Verdeseo

¡El costo de la vida sube otra vez!


Así es, una y otra vez, en esta congestionada ciudad. Hace algunas semanas subió varias veces el valor del pasaje de nuestro sistema de transporte público, el polémico Transantiago. Hoy en día, movilizarse en la ciudad cuesta entre $480 y $580, dependiendo del horario y de la combinación bus-Metro que se utilice. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de alzas en el precio del Transantiago? Tratemos de desarmar, dentro de lo posible, la caja negra. Detrás subyace una profunda discusión sobre lo que entendemos por lo público, así como el derecho y posilidades de tener un buen vivir en conjunto.


Hagamos el ejercicio de calcular el porcentaje de un salario mínimo al que corresponde el ítem transporte en Chile hoy en día. Vendría a ser nada menos ni nada más que alrededor del 13% del salario. Y sólo considerando que con un pasaje de ida y de vuelta alcanza para llegar al lugar de trabajo, si tomamos en cuenta que los tiempos de duración para hacer transbordos son largos. Ni pensar eso sí que a esta persona se le ocurra tener algún tipo de actividad fuera de su ida y vuelta al trabajo, ya que sólo movilizarse a ella le implicaría un gasto extra de por lo menos $1.000.

Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de alzas en el precio del Transantiago? Tratemos de desarmar, dentro de lo posible, la caja negra. Lo que me interesa de todas estas alzas y precariedades es que el problema de fondo no es un problema de “financiamiento del transporte público en Chile”; es algo mucho más complicado, relativo a nuestro paradigma de desarrollo vigente y a lo que entendemos por “lo público”.

Los subsidios al Transantiago, de parte del Estado y los usuarios (asumidos en forma de alza de las tarifas), van a parar directo a las utilidades de los privados. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de algo así, si al final del día, el transporte es un servicio público? Bueno, la verdad no lo es tanto. El Estado, durante el gobierno de Lagos, lo que hizo fue concesionar el transporte público. Esto implica contratos con los privados en los cuales se les asegura un determinado nivel de utilidades. Estas utilidades no son iguales a cero, es decir, no implican que los costos igualan a los beneficios, alcanzándose a pagar sueldos y costos de operación. En estos contratos los privados exigen un cierto porcentaje de utilidades, un retorno por sobre la equiparación de gastos e ingresos.

Para poder hacernos una idea de cómo funciona nuestro sistema de concesiones voy a dar un ejemplo de una situación similar: el caso de la privatización de las sanitarias durante el gobierno de Frei. En esos contratos se garantizó a las empresas sanitarias, entre otros elementos, una rentabilidad de 10,3% de sus utilidades[i], con el fin de asegurar la inversión y permanencia de las empresas privadas en el sector de los servicios de agua potable.

Ahora bien, lo anterior no tiene nada de malo en sí mismo. Es perfectamente posible pensar en un sistema de administración del agua o del transporte “público” así. Por qué no, ¿cierto? El problema es otro, uno más bien político y que implica hacernos ciertas preguntas como sociedad. ¿Es así como queremos gestionar los bienes y servicios públicos? ¿Debiese el agua o el transporte ser considerados de esa manera, como algo público? Lo anterior es totalmente debatible y discutible. De hecho, la posición neoliberal más extrema y dogmática dice que no, que el agua y el transporte público pueden ser entregados a los privados y que ellos los gestionarán mejor. Un dato: Chile es uno de los pocos países que ha llevado las premisas de la preeminencia del mercado tan lejos, en Europa y otros países del mundo, si bien existen concesiones, el Estado mantiene, en la mayoría de los casos, la última palabra.

Pero vayamos al fondo del asunto: por qué, cuál sería el sentido de “lo público”. En el caso del Transantiago es una cuestión que finalmente se refiere a los derechos de las personas y sus posibilidades más allá del mercado. El transporte es una cuestión fundamental, sobre todo para quienes tienen menos recursos. Es casi inmoral a mi juicio que a costa de muchos, algunos saquen utilidades y grandes retornos con algo que es casi una necesidad básica para poder si quiera salir de la casa. Y vamos más allá, pensemos en la calidad de vida. ¿Cómo puede ser que alguien con un sueldo inferior a los $300.000 deba pensarlo dos veces antes de salir de su casa para compartir con amigos o ir a alguna actividad, ya que el pasaje le saldrá tan caro al final del día? ¿No es casi perverso? A mí me parece que sí, considerando que hay alternativas. La alternativa es que no se generen utilidades, que baste con que el sistema se mantenga y funcione. Y si fuera necesario apoyar más al sistema, bueno, el Estado lo tendrá que subsidiar, la sociedad en su conjunto pagará para que todos nos podamos movilizar, ya que es algo básico.

Las autoridades han hablado de problemas técnicos y de que en ninguna parte del mundo los pasajes en el sistema de transporte son tan baratos. Pero no es así. Por supuesto que si comparamos el valor de un pasaje unitario en Alemania con el de un pasaje unitario en Chile el de acá es mucho más barato. La trampa está en que aparte de los turistas y millonarios, nadie paga efectivamente eso en Alemania. Allá las personas pagan, por lo general, un monto mensual fijo para movilizase todo lo que quieran. Y si están dentro de ciertos grupos con menos recursos, el Estado subsidia ese pasaje. Un ejemplo concreto para ilustrar el punto: el costo del pasaje para un estudiante en Baden-Württemberg (Estado federal alemán) es de alrededor de 140 euros semestrales, esto es, 0,7 euros diarios. Al pagar este valor es posible movilizarse cuantas veces se quiera al día por cualquiera de las ciudades dentro del Estado y entre ellas. Así, además de ir a estudiar y cumplir con sus deberes diarios, este estudiante puede salir y conocer su región los fines de semana, visitar familiares o amigos, etc. Es más, si aplicamos paridad en el poder de compra, al final del día, el transporte en la ciudad de Santiago es carísimo, y sale casi igual de caro que andar en auto, que por lo mismo es la opción de muchas personas, de ahí también la congestión en las calles.

No me referiré aquí al tema del agua, porque da para escribir un libro. Pero es igual de crítico, ya que el agua es un bien básico para asegurar la sobrevivencia tanto de personas como de comunidades, y en Chile fue entregada totalmente gratis a unos pocos, que hoy en día la transan por sumas millonarias en un mercado de las aguas, mientras, literalmente, pueblos enteros desaparecen y ríos se secan en el Norte del país; o en el Sur, donde cuencas enteras agonizan con toda su biodiversidad y actividades productivas de menor escala.

La discusión de fondo consiste en establecer el dominio de lo público, qué es o qué vendría a ser; qué será lo que nos compete a todos y qué no. A mi juicio, acabar con lo público en su sentido más genuinio nos lleva a la ley de la selva y de la pura competencia, donde la pregunta por el vivir juntos pierde sentido y con ella la idea de algo “en común”, de y para todos.

 

Colombina Schaeffer

Socióloga UC


[i] Libro “Conflictos por el Agua en Chile: Entre los Derechos Humanos y las Reglas del Mercado”, edición del Programa Chile Sustentable, 2010.

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