En defensa de la (calidad) de vida


Mucho se ha hablado en estos días de la defensa de la vida, principalmente en relación a la discusión sobre el “aborto terapéutico”. Poco, sin embargo, se ha dicho respecto a la calidad de vida que nos otorgamos.

En estas fechas es normal hallar en los noticieros y medios pronunciamientos referidos a la importancia del reencuentro familiar y la familia en general, bajo la tónica del espíritu navideño y todas esas cuestiones de las que se disfrazan las “12 cuotas sin interés”. Mientras tanto, y en defensa de aquellos valores supuestamente trascendentales que ponen a la familia como “núcleo social”, gran parte de la clase política ha cuestionado la propuesta que la senadora Matthei, de la UDI, y el senador Rossi, del PS, se atrevieron a presentar respecto al “aborto terapéutico”.

De forma particular el grueso de los grupos conservadores en Chile promueven la “defensa de la vida” como un rezo incuestionable, esgrimiendo razones de toda índole, muchas de ellas más allá (o más acá) de los dogma religiosos, predominantemente católicos (¿cuál ha sido la opinión de la comunidad judía o islámica sobre el particular?, ¿han tenido lugar en la discusión los no creyentes?).

Del mismo modo, la defensa de la familia aparece como un referente obligado de la  argumentación, que se estructura principalmente sobre el “caballito de batalla” del conservadurismo: la tesis de la pendiente resbaladiza. Esto es, que si hoy se legisla sobre el aborto mañana se hará sobre la eutanasia o sobre cualquier materia que “corroa las bases morales de nuestra sociedad”. La misma estrategia se elaboró respecto a la ley de divorcio, que nos iba a llevar como sociedad–se supone– casi directamente al descalabro moral de una Sodoma y Gomorra pero con celulares, TV por cable e Internet. Nada de eso, como es de esperarse, ocurrió.

Considero que ya no podemos seguir afrontando la denominada “agenda valórica” de la forma en que se ha hecho hasta ahora. Los valores, de cualquier orden, no son sino declaraciones de buenas (o malas) intenciones si es que no tienen un correlato práctico claro y definido. Nuestros políticos se desviven por figurar en pantalla afirmando su posición moral, pero a la hora de enfrentar con “políticas” (esto es, proyectos de ley para el caso del Senado y la Cámara) el silencio es abrumador. Hace unos días leí la tan emocionante como lúcida columna de una madre que debe enfrentar día a día, no como sermón de Iglesia sino de verdad, el vivir con un hijo con una seria enfermedad (la pueden leer aquí). Ella podría haberse adscrito a una política de “aborto terapéutico” si hubiese existido, pero, en vez de ello, está afrontando no sólo el peso emocional y familiar de la enfermedad de su hijo sino que, además, la forma en que nuestro brillante sistema de salud pública le cierra las puertas.

La defensa de la vida, y su “dignidad” asociada, no debe ser una declaración de intencionalidad: Debe ser una práctica que como sociedad nos comprometamos a abordar para todos y cada uno, y creo debemos hacernos cargo de ello de forma responsable y solidaria (de manera tal que si hay que pagar impuestos para ayudar al más desventajado no salgamos con el argumento del “libre mercado” y la “capitalización individual”). Tampoco debiera ser una práctica caritativa con la que pretenden algunos ganarse un lecho celestial. Nada de esto tiene consecuencias metafísicas de orden alguno. La vida y cómo ésta se ejerce nos la jugamos aquí y hemos de hacernos responsables de ello. Lo anterior es independiente de las concepciones religiosas de cada uno que, aun cuando me parezcan erradas, son igualmente lícitas en el ámbito privado, mas de muy bajo rendimiento en una sociedad que, les gusto o no a muchos, ha pasado por un largo proceso de secularización.

Para el caso particular del “aborto terapéutico”, considero que existen principalmente dos opciones que, desde mi punto de vista, pueden ser complementarias. Primero, el Estado no ha de tener derecho a interferir en la intimidad de las personas –y qué más íntimo que decidir, amparado o no en la religión o en las diversas creencias personales, qué hacer con un embarazo inviable– y, segundo, como sociedad hemos de ocuparnos de promover la calidad de vida de todos quienes forman parte de este “acuerdo” tácito del que formamos parte.

¿Cómo vincular ambos principios? No es muy difícil. En el caso de que una madre sola o junto a su pareja decida abortar, el Estado no debiera penalizar aquella decisión; en caso que decida seguir adelante con la vida de aquel ser vivo hemos de encargarnos como sociedad de ello, promoviendo el acceso al mayor número de garantías asociadas al máximo desarrollo de aquella vida. Esto debiéramos hacerlo todos, bajo un principio común y recíproco de solidaridad. Nadie está libre de vivir la cruenta experiencia de un embarazo inviable y nadie, creo, ha de poder situarse sobre la decisión de los progenitores de aquel ser.

La cuestión, finalmente, deja de recaer sobre el valor intrínseco de la vida, sino de cómo, en conjunto, nos hacemos cargo de que esa vida merezca ser vivida.

Patricio Velasco F.

Sociólogo.

 

  1. Catalina Catalan

    Cinicos de mierda, ponen el grito en el cielo por la muerte de unos cisnes pero son implacables para apoyar, no trepidando en hacer uso de una aberracion biologica como argumento (cuerpo de una mujer con un ADN diferente?), la matanza indiscriminada de seres humanos inocentes en estado embriobnario?
    Son una mierda plaga de asesinos de doble standard, usan la ecologia , no creen en ella.

    • Leonardo Valenzuela

      Estimada Catalina,

      Te invitamos a que argumentes tu postura con más calma y menos violencia. También que expliques en qué sentido seríamos asesinos, cuál es nuestro dobles estándar, y de qué modo “usamos” la ecología en lugar de “creer” en ella.

      Saludos cordiales

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