En los límites de la legalidad


Esta semana se cumple el primer año del gobierno de Sebastián Piñera bajo el signo de la Alianza por Chile. Más allá de las evaluaciones que han aparecido en diversos medios de prensa, creo necesario volver sobre una de las cuestiones que más me han llamado la atención en los últimos doce meses. Me refiero a la ya constante retórica del Gobierno en relación a moverse en los márgenes de la legalidad, sin que parezca problemático si aquello se riñe o no con los pareceres ciudadanos o, en último término, con el mero sentido común.

Los ejemplos de lo anterior han sido tantos que es difícil elegir los más representativos. Valga entonces reseñar sólo dos. Todos recordamos lo sucedido en relación al fideicomiso ciego –o tuerto, como más de alguien ha señalado– y el patrimonio de quienes arribaron a La Moneda, partiendo por el propio Presidente. Se nos dijo que la Concertación se había demorado en gestionar el proyecto de ley –cuestión cierta–,  pero que, sin embargo, el actual Presidente enajenaría sus capitales en empresas con tanta prevalencia pública como lo son un canal de televisión y un equipo de fútbol. Se nos dijo que eso ocurriría antes de asumir la Presidencia. Y, como sabemos, se nos mintió. Se nos mintió tanto como lo hizo la ratificada intendenta de la Octava Región al “inventar una historia” en pos del logro de subsidios de la Reconstrucción (nadie sabe a estas alturas si merecidos o no). Y a pesar de la grave falta, se esgrimió que no había ilegalidad, sino sólo “desafortunadas declaraciones”. Eufemismos que parecen resonar en las recientes calificaciones de proyectos energéticos como “molestos” en vez de “contaminantes”.

¿Importa que no exista ilegalidad para juzgar un acto? En lo absoluto. La ley debiera ser, al contrario de lo que se ha sostenido, no el límite máximo hasta donde se puede “estirar” el accionar de nuestros representantes, sino el piso mínimo a partir del cual se ejerce la función gubernamental. No se puede exigir menos que lo legal. Sí se puede esperar más, mucho más. Se puede esperar corrección ética, consistencia en los actos y, en último término, sentido común.

Pero existe, además, un problema aún mayor del refugio en la legalidad. Y no tiene que ver, siquiera, con lo actualizado o desactualizado que pueda ser nuestro cuerpo legal. Me refiero a que en Chile la iniciativa de ley, la sanción de la misma y las instituciones vinculadas a la conformación de nuestro marco regulatorio se encuentran excesivamente alejadas de la ciudadanía. No sólo el poder legislativo es de los menos valorados por la ciudadanía (baste revisar aquí alguna de las encuestas del CEP), sino que también no existe iniciativa legal ciudadana y, para peor, tanto la Concertación como la Alianza han transado todos estos años acuerdos que, tanto como han asegurado gobernabilidad, han negado la posibilidad real de plantear una nueva Constitución de la República. Carta fundamental que por más que ahora lleve la firma de Ricardo Lagos –probablemente en otro de sus ardides para pasar a la historia– sigue moviéndose en los marcos del “referendo” al que fue sujeta a “aprobación” en 1980.

El problema es entonces que nuestros gobernantes escudan y justifican su actuar en la ley. Pero esa ley se halla alejada a las ocupaciones de los gobernados. Y nuestra clase política no ha tenido, ni tendrá interés, en movilizarse hacia políticas democratizadores que vayan más allá de la representación; sólo una que otra votación de cuando en vez que, por demás, se encuentra comprendida bajo los marcos de un sistema binominal que poco puede movilizar el panorama político.

Hace uno días, en el marco de los resultados de la última encuesta Adimark, se mostraban los datos referidos a un creciente aumento de la identificación ciudadana con la oposición al Gobierno que, sin embargo, no encontraba un correlato hacia la cada vez menos viva Concertación. Esto significa que cada vez existimos más ciudadanos en desacuerdo con el actuar gubernamental pero que, para variar, no encontramos espacios de representación en los canales políticos establecidos. Existe cada vez más gente no sólo descontenta sino que además crecientemente movilizada en pos del levantamiento de nuevas consignas. Hoy ecologistas, mañana étnicas y pasado mañana de género.

A todos y cada uno de estos ciudadanos descontentos el argumento que se sostiene en la mera legalidad no les parece suficiente. Siquiera necesario. La justificación bajo el amparo de la ley se agota y, si el escenario llegase a radicalizarse (por difícil que sea imaginar ello), podríamos afrontar quiebres serios de legitimidad del Gobierno.

¿Qué es posible visualizar como respuesta a esta problemática? Primero que todo, aumento en la democratización de las decisiones públicas. Es necesario que seamos conscientes día a día de que vivimos juntos y, para ello, nada mejor que hacerse parte de las decisiones que conciernen al colectivo del que somos parte. ¿Comporta esto una amenaza a la clase política? Sí, por cierto. Pero esperemos que no hagamos cierto el dicho de que “los pueblos tienen el gobierno que merecen”.

 

Patricio Velasco F.

Sociólogo

  1. Salva

    Bueno, como punto de comparacion tenemos los gobiernos de la Concertacion, quienes traspasaron amplia y repetidamente los limites de la legalidad, llegando al grado de desviar fondos destinados a cesantes a financiar campañas parlamentarias de candidatos socialistas (como MEO en 2005), un caso entre miles.

    • Patricio Velasco

      Salva, bajo ningún punto creo que aquello sobre lo que escribí se sustraiga únicamente a lo que ha hecho el gobierno de Piñera, de hecho, considero que en la Concertación ocurrió un caso paradigmático -que incluso fue probado y llevado ante la justicia a diferencia de los que señalas- como fue el de los sobresueldos. Cuestión que, por cierto, me pareció igual de indebida sobre todo considerando que efectivamente se traspasaron los límites de la legalidad. Ahora bien, mi punto central va justamente en la capacidad ciudadana para determinar aquellos límites, los de la ley. Capacidades que por ahora se hayan más que limitadas.

  2. Germán Tapia

    Pese a que comparto la idea de fondo, no estoy de acuerdo con la propiedad que se habla en ciertos parajes. Veamos: Dejando de lado todos los intereses puewstos en este tipo de mediciones… Esta encuesta es telefónica y la muestra toma 1.110 “casos” divididos en semejante proporción entre Santiago y otras regiones. De esos 1110, debemos creer que “cada vez somos más los que estamos en desacuerdo con el actuar gubernamental” y que además, “A todos y cada uno de estos ciudadanos descontentos, el argumento que se sostiene en la mera legalidad no les parece suficiente. Siquiera necesario”. Ojo con este tipo de aseveraciones arbitrarias, homogenizantes y polarizantes. Creo que hacen falta más datos para contextualizar. Más que grandes datos, creo que hace falta complementar con experiencias particulares e ir a casos que den voz a los números.

    • Patricio Velasco

      Germán, tienes mucha razón en tu análisis. Personalmente no soy un defensor de las encuestas y pongo bastante en duda su representatividad efectiva -más allá de las controversias estadísticas que puedan surgir del instrumento. Sin embargo la conexión por la que apelé a la “famosa” encuesta fue antes de sentido que por rigurosidad científica. Cedo el punto, de todas formas, que mis afirmaciones pueden haber sido generalistas y que hay en ello un error si nos sustraemos a la interpretación de los datos. Sin embargo, no era la intención original. Antes bien quería destacar la dinámica de justificar las acciones del gobierno únicamente bajo el manto de la legalidad y cómo ello puede estar alejado de las consideraciones ciudadanas.

  3. Leslie Zuñiga

    al menos ahora hay mas transparencia 🙂
    me da lo mismo tener un presidente multimillonario, por que no soy resentida social 😉

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