Verdeseo

Se discuten nuestros derechos y no nos enteramos


A partir de la semana pasada se está discutiendo en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado, el proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental. ¿Y? ¿Qué tiene? ¿Qué me importa? Dada la naturaleza distante, fome y cerrada de nuestro Congreso, un proyecto de ley más o menos, uno que otro tribunal, una que otra discusión, a estas alturas, da un poco lo mismo en nuestro acontecer nacional. Sin embargo, a pesar de lo críptica, distante y tecnificada (sin necesidad, me atrevo a decir) de la discusión, el caso de la discusión del proyecto de ley sobre los tribunales ambientales ilustra muy bien una cuestión recurrente en nuestro país, estrechamente relacionada con la calidad de nuestra democracia: se toman decisiones día a día sobre nuestros derechos y nosotros no nos enteramos (o no queremos hacerlo).

Es cierto, la información está ahí. Métase al sitio Web del Congreso Nacional (son nada más ni nada menos que tres sitios Web llenos de información: el de la Cámara, el del Senado y el de la Biblioteca Nacional) y encontrará, luego de un gran esfuerzo (ya que necesitará expertise 2.0) casi todo lo que necesita saber. Sin embargo, la información, por alguna razón, no sale de ahí. No sale en los diarios en las primeras planas (quizás en un artículo menor y técnico en el Diario Financiero, el Estrategia o El Mercurio); no es un tema que se escuche en las radios; no estamos "hablando" de eso. ¿Qué implica lo anterior? Algo nefasto para nuestra democracia: que nadie está traduciendo la información desde el poder legislativo a la ciudadanía. Peor aún, que nadie "independiente" (en términos de una mayor cantidad de puntos de vista) está en el tema, comunicándolo.

Es posible argumentar, por supuesto, que dado que hay exceso de temas y comunicaciones posibles, lo natural es que se deban seleccionar algunas. ¿Bajo qué criterios? No voy a entrar a discutir aquí si la opinión pública pone los temas, o si es un ente manipulado por los medios de comunicación que fijan la pauta de acuerdo a oscuros intereses políticos (cuando probablemente no es ni lo uno ni lo otro, sino que una cuestión mucho más compleja y a analizar caso a caso). El énfasis está en que de alguna forma se tiene que poder romper el círculo, y se tiene que poder ampliar la discusión sobre este tema. ¿Por qué? Porque se están discutiendo nuestros derechos entre cuatro paredes, se están tomando decisiones importantes.

Concentrémonos por un momento en el ejemplo arriba citado, la discusión sobre los tribunales ambientales. Ponga atención, dije tribunaleS ambientaleS. Subrayo las "s", porque resulta que hasta hace unos meses era UN tribunal ambiental. ¿Y qué? Bueno, detrás de ese tipo de decisiones, se esconde un paradigma de justicia, y uno no puramente ambiental, sino que un paradigma amplio de la justicia. ¿Queríamos un tribunal en Santiago, de manera que si en regiones se violaba la ley las personas tuvieran que hacer todo el procedimiento desde la lejanía, enviando y esperando los documentos, sin mucho poder de fiscalización in situ, e incluso en algunas situaciones teniendo que venir a Santiago a la corte? ¿Es eso justo? ¿Cuán ágiles serían los procesos? ¿De qué manera se promueve así la descentralización? Al final de cuentas, ¿qué paradigma de justicia estamos promoviendo? ¿Una justicia equitativa, descentralizada, expedita? ¡Con un tribunal en Santiago claro que no!

Bueno, al menos en esa materia, las observaciones de varias ONGs y parlamentarios surtieron efecto, al parecer, ya que el gobierno actual incluyó en sus indicaciones al proyecto de ley el que fueran 3 tribunales ambientales y no sólo uno.

Sigamos, ya que lo más importante sigue en discusión y no está claro aún. Si hablamos de tribunales, cualquiera sea su área de injerencia, lo central serán sus competencias. ¿Cuál es la idea de tener tribunales ambientales? Bueno, el argumento es que es impresentable que hoy en día los problemas con la normativa ambiental tengan que ser vistos con el Juez de Policía Local. Sí, si el agua de su llave está contaminada con metales pesados cancerígenos, o si alguna empresa en su localidad está cortando ilegalmente bosque nativo y usted lo sabe, recurra al Juez de Policía Local más cercano, y él tendrá que hacerse cargo. En este sentido, así como con el tiempo han surgido tribunales especializados para Familia, Trabajo, etc., se plantea la necesidad, dado que incluso tendremos una Superintendencia del Medio Ambiente, de contar con tribunales ambientales.

En este sentido, el tema de las competencias es fundamental. Varios senadores han recogido la propuesta de las ONGs de ampliar las competencias a todas las leyes de relevancia ambiental, pero el gobierno mantiene la restricción de competencias al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), las normas y el daño ambiental.

Me parece que tribunales ambientales de verdad exigen competencias amplias, que incluyan a la legislación sectorial de relevancia ambiental, particularmente en lo referido a biodiversidad, agua, forestal, áreas protegidas, etc. Sin embargo, el gobierno, en sus indicaciones, insiste en competencias reducidas.

Finalmente, y sólo para dar un ejemplo aún más ilustrativo. ¿Sabía usted que el modelo presentado para estos nuevos tribunales ambientales en cuando al procedimiento es ESCRITO? Sí, ¡escrito! A pesar de que hace poco reformamos nuestro sistema judicial y entramos, de a poco, a tener procedimientos ORALES, en este caso se plantea un procedimiento engorroso y lento, que vendría a ser más bien un retroceso que un avance en materia de justicia. ¿Por qué? La verdad no lo sé. Como esto no es tema, nadie ha tenido que salir a dar explicaciones en público.

Como se puede ver, en este momento en el Congreso Nacional se están discutiendo nuestros derechos en materia ambiental. Puede parecer insignificante para muchos, ya que muchas veces ni siquiera denominamos ambientales a problemas que vivimos en el día a día. En Maipú una ONG hizo un estudio el año pasado que incluía una encuesta. Se le preguntó a los vecinos si tenían problemas ambientales en la comuna. La mayoría señaló que no. Luego se les preguntó a los mismos vecinos cuáles eran los problemas más graves que afectaban a la comuna. Se señaló la contaminación, el ruido, el vertedero cercano, entre otros problemas de ese tipo. En el Congreso se está tramitando algo que se relaciona directamente con los futuros derechos de esos vecinos, pero probablemente no lo saben.

Parte importante del problema radica, a mi juicio, en la elite política chilena y de cómo se rehúsa constantemente a abrir el poder y dejar entrar a la gente, que ocupen los espacios. La discusión se llena de tecnicismos y palabras extrañas y "en difícil" sin ninguna necesidad. De hecho, y literalmente, las puertas de las comisiones del Senado y la Cámara no están "siempre abiertas a la ciudadanía". Para qué, dicen algunos, si esta parte más técnica la podemos ver entre nosotros, a la gente eso no le interesa. ¿Realmente no nos interesa saber cuáles serán nuestros derechos y deberes en el futuro?

5

Colombina Schaeffer

Socióloga UC

Más información:

Proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental

Tribunales Ambientales – Estuvimos ahí!

Tribunales Ambientales: Una oportunidad como pocas

  1. Hola Colombina, muy ilustrativa tu columna.
    Para variar uno llega tarde y no alcanza a conocer y dimensionar lo que se teje en el congreso. Ahora, al menos me siento más informado lo que no es sinónimo de más tranquilo.
    Saludos

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