¿Qué podemos esperar de la propiedad?


Chile es un país en el que acorde a una muy específica interpretación de las ideas liberales de la propiedad, históricamente se ha hecho de ella una de las armas más poderosas de las elites económicas dominantes. Esta concepción de la propiedad trató de ser modificada con las acciones de los gobiernos de Frei Montalva y Allende bajo la nada descabellada idea de que los bienes quedaran disponibles para satisfacer las necesidades de una población viviendo en la exclusión y la precariedad. Tras la dictadura, se volvió a fortalecer un concepto de propiedad excesivo que además de fortalecer la inequidad, pone en riesgo la integridad de nuestro territorio y su naturaleza.

La Independencia de Chile debe haber sido una de las peores noticias para los indígenas que habitan este pedazo del planeta al cual los colonizadores llamaron Chile. Tras la instalación de O’Higgins como Director Supremo se generaron disposiciones como la igualdad ante la ley, que anulaba la condición de inferioridad de los decretos de España, pero al mismo tiempo anulaba las garantías que se habían entregado a los indígenas con el fin de protegerlos de los abusos. Con la adquisición de poder total por parte de los criollos se abrió camino para el monumental e ilegal despojo de los territorios que los indígenas habían ocupado por siglos.

Si bien con anterioridad a la Declaración de la Independencia de 1810, los abusos de los colonizadores eran múltiples, las leyes de Indias consideraban disposiciones que condicionaban las concesiones de tierras a un trato adecuado a los indígenas. Además, las leyes de Indias dictaban el establecimiento de reservas de tierras para las comunidades indígenas y para las aldeas, sumado a garantías para el acceso a bienes comunes como el agua o los bosques. Esta situación claramente dio un giro con el establecimiento del Estado de Chile.

La Constitución chilena de 1833, según Jim Becket, fue una constitución escrita por terratenientes para terratenientes (1963). El artículo 10, inciso 5 declaraba:

La inviolabilidad de propiedad de toda índole, ya sea que pertenezca a individuos o a comunidades. Nadie será privado de su propiedad o de cualquier parte de ésta, por más pequeña que sea, o de ninguno de los derechos correspondientes, excepto por la virtud de una decisión judicial, o cuando el interés del Estado, declarado por ley, requiera el uso o condenación del mismo; pero en este caso la adecuada indemnización será determinada previamente, ya sea por un acuerdo con el propietario o por la valuación hecha por un jurado de hombres competentes.

Esta Constitución generó una suerte de todo o nada, puesto que no habría condiciones para el ejercicio de la propiedad, la que según el artículo 582 del Código Civil sería “[el] derecho real de una cosa física para disfrutarla y disponer de ella arbitrariamente, siempre y cuando no se viole con ello otro derecho o ley”. Lógicamente, con todo el país dividido entre las mismas familias que hacían las leyes, nunca se formuló ninguna ley en contra de que hicieran lo que quisieran. El liberalismo sirvió a la implantación de un modelo de oligarquía absolutista.

No será sino hasta la Constitución de 1925 que la idea de obligaciones para el ejercicio de la propiedad aparece. Esta constitución señalaba que:

Nadie será privado de su propiedad o cualquier parte de ella o de ningún derecho que pudiera tener a ella, salvo por juicio de una corte legal o por expropiación por motivos de utilidad pública decretada por la ley. En tal caso, el propietario será previamente indemnizado ya sea por medio de un acuerdo con él mismo o por juicio de una corte legal.

El ejercicio del derecho de propiedad está sujeto a las limitaciones o reglamentos requeridos para el mantenimiento y progreso del orden social y, además, la ley puede imponer obligaciones o servidumbres de utilidad pública en favor del interés general del Estado, el bienestar del pueblo y la salud pública.

De ese modo se reconocieron los potenciales males sociales de un uso indiscriminado de los derechos de propiedad, abriendo el camino a regulaciones como la Ley General de Urbanismo y Construcción de 1931, o el Código de Aguas de 1951, ambas con disposiciones que establecen condicionamientos a los propietarios.

En 1960 el llamado Terremoto de Valdivia obligó a buscar financiamiento internacional para la reconstrucción, por esa vía Estados Unidos, a través de la “Alianza Para el Progreso”, forzó a Alessandri a realizar una Reforma Agraria, puesto que esa fue una de las condiciones para aprobar los recursos de la reconstrucción. Las disposiciones de Alessandri ayudaron a generar una institucionalidad para la Reforma Agraria, sin embargo, la ley aprobada en 1962 fue muy imprecisa en los mecanismos a emplear, especialmente en términos de expropiaciones.

El gobierno de Frei Montalva es responsable por la reforma constitucional que abrió definitivamente el camino para modificar la estructura de propiedad y según las esperanzas de la época, la estructura social. La reforma constitucional de Frei señalaba que:

Cuando los intereses de la comunidad nacional lo requieran, la ley estará facultada para reservar al Estado el dominio exclusivo de los recursos naturales, los bienes productivos y otros que se puedan declarar de importancia primordial para la vida económica, social o cultural del país. También favorecerá la adecuada distribución de la propiedad y el establecimiento de la propiedad familiar.

Nadie será privado de su propiedad por virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés social declarado por el legislador. Quien sufra la expropiación tendrá derecho a una indemnización que en cantidad y condiciones de pago será determinada tomando en consideración tanto los intereses sociales como los del individuo. La ley determinará las normas para fijar la indemnización, la corte que tendrá jurisdicción de apelación de la cantidad fijada, que en todo caso basará su juicio de acuerdo con la ley, la forma de extinguir la obligación y las condiciones y medios por los cuales el expropiador tomará posesión física de la propiedad expropiada.

En cuanto a la expropiación de tierras, la indemnización será equivalente al avalúo corriente del impuesto territorial, más el valor de las mejoras no incluidas en el avalúo, y debe ser pagada, parte en dinero en efectivo y el resto en pagos que no excederán treinta años, todo en la forma y condiciones determinadas por la ley.

Esta Reforma Agraria fue el detonante del nacimiento del Partido Nacional, cuyo interés era reactivo a los intentos por extender la idea de la “función social de la propiedad”. Este partido fue uno de los principales actores de oposición al gobierno de Allende que radicalizó el proceso de expropiaciones. Allende se propuso acabar en corto tiempo con la precaria situación de más de 250.000 familias campesinas. Tales familias habían sido defraudadas por las promesas de campaña de Frei Montalva, quien prometió tierras para 100.000 familias, pero apenas logró cumplir con un poco más de 18.000 (Thiesenhusen, 1974). La resistencia a Allende escaló hasta tal punto que desencadenó el vergonzoso Golpe de Estado de 1973.

Tras el Golpe se instauró una dictadura que durante 17 años alteró a discreción la institucionalidad del país, bajo el argumento de una reforma técnica. Una de las más importantes modificaciones del período es la Constitución de 1980, la cual fue formulada por un reducido grupo de expertos a espaldas de la democracia, contrario a todo lo que el constitucionalismo democrático prescribe. Tal Constitución tuvo entre sus productos una nueva disposición respecto al derecho de propiedad, en el extenso artículo 19, número 24. Allí se señala que sólo a través de leyes es posible limitar el ejercicio de la propiedad y la expropiación. Además, se establece el carácter de las concesiones mineras y de los derechos de aguas, los cuales no son expropiables.

En combinación con el DFL 1.122 de 1981 (Código de Aguas) y la Ley 18.248 de 1983 (Código de Minería), las disposiciones de la Constitución de 1980 establecieron un régimen que convierte a la naturaleza en esclava de las disposiciones productivas de los titulares de derechos de propiedad, y excluye a los no propietarios de incidir a favor de usos que generen un beneficio social más amplio. Si bien se establece que la salud pública o el patrimonio ambiental podrían limitar el ejercicio de los derechos, no existen leyes en tal sentido. Tales iniciativas han sido ampliamente resistidas, siendo un ejemplo notable la reciente propuesta de reforma constitucional en torno a la propiedad de las aguas que el gobierno de Piñera retiró bajo argumentos infantiles.

Por tanto a través de disposiciones no democráticas, vigentes aún luego de 20 años de democracia, se permitió la privatización irregular de bienes públicos. La Constitución actúa como un candado para un orden que nos retrotrae a la arbitrariedad de los terratenientes del siglo XIX. El país fue reapropiado luego de la dictadura y los alcances de la propietarización profundizados. La justificación de estas normas autoritarias, antidemocráticas y vergonzosas en un país con una desigualdad como la nuestra, es el interés nacional. Pero en ese sentido no podemos olvidar que las leyes de Indias tenían como cláusula que los encomenderos podían oponerse a la aplicación de las leyes aludiendo al supremo interés del monarca, siendo ya entonces una de las más recurrentes estrategias identificar los intereses personales con los intereses de la monarquía. Hoy los supremos intereses de la nación no son sino los intereses de un par de empresarios y de quienes sacan sin ninguna vergüenza la porción del león.

Frases como la de Roberto Angelini hace una semana en torno a la posibilidad de la licitación de las cuotas de pesca: “Las porciones de pesca ya se distribuyeron y todos tienen su fracción, no hay nada que debatir”, parecen una continuación de la oscura comedia que desde 1973 viene interpretando un grupito de personajes que se escondieron detrás de las capas de las fuerzas militares. Señora, señor, Chile ya está repartido y todos (los que importan) tienen su fracción, no hay nada que debatir.

Etimológicamente la propiedad es la negación de la piedad, la negación del bien. Si el mal es ausencia de bien, la negación de la piedad es una contribución explícita a los males del mundo. Si al disponer de un bien privadamente se obtuviera como resultado la multiplicación del bien general, habría una justificación adecuada. Sin embargo, en un país con la pobreza y la degradación ambiental del nuestro, sólo vemos cómo son los males los que se multiplican. Y con un Presidente como el que tenemos ahora, que conoce por experiencia personal el lado bueno de la maldad generalizada, el futuro inmediato se ve muy limitadamente apropiado.

Leonardo Valenzuela

 

Bibliografía

Becket, J. (1963). Land Reform in Chile. Journal of Inter-American Studies , 5 (2), 177-211.

Thiesenhusen, W. C. (1974). Reforma agraria: Chile. En P. Dorner, La Reforma Agraria en América Latina: problemas y casos concretos (págs. 141-166). México: Ediciones Diana.

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