¿Dónde está el foco de la focalización?


En Chile, las necesidades básicas como educación o salud en sus aspectos elementales, siguen siendo los elementos principales en la discusión política. Con una aversión hacia los modelos solidarios y una fascinación por el Estado pequeño, con poca iniciativa y recursos, se ha dado forma a un esquema de políticas públicas tacañas y de impacto reducido. La focalización como técnica disciplinaria, ha servido como el soporte perfecto para la constitución de mercados que lucran con necesidades de sobrevivencia, convirtiendo la impotencia del Estado en la dicha de los inversionistas. La solución con mejores efectos distributivos es la política universal, pero la focalización sigue teniendo muy buena salud, demostrando que su foco, en la variante chilena, más que en la superación de la pobreza, se encuentra en domar a unos y chantajear a otros.

La focalización es una de las variantes, a estas alturas old school, de las verdades técnicas en el mundo de los expertos en políticas públicas. En variadas disciplinas la fascinación por la focalización se cuela entre los principios básicos del evangelio del ejercicio profesional. Hace algunas semanas, cuando se desata el conflicto por el gas en Punta Arenas, la primera reacción frente a las protestas de los magallánicos fue establecer un paquete de mitigaciones “técnicas”, basadas en subsidios focalizados. Múltiples periodistas y analistas hicieron eco de estas medidas como si se trataran de las tablas de la ley; Kast, cual Moisés, apareció revelando la solución y convirtiendo todo el asunto en un problema de pobres (afortunadamente en Magallanes no hizo eco alguno).

Ese dedicado esfuerzo que convierte técnicamente todos los problemas públicos en problemas de pobres tiene en Chile un referente muy próximo en la labor de la ODEPLAN de la dictadura, esa Meca de los Chicago Boys, donde el padre del Kast actual recortaba subsidios y programas que beneficiaban a los pobres, por el bien de los pobres. Las políticas de ajuste que disminuyeron fuertemente el gasto fiscal fueron seguidas por los cálculos minuciosos que permitirían saber “a ciencia cierta” quién necesitaba qué. Esa dictadura sabelotodo ponía el foco sobre los pobres, mientras la parte desenfocada quedaba libre de la acción del Estado para que se construyera un mercado. De ese modo se fueron gestando una serie de mercados asimétricos, amablemente acompañados por la arquitectura del diseño institucional que dio forma a la Constitución y las leyes-decretos de la época.

Los señores neoliberales, junto a los señores conservadores, instauraron el principio del Estado subsidiario. Este principio, basado en la concepción de la libertad como no interferencia, señala que el Estado sólo podrá intervenir allí donde los privados no sean capaces de dar solución a un problema. En la práctica, esto ha significado que el Estado sólo debería intervenir en los asuntos donde la rentabilidad de establecer un mercado sea muy baja o inexistente. Adicionalmente, el Estado en Chile sólo puede generar recursos a través de impuestos y empresas ya existentes, nuevas iniciativas deben ser aprobadas mediante ley.

En Chile hay salud y educación de pobres, servicios de mala calidad y sumamente hostiles. El Estado subsidiario ejerce de ese modo el rol que la restauración conservadora de los neoliberales le permitió a través del ejercicio de la violencia. Ya no pensamos en servicios que contribuyan al bien común, sino que simplemente se trabaja al filo de la navaja, pretendiendo concretar los mínimos que permitan mantener un orden. Por eso no sorprende que apenas Piñera arribó al Estado, inmediatamente empezó el juego de los límites, buscando correr la cerca.

La eliminación de subsidios y las alzas de servicios básicos como el transporte o el gas en Punta Arenas, son la marca distintiva de la gestión Piñera. Cuando tales medidas encuentran resistencia, el mejor argumento que son capaces de murmullar desde el gobierno es que hacen las cosas por el bien de las mismas personas que son afectadas (“hijo, esto me duele más a mí que a ti”, “Señor perdónalos, no saben lo que hacen”) y que las medidas son responsabilidad de una mesa técnica. ¿La ciudadanía? La ciudadanía tiene el derecho a reclamar, pero ningún derecho a participar.

El principal argumento para focalizar es la limitación de recursos. Sin embargo, en Chile tales recursos no son tan escasos y aún hay un enorme trecho por avanzar en materia de impuestos. El impacto sobre la distribución de los ingresos tiene efectos mucho más equitativos a través de las políticas universales que por medio de la focalización. La discriminación de la focalización sólo crea estigmas e incentivos perversos persistentes. Estos incentivos perversos derivan de que para focalizar se debe asegurar en primer lugar que todos los que necesitan un servicio lo reciban, mientras que en segundo lugar se debe asegurar que nadie que no lo necesite lo reciba. Esta lógica autoritaria de definición de las necesidades, tiene consecuencias burlescas en casos donde cambios menores en el ingreso de las personas pueden desembocar en un deterioro de la situación económica general de la familia.

Es increíble que uno de los más altos costos de focalizar sea el pago a los expertos, puesto que para focalizar es necesario realizar una serie de estudios y mantener actualizadas una serie de bases de datos. La tecnología de la focalización está claramente basada en una lógica del control, una lógica que además se presta para importantes abusos clientelistas. Nótese que son justamente los beneficios focalizados algunos de los más importantes medios de extorsión durante las elecciones.

Prefiero pensar que es posible dar paso a un modelo más libre y menos constreñido, un modelo que facilite la emancipación económica así como la emancipación política. Tal modelo, para mi gusto, se encuentra en la lógica de las políticas universales. Una distribución universal no cuestiona quién necesita qué, ni pone en condición de delincuentes a los usuarios de un servicio. Salud y educación de calidad con un foco universal, no son parte de un sueño inocentón, más bien forman parte de una importante amenaza a quienes buscan controlar lo público evitando tangencialmente la democracia. No tiene nada de novedoso lo que planteo, simplemente busco apuntar a que no hay una imposibilidad práctica, sino más bien una intencionalidad explícita en evitar el surgimiento y fortalecimiento de los servicios públicos universales de calidad y mantener el foco en “los pobres”.

En un mundo donde la eficacia en el uso de los recursos es relevante, prefiero que esos recursos puedan ser expuestos al juicio público en lugar de inyectarlos en cajas negras que hacen usos estrechos de bienes públicos, como en el caso de la educación. Prefiero sacarles las condecoraciones a los expertos y obligarlos a bajar a los terrenos de la democracia, la ciudadanía se fortalece por esos medios. Espero que nos enfoquemos en que salud, educación o alimentación dejen de ser materias de explotación económica. Que se conviertan en materias superadas para que cada chilena y chileno pueda hacer de su vida lo que le plazca y no sean consumidos por la fatalidad de un destino impuesto por los expertos.

Leonardo Valenzuela

Sociólogo UC

  1. Ignacia Arteaga

    Estoy de acuerdo contigo. Al respecto, dos complementos:

    La tesis doctoral de un profesor del ISUC demuestra estadísticamente que las transferencias condicionadas implementadas por el Estado en materia de política social aumentan tanto la pobreza transitoria como aquélla crónica según datos entre 2001 y 2006. Esto a pesar que el tamaño de las transferencias sea exiguo, ocasiona lo que tú nombras: incentivos perversos.

    La CEPAL y otros pensadores-esclavos está de acuerdo contigo en que las transferencias universales -al menos de los programas de pensiones-, como los que se entregan en Alaska o Canadá son inclusive más eficientes que los subsidios focalizados en los casos que tienes una alta proporción de la población alrededor de la línea de la pobreza que además trabaja en empleos informales. Lo mejor de todo es que si bien requiere mejorar el sistema impositivo de modo que realmente sea progresivo y efectivo, cuesta anualmente 2% de los ingresos del país; igual bien.

  2. Pingback: ¿Hacia un Green New Deal Global? « VerDeseo

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