agua nunca debió haber sido privatizada y nosotros la vamos a defender hasta dar la vida por ella”.

Katerina Kliwadenko

Periodista UDP

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