Gobernar la Tecnología, Gobernar la Ética: Algunas Reflexiones Subterráneas


Desde que el día de ayer domingo 22 de Agosto, se comunica la sobrevivencia de los mineros que ya llevaban 17 días atrapados en la Mina San José, una cauta felicidad ha inspirado una serie de análisis. Muchos afirmando puntos sumamente relevantes y atingentes, pero tantos otros poniendo el acento en una emocionalidad y un simbolismo que resulta incómodo y sospechoso. Tanta insistencia en la “unidad”, el “todos juntos celebrando el Bicentenario”, reflejan una operación anti-política sobre la cual merece la pena reflexionar. Junto a lo anterior resulta de suma vigencia darle una vuelta a ese trasfondo del cual esta catástrofe no es más que la superficie: el gobierno y la ética de las tecnologías y los riesgos.

Han sido dos semanas y media durísimas para mucha gente, particularmente para quienes yacen sepultados a setecientos metros bajo suelo y sus familias. A tantos otros la empatía nos embarga en un sufrimiento colectivo, cuyo origen resulta difícil de explicar. No es raro escuchar reiteradamente que es producido por el ser todos chilenos, una especie de solidaridad basada en que a todos nos podría pasar, aun cuando resulte bastante claro que estas cosas sólo le pasan a un grupo de chilenas y chilenos. El cliché cínico luego del terremoto era que la catástrofe había afectado a todos por igual, aun cuando al pasar los meses quienes siguen sufriendo son los mismos de siempre; hoy nos indignamos por la representación cruel, encarnada en los 33 sepultados vivos, de una tragedia permanente.

¿Qué pasaría si empezamos a tirar la hilacha que queda totalmente al descubierto en estas circunstancias, desnudando la estructuración de las desigualdades, el cruce fluido de caminos donde la política y la economía danzan al ritmo de sus dispositivos tecnológicos?

Se ha señalado reiteradamente que estas cosas no deben ser politizadas y que por el contrario deben servir al consenso, a la elaboración de un espíritu común que anule las diferencias. Se recurre al espíritu de consenso para apabullar las diferencias, las demandas y las observaciones de quienes de pronto empiezan a tener voz, frente al disciplinado silencio de quienes tienen el permanente derecho a hablar y ser escuchados. Las quejas de mineros, familiares, expertos de botas y casco son liberadas por los micrófonos, pero al igual que pasa con los locos, la actitud es limitarse a una escucha compasiva, a pretender que es todo parte de un delirio doloroso.

Quienes tienen “derecho” a hablar salen a decir que esta es una especie de celebración del Bicentenario, del espíritu de un país luchador, etc., etc. Francamente eso me suena a un guión asustadizo y repetido hasta el cansancio, un intento por poner en línea millones de intereses y evitar el desbande, el equivalente de la prédica sacerdotal en un mundo que sigue fascinado por los ecumenismos. Pero resulta que el país que celebramos, es el país donde más que los eventos de heroísmo sorprendente, abundan las pautas de abuso permanente.

Se busca despolitizar los eventos de la mina San José, puesto que si se politizaran y los cuestionamientos se encadenaran, tendríamos un juicio que probablemente escalaría a los fundamentos mismos de nuestra organización. Y es que el funcionamiento del entramado entre normas, mediciones, inspectores, autoridades, influencias y dinero, no hace sino hacer evidente que en el cuadro de la vergonzosa e injusta distribución del dinero y el poder en Chile, es necesario además insertar la del conocimiento. No porque exista una norma, un inspector o un encargado de velar por un funcionamiento adecuado de ciertas condiciones, nos aseguramos que tales condiciones funcionen de modo óptimo. Un funcionario puede ser comprado, una norma ignorada o superada por otra y un trabajador asustado por la evidencia de que el nivel de integración de su contraparte en el mercado de las influencias, la política, el derecho y el dinero aseguran su derrota permanente.

Donde se ha generado algún grado de politización es justamente respecto a las normativas y su cumplimiento, la elaboración de medidas y el fundamento técnico de las mismas. En las últimas semanas prácticamente todo el mundo ha estado hablando de pilares, inspección del trabajo, rocas, derechos laborales, sondas, Sernageomin, pozos, Dirección del Trabajo y una serie de procedimientos que antes eran invisibles a los ojos de la mayoría. Es allí donde se ha centrado la discusión en torno a los cambios y dónde se evidencia la fragilidad de los sistemas actualmente empleados para hacer funcionar la actividad minera.

Frente a los sistemas técnicos claramente contamos con la opción de protegerlos hasta el final y cargar con las consecuencias de su fracaso, tal como está ocurriendo con ciertos esquemas de la explotación minera que son dictados por el Estado. Por otro lado tenemos la opción de abrir las normas y permitir su discusión, ampliar el espacio para puntos de vista diversos que permitan diseñar medidas que tomen en consideración las demandas de amplios sectores, que podrían tener intereses a veces tan válidos como la propia vida en juego. Esta última condición es  resistida permanentemente por nuestros políticos, quienes siempre quieren tener la cacerola por el mango y evitar una democratización que les quitaría muchos de los fundamentos de su poder.

Actualmente el diseño y la puesta en marcha de diversos sistemas productivos asumen una serie de riesgos como parte de sus actividades, muchos de estos riesgos recaen precisamente sobre los actores más débiles del modelo, quienes muchas veces ni siquiera se enteran de tales riesgos. Un diseño de normas participativo, junto a un empoderamiento activo de los actores de la economía nacional debería facilitar el conocimiento de los riesgos y la toma de decisiones informada. Probablemente se incrementaría una serie de costos administrativos, pero muy probablemente se reduciría enormemente la producción de tragedias vergonzosas como la que actualmente se desarrolla en la mina San José.

Espero que los 33 mineros de San José puedan ser rescatados con vida de su encierro terrible y junto a ello se enciendan todas las alarmas pertinentes. Gobernar no puede simplemente orientarse a un incremento sostenido y acelerado de la productividad, gobernar es también cuestión de administrar intereses, mejorar la calidad de las vidas y garantizar vidas de calidad para quienes son gobernadas y gobernados. Queda claro que las encrucijadas chantajistas donde se pretende decidir entre seguridad, calidad del medio ambiente o calidad de vida versus crecimiento, tarde o temprano terminan dando frutos funestos. El gobierno de nuestras tecnologías jurídicas, políticas o materiales debería tener un giro de fundamental trascendencia hacia el mejoramiento de la calidad de todas las vidas, hacia una disposición de fuerzas que deje de cargar sobre los hombros de los más pobres, impotentes y con menos educación, el peso de todos los riesgos que hemos generado como parte de la vida social contemporánea.

Leonardo Valenzuela, Sociólogo

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