Las instituciones y sus “enemigos”


Uno de los argumentos más utilizados para restar legitimidad a las movilizaciones que han emergido como respuesta a la aprobación de las centrales del proyecto HidroAysén se sustenta en que tales determinaciones se realizaron en el marco de la institucionalidad y la legalidad imperante en Chile. “Hay que dejar que las instituciones funcionen” fue una frase que escuchamos durante muchos años quienes hoy nos encontramos contra el proyecto que inundará la Patagonia chilena. Se nos fustigó que el resguardo de la ley y las instituciones era imperioso ante la frágil democracia que se había conseguido realizando cambios “en la medida de lo posible”. Así las cosas, la aparente buena voluntad de la clase política y el resguardo de la institucionalidad aparecían como argumentos prácticamente innegables ante cualquier tipo de disidentes que pretendiesen cambiar el orden de las cosas.

Es cierto, la aprobación de HidroAysén  -contando con la venia de la Alianza y la promoción de la Concertación cuando detentaba el poder político- es legal. Completamente. Las instituciones funcionan, están funcionando y probablemente lo sigan haciendo. El leve problema es que pareciera existir una cantidad considerable de ciudadanas y ciudadanos a los que, sin más aspavientos, no nos agrada la manera en que la institucionalidad se erige y dictamina sobre los designios del país. Tal parece que ya no están los tiempos para seguir actuando “en la medida de lo posible”.

Cuestionar la institucionalidad en Chile parece ser un atentado de marca mayor a las orientaciones normativas que sostienen nuestra sociedad, sobre todo para aquellos que lucharon por la vuelta de la democracia. Hoy, sin embargo, tiendo a creer que un número considerable de los manifestantes que están en las calles aboga por algo más que la mera mantención y reproducción de un orden que, por demás, se heredó sin mayores cambios en su estructura: el modelo económico no se cuestionó, y por mucho que sea la firma del ex Presidente Lagos la que figura en nuestra carta fundamental sabemos que las cosas no han cambiado demasiado.

No son “enemigos del Estado”, ni “violentistas” los que gritan contra HidroAysén en las calles. Son mujeres y hombres comunes, sin mayores privilegios que, sin embargo, son capaces de establecer una serie de demandas que la clase política ha desoído sistemáticamente los últimos veinte o treinta años. Porque si hay algo que es cierto es que la despreocupación ambiental no es un monopolio de la Alianza. La Concertación tanto pasiva como activamente no tomó cartas en el asunto más allá del establecimiento de la primera “institucionalidad” ambiental; aquella que sirvió como condición de posibilidad para la aprobación de una serie de centrales termoeléctricas tanto o más dañinas que HidroAysén.

La institucionalidad, entonces, no parece otorgar respuesta satisfactoria a las demandas ciudadanas. La clase política, por su parte, se sube feliz al carro de una “victoria” que ellos no han liderado –con chapitas y carteles mediante. Mientras que la sociedad civil, bajo la forma del grupo de ONG’s a las que ahora se pliega la ciudadanía, no alcanza a cobrar el nivel de protagonismo merecido en razón de sus esfuerzos (que se remontan mucho más allá de los últimos meses).

El principal logro del movimiento contra HidroAysén radica en haber abierto una rendija entre las dinámicas del establishment político, lo suficiente como para copar la agenda de los siempre pluralistas y acertivos medios de comunicación de nuestro país (?). Tal rendija apunta más allá de aquel orden institucional que forma parte de nuestro prestigio como nación disciplinada. Así el movimiento busca capitalizar sus intenciones y llevar las demandas a un nuevo nivel de legitimación. Esperemos que la clase política sea capaz de responder ante tales demandas y estar a la altura de las circunstancias sin caer, nuevamente, en las reformas “en la medida de lo posible”.

Patricio Velasco F.

Sociólogo.

    • Patricio Velasco

      La verdad es que no sé qué “tenga” que hacer una bandera del partido comunista ahí. Está en la foto, imagen que, por demás, no fue elegida por la mentada bandera. Ahora, de todas formas, no veo ninguna imposibilidad física, ética, ni política por la que exista gente que pueda llevar tal bandera a las manifestaciones. De hecho, creo, una de los aspectos más interesantes de las manifestaciones contra HidroAysén es, justamente, la transversalidad de los apoyos, desde los propios simpatizantes del partido comunista hasta el senador Horvath.
      Por mi parte siquiera había reparado en la bandera.

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