¿Hacia un Green New Deal Global?


“Hacia un Green New Deal Global” se titula la propuesta estratégica para enfrentar el Cambio Climático que la fundación Heinrich Böll Cono Sur, junto con el Instituto de Ecología Política, presentó en el Café Literario Balmaceda el pasado jueves 20 de enero. Una vez que leí el ensayo caí en la cuenta de estar viviendo en el lugar equivocado: nuestras instituciones, mercados y formas de pensar “lo bueno” exigen saltar un abismo sin precedentes.

El argumento que guía la propuesta es simple, y se podría presentar bajo tres ideas. En primer lugar, la simultaneidad de la crisis económica y la crisis ambiental es una oportunidad real para ecologizar la economía; es decir, incluir el factor “Naturaleza” en los cálculos e inversiones con la idea de hacer de la economía una baja en carbono, basada en la entrega de servicios y no en la producción de bienes. Además, con las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs), se posibilita la desmaterialización de muchas actividades económicas, en tanto se desarrollan infraestructuras digitales de alta calidad, de modo que los consumidores obtienen lo que requieren con menores consecuencias ambientales (menos papeles, menos viajes, menos desechos; en definitiva, menos emisiones de carbono).

Ahora bien, esto implica reorientar los planes de rescate de las economías en tiempos de crisis hacia unos más amigables con el medio ambiente, además de poder replantearse la estrategia de desarrollo de los países.

En segundo lugar, esta situación obliga a fortalecer el rol del Estado como principal impulsor de la estructuración económica en dos ejes. Por un lado, con el establecimiento de un marco regulatorio fiscal que grave más la explotación de recursos naturales, para que no lleguen inversionistas extranjeros a extraer recursos naturales mientras que secan o contaminan  el agua de los ríos y dañan la diversidad ecológica de los ecosistemas naturales de Chile, sin asumir ningún costo económico de las consecuencias de sus procesos productivos. Pero a la vez, este marco regulatorio debe gravar menos el trabajo, con el objeto de agilizar algunos emprendimientos productivos en servicios, y no desalentar la obtención de mayores remuneraciones para los trabajadores más calificados.

Por otro lado, el Estado interviene con la planificación e implementación de políticas sectoriales verdes, principalmente en cuatro sectores clave, para contribuir con la reducción de las emisiones de carbono. (1) Energía: a través de la instalación de redes eléctricas inteligentes abastecidas por fuentes de Energía Renovables No Convencionales (ERNC) y programas robustos de eficiencia energética en todos los sectores productivos de la economía; (2) Transporte: mediante la promoción de vehículos eléctricos y ferrocarriles en vez de transporte motorizado individual, en conjunto con una planificación territorial de las comunidades más compactas de modo de facilitar el uso de tipos de movilización alternativa (bicicletas, caminatas); (3) Construcción: facilitando la utilización de tecnologías y materiales verdes que contribuyan a la eficiencia energética; y (4) Materias primas: potenciando la producción secundaria de materias como el acero, cemento, papel y aluminio mediante el incentivo al reciclaje industrial.

Una de las ventajas asociadas a la ejecución de estos esfuerzos es el aumento de empleos verdes  y dignos, pues la inversión requerida es intensiva en mano de obra de varios sectores y cualificaciones.

Como tercera idea central de la propuesta, los autores sostienen el Cambio Climático es un desafío que afecta a todos y todas en el planeta, por lo cual las soluciones no pueden ser exclusivamente locales (lea aquí la columna de Colombina Schaeffer sobre este mismo tema frente al escenario de la COP 16). Así, se plantea la exigencia de fortalecer democráticamente la dinámica intergubernamental tanto regional como mundial. Todo esto,  con el objeto de potenciar las inversiones, agilizar la transferencia de experiencias exitosas y las competencias requeridas. Además, se requiere crear un pacto con la sociedad civil en general, de modo de avanzar todos juntos hacia la meta de reducir la emisión de gases con efecto invernadero (GEI), lo que implica estrechar las alianzas entre las empresas, el Estado y la ciudadanía, de modo de asegurar la viabilidad política y económica de estas directrices.

En este sentido, la propuesta de fondo de este proyecto para sociedades como la chilena, es hacer un leapfrogging¸ es decir, saltarse el paso de la industrialización hacia una tercerización verde de la economía. El fordismo y sus sucedáneos como el taylorismo, fueron los sistemas de administración de la producción de bienes imperantes durante el siglo veinte en el primer mundo, en los cuales se controlaban las tecnologías de producción y el régimen de trabajo de modo de garantizar el abastecimiento de mercancías producidas en serie, a bajo costo y con una masiva explotación de recursos naturales y otros materiales. Sin embargo, estos productos en serie terminaban siendo desechables, lo que sumado a la contaminación de las fábricas, ocasionaba un deterioro sin precedentes del Medio Ambiente. Luego, con la innovación tecnológica, la globalización económica y la especialización de las funciones de cada trabajador; históricamente los países desarrollados dieron paso a una “economía del conocimiento”, en donde lo relevante ya no era la producción masiva para el abastecimiento de sus clientes, sino la entrega de servicios de calidad.

Por lo tanto, se busca que los países en vías de desarrollo esquiven los costos de implementar y ver decaer los modos de producción imperantes en Europa hace algún tiempo atrás. Esto, mediante inversiones potentes en la creación y transferencia de tecnologías verdes, en eficiencia energética y en la ya mencionada tercerización de la economía (es decir, para desplazar este ámbito hacia una economía de servicios).

Pero aquí están justamente las limitantes en la aplicación del Green New Deal; su plausibilidad en Chile se ve desafiada por el marco normativo que rige la convivencia y bienestar de los chilenos, y más aún (porque lo primero podría cambiar si se acuerda hacerlo) por la estructuración del sistema político nacional y los actores que son parte de él.

Por esto, me pregunto cuál es el medio más eficaz para exigirle al Estado chileno que cambie su sistema impositivo e invierta más en incentivos verdes, si es que históricamente ha sido un Estado subsidiario de mercados desregulados, un Estado que le ha cedido todo el terreno de la gestión de los recursos naturales -como el agua y la energía- a unas pocas empresas extranjeras y grandes capitales chilenos. En el mismo sentido, me gustaría conocer primero alguna fórmula que sea efectiva para proteger el medio ambiente a través de regulaciones fiscales que gravan bienes y servicios de primera necesidad como lo es la energía, en un país donde los que más debieran pagar no lo hacen y los que menos tienen están obligados a hacerlo (lea aquí la columna de Leonardo Valenzuela para saber por qué la respuesta no es la focalización de los subsidios).

Además, no puedo evitar mencionar la mínima viabilidad política que existe para lograr un consenso político de tamaña envergadura. Sobre todo cuando el Presidente es el rey en nuestro régimen de gobierno desde 1925, y la Dictadura nos impuso una Constitución que exige altos quórum para lograr reformas de fondo y no sólo de forma, y además impide que nuevas voces -más especializadas en el tema- se pronuncien en la discusión política por estructurarse como Sistema electoral binominal.

También me pregunto cómo persuadir a una sociedad civil que cada día envejece más y concibe como principal valor la producción y el consumo disfrazados de crecimiento y no así la conservación de los ecosistemas. Por último, me cabe la duda de si las condiciones de posibilidad existentes en Chile en materias de capital humano especializado son suficientes para acometer el desafío que se nos propone, a lo que se suma la escasez de recursos en materias de Investigación y Desarrollo, de modo de encontrarles soluciones creativas y eficientes a problemas inminentes.

Pero a pesar de estas interrogantes, que dan cuenta de lo atrasado/as que estamos en muchas materias, ¿por qué realizar un esfuerzo tan potente en cambiar el rumbo de las políticas chilenas y el rol de las precarias instituciones estatales? Simplemente porque si no se hace, nos extinguiremos al igual que lo siguen haciendo otras especies animales por nuestra negligencia. En palabras del  documento que estoy discutiendo: “Si no se toman medidas radicales, surgirán amenazas masivas e irreversibles en los ecosistemas de la Tierra, un aumento del nivel de los océanos, graves catástrofes naturales y, probablemente, efectos devastadores en la producción de alimentos, los bienes económicos e, incluso, la inhabitabilidad en determinadas regiones” (pág.9). En este último aspecto, léase por ejemplo: el norte desértico de Chile en el momento que ya no tenga agua potable disponible para sus comunidades a causa de la explotación del recurso ocasionado por la minería y otras labores productivas.

Por esto, si acordamos como país que nuestros ecosistemas son la base del bienestar de hombres y mujeres, no invertir en ellos es promover un suicidio colectivo.

María Ignacia Arteaga

Sociología UC

Referencias:

French, H., M. Renner y Gardner, G. (2010) “Hacia un Green New Deal” global: Enfrentando las crisis climáticas y económicas. Chile: Fundación Heinrich Böll Cono Sur.

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