Las semillas del suicidio


Éste es el nombre del reporte anual que desde 1997 realiza la fundación india Navdanya, y que examina las causas de la epidemia de suicidios de pequeños agricultores en ese país. Según su directora ejecutiva, Vandana Shiva, de los 200 mil suicidios ocurridos desde ese año hasta hoy (con un peak de 17 mil sólo en 2009), un 90 por ciento se explican por el endeudamiento generado por los cada vez más altos costos de producción y los cada vez más bajos precios de venta de las cosechas, principalmente algodón BT.

En los últimos 15 años, India, como tantos otros países en desarrollo, ha transitado rápidamente desde la agricultura tradicional diversificada a los monocultivos convencionales dominados por corporaciones como Monsanto, Cargill y Syngenta. Las semillas que antes se guardaban de un año a otro y eran compartidas por las comunidades están siendo reemplazadas por otras, genéticamente modificadas y estériles por partida doble: tecnológicamente diseñadas para no reproducirse, obligan a los campesinos a comprarlas de nuevo, año a año; y protegidas por las leyes de propiedad intelectual tras tan sólo haber hecho mínimas modificaciones a la semilla original, permiten a sus ‘dueños’ perseguir a quienes osen guardarlas o compartirlas. Como bien dice Shiva, quien en 1993 ganó el Premio Nobel Alternativo de la Paz, estas multinacionales están yendo contra la naturaleza al transformar un recurso por esencia renovable en uno no-renovable.

Recientemente, la película “Peepli Live” se transformó en un éxito bollywoodense al convertir en una tragicomedia satírica la situación actual de los miles de campesinos que sobreviven en la zona conocida como “el cinturón del algodón”, ahora también llamada “el cinturón de los suicidios”. En ella, un pobre agricultor agobiado por las deudas después de varios años de fallidas cosechas, decide quitarse la vida para que su familia reciba al menos una compensación del Estado. Todo cambia, sin embargo, cuando una prensa siempre ávida de tragedias de corta duración se entera de sus planes y comienza el asedio… con la esperanza de registrar su paso a la muerte ‘en vivo’.

“Pero a nosotros, ¿qué podrá importarnos todo esto?”, preguntará el lector impaciente: “Terrible lo que pasa en India, sin duda, pero ¿no será mejor preocuparse de los problemas chilenos?”. A lo que respondo en breve: el problema indio es también el nuestro, y ahora más que nunca con la aprobación a hurtadillas en el Senado, el 11 de mayo pasado, del Proyecto de Acuerdo sobre el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, UPOV-91; un eufemismo de lo que debería en realidad llamarse Convenio de Desprotección de los Dueños Tradicionales de las Semillas. Si bien se vende en su página web como “un sistema eficaz para proteger nuevas variedades de plantas, para el beneficio de la sociedad”, si el Presidente promulga el UPOV-91 lo que promulga es que los agricultores ya no tendrán derecho a hacer lo que por milenios han venido haciendo, esto es, seleccionar, guardar e intercambiar semillas, desde ahora protegidas por la ley de patentes tras sólo realizarles cambios mínimos a las variedades originales. Algunos han defendido la medida diciendo que es la única forma de que Chile proteja sus especies nativas. Lo cierto, sin embargo, es que por Chile se entiende aquí el INIA, Erick von Baer (padre de la ministra von Baer), y tal vez un par más de empresarios con el know-how suficiente para convertir en propiedad exclusiva algo que es naturalmente propiedad comunitaria (previo ‘lifting’ genético).

Un tercer nombre más breve y menos ingenuo para esta ley, como bien han recalcado ONGs ambientalistas, es “Convenio Monsanto”, en referencia a la gigante semillera para quien el nuevo reglamento parece hecho a la medida, más aún si se le suma el proyecto de ley para admitir el cultivo de transgénicos para consumo interno, hoy en discusión (cierto es que no hay que confundir ambas leyes, pero es obvio que una complementa a la otra).

Tras partir como una compañía química en 1901, la transnacional estadounidense Monsanto cuenta entre sus aportes a la humanidad el invento de la sacarina –que sí aparece publicitado en su página web–, pero omite el del agente naranja, el herbicida con que EE.UU roció Vietnam durante la guerra epónima y que hoy, cuatro décadas más tarde, todavía arrastra secuelas. Luego de un cambio de imagen y de nombre, en los ‘90 Monsanto volvió a la carga con su serie de VGMs (vegetales genéticamente modificados) resistentes al herbicida round-up: canola, maíz, algodón, soya, remolacha y alfalfa. Hoy controla el 90 por ciento de los cultivos transgénicos del planeta y, aunque menciona entre sus metas acabar con el hambre en el mundo, lo cierto es que la única hambre que está calmando es la de vacunos, pollos y otros animales alimentados con cereales round-up, cuya carne rara vez llega a los platos de los mil millones de personas que sufren desnutrición crónica. En Chile, Monsanto a través de sus subsidiarias -Seminis y Cuarta Gama (De Ruiter Seeds)- vende semillas híbridas de verduras y hortalizas, con nombres como ají Inferno, espinaca Bandolero, coliflor Defender y zapallo… ¡Arauco! Y, si al UPOV-91 se agrega el proyecto de ley para admitir el cultivo de transgénicos para consumo interno, no debería extrañar a nadie que en poco tiempo los campos chilenos queden de soya y canola Monsanto bordados, como ya lo están en Argentina, Brasil y Paraguay.

Frente a esta noticia, se agradece la reacción de un grupo minoritario de senadores contrarios a suscribir el UPOV-91, que ya hicieron una presentación al Tribunal Constitucional, en cuanto no se respetó el Convenio 169 de la OIT, que requiere consultar previamente en este tipo de materias a las comunidades indígenas que pudieran verse afectadas.

Otra ruta, de más largo aliento, pero tanto o más necesaria, es la organización de quienes se verán más amenazados por esta medida: los pequeños y medianos agricultores, indígenas o no. Como inspiración, bien podría servir revisar la historia y el activismo de Navdanya, la fundación de Shiva que en dos décadas ha formado bancos de semillas nativas, ha apoyado a 500 mil campesinos para continuar con los métodos tradicionales de agricultura orgánica y los ha coordinado para oponerse en bloque a las leyes de propiedad intelectual de la vida. A fin de cuentas, aprobar este convenio significa aceptar la irrisoria e irracional premisa de que alguien pasa a ser dueño no sólo de un espécimen, sino de un ‘tipo’ de ser vivo por sólo hacerle mínimas modificaciones. En lugar de entrar a la loca carrera por patentar las especies autóctonas, los chilenos deberíamos rechazar de pleno la sola idea de que lo vivo puede privatizarse y ser administrado a voluntad de sus dueños, chilenos o extranjeros.

La ciudadanía, por su parte, ya ha comenzado a organizarse. Y mañana martes 7 a las 18:30 se llama a la segunda marcha nacional contra la privatización de la semillas en manos de Monsanto. Puedes encontrar más información sobre la convocatoria en este link.

Por Alejandra Mancilla Drpic

Periodista y licenciada en Filosofía

Esta columna también puede leerse en El ojo parcial y puedes seguir en Twitter a Alejandra en @elojoparcial

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