Acontecer Verde: 12 al 15 de julio


Exigen que se prohíban exploraciones en El Tatio

Un informe de las Naciones Unidas (ONU) reveló esta semana que hubo errores y falta de medidas de seguridad en los trabajos que se hicieron en El Tatio y que causaron una fumarola “artificial” de 60 metros de altura que se mantuvo activa durante 27 días, a sólo 2 km del circuito turístico que recibe a 120 mil visitantes cada año.

Frente a esto, este jueves 15 de julio se realizará una sesión en la COREMA de Antofagasta, la cual será clave para definir el futuro de los sondeos geotérmicos en los géiseres de El Tatio, suspendidos desde octubre.

Se deberá resolver si se prohíben definitivamente las excavaciones geotérmicas en El Tatio, o si se permite su reanudación, en un ambiente donde alcaldes e indígenas de la zona están completamente en contra de los trabajos.

Por si fuera poco, hace dos meses el Ministro de Energía, Ricardo Rainieri, anunció la suspensión de las excavaciones, pero hace pocos días la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, señaló que la COREMA era la encargada de resolver el caso, quitándole poder a Rainieri y confundiendo a lo población con las contradicciones y toma de decisiones dentro del gobierno.

La alcaldesa de San Pedro de Atacama, Sandra Berna, afirmó que las prospecciones de la Empresa Geotérmica del Norte “comenzaron mal y no deben seguir. Dejen a El Tatio tranquilo, porque obtenemos más recursos a través del turismo, sin daños”, aseguró.

Según reveló el informe de la ONU, la fumarola artificial de octubre pasado no causó daños al medio ambiente ni a las fuentes termales, pero sí hubo errores en el control de la emergencia, faltaron guardias en las instalaciones, y bastaban dos días para controlar la emergencia que demoró 27 días en ser apagada.

Grupos de indígenas se están organizando para hacer campañas y movilizaciones, además de presentaciones judiciales.

Corte de Apelaciones falla a favor proyecto de Gener

La lucha contra el proyecto Alto Maipo recibió un duro golpe esta semana ya que la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, en primera instancia, el recurso de protección que buscaba revocar el permiso ambiental del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo (530 MW), que Gener instalará en la zona sur de la Región Metropolitana.

La Coordinadora Ciudadana “No al Alto Maipo” había interpuesto este recurso como una herramienta más en contra de la construcción de la central hidroeléctrica. Esta acción había dado buenos resultados en junio del 2007, donde el proyecto fue suspendido. Esta vez se apelaba a que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) vulneraba las garantías establecidas en los números 8 (derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación) y 24 (derecho a propiedad) del artículo 19 de la Constitución Política del Estado.

Sin rodeos, se declaró que no se vulneraron garantías constitucionales y se calificó el proyecto como ambientalmente favorable, en un fallo unánime.

Carlos Mathiesen, gerente del proyecto, expresó su satisfacción “se dio un nuevo paso hacia la concreción de la central de energía renovable, que será ampliamente positivo no sólo para el país, sino también para San José de Maipo”.

Ministros de la Octava Sala del tribunal de alzada:

· Lamberto Cisternas

· Javier Moya

· La abogada integrante Regina Clark

Gobierno anularía Decretos de Agua de Bachelet

La lucha por los derechos de agua y reformas que se hicieron durante el gobierno de Michel Bachelet han estado en agenda esta semana. Todo partió con un artículo publicado el día lunes 12 de julio en el diario El Mercurio, en el cual el académico de la Universidad Católica, Alejandro Vergara, y el nuevo Director de la Dirección General de Aguas (DGA), Matías Desmadryl, concluían que la firma de los 11 Decretos de Ley firmados durante el pasado gobierno, con el fin de reservar caudales e igual número de cuencas en el sur del país, debían ser invalidados.

Esto porque a su juicio los decretos no fueron correctamente aplicados, sino que hubo una equivocación, y por lo tanto no son válidos, debiendo dejarse libres estos caudales para futuros negocios hidroeléctricos.

Ante esto el ex director de la DGA, Rodrigo Weisner, salió en defensa de su gestión y la del pasado gobierno, argumentando que los decretos habían sido correctamente aplicados, que no existían errores, y que estos habían pasado todos los controles de legalidad.

El decreto que se aplicó a estas cuencas tiene relación con el articulo 147 bis, del Código de Aguas, que autoriza reservar caudales por circunstancias excepcionales o de interés nacional, lo cual es coherente con el estatus de protección que tienen los territorios en los que se ubican dichas cuencas. Sin embargo, el nuevo gobierno alega que se debió aplicar el artículo 129 bis del Código de Aguas, sobre fijación de caudales ecológicos mínimos, y no reservar estos caudales.

Los 11 decretos fueron firmados con el fin de reservar caudales en cuencas que actualmente tienen estatus de conservación como áreas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Santuarios de la Naturaleza y Zonas de Interés Turístico (ZOIT); con el objeto de restringir las solicitudes de derechos de agua por parte de los privados y asegurar la conservación ambiental de dichas cuencas.

Si lo que pretende el nuevo gobierno es objetar la legalidad de esta medida con fines hidroeléctricos, esto no va a ser posible. Los decretos pasaron los controles estipulados y no se pueden dejar sin efecto, o ser invalidados, porque las autoridades no están de acuerdo. Y si éstos son ilegales, como argumentó el académico de la Universidad Católica, el gobierno debe acudir a la Contraloría o a Tribunales, respetando la normativa vigente.

Petrohué y Cochamó en peligro

Debido a la posible anulación de los Decretos de Ley que protegen a los ríos Petrohué y Cochamó, éstos podrían ser amenazados por futuros proyectos de centrales hidroeléctricas.

Hasta antes de los decreto de protección, la cuenca del río Petrohué había recibido 28 solicitudes de derechos de agua para construir centrales hidroeléctricas; mientras que el Cochamó 25.

Rodrigo Condezza, en nombre de “Conservación Cochamó”, advirtió que la eventual anulación de los decretos “no sólo pone en riesgo el patrimonio natural de nuestro país, sino que está cabalmente desalineada respecto a la agenda pro turismo impulsada por el gobierno”.

Condezza aseguró que la protección del Cochamó es una alternativa a la tala del bosque nativo, la instalación de torres de transmisión y a las siete centrales proyectadas en apenas 25 kilómetros de este río.

El diputado Fidel Espinoza estimó que una eventual anulación de los decretos sería “una vergüenza para el gobierno de Sebastián Piñera”, además de “un hecho de extrema gravedad”, que demostraría que la nueva administración va a “proteger los intereses de los privados”.

Espinoza recalcó que “sería una desfachatez y una irresponsabilidad siquiera pretender realizar una anulación de este tipo”.

Actos como este muestran la confusión y falta de experiencia del actual director de la DGA, quien hace este tipo de declaraciones invalidando los pequeños avances logrados con la reforma al Código de Aguas del año 2005, y demostrando que el de Piñera es un gobierno que no resguarda los avances legales logrados por la sociedad chilena en el cuidado y puesta en valor del patrimonio ambiental del país.

Katerina Kliwadenko

Periodista UDP

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