Reformas en la institucionalidad ambiental: El conformismo de lo técnico


Nuestra institucionalidad ambiental ha cambiado paulatinamente en estos últimos 20 años, a partir de una rara mezcla entre consensos políticos, derecho internacional y movimientos ciudadanos.

Esta rara mezcla ha generado una institucionalidad ambiental que incluye un ambiguo sistema de participación ciudadana (PAC) formal, lo que es extraño para el sistema gubernamental chileno. Dicho PAC se limita a generar una instancia de información y consulta para los posibles afectados de un proyecto de desarrollo. De esta manera, las personas comunes y corrientes y personas jurídicas, como son las ONGs, pueden hacer comentarios a los proyectos, que solamente deben tener respuesta de parte de las organizaciones dueñas de los proyectos para que obtengan la aprobación del gobierno. Esta limitada institucionalidad ha producido el descontento de parte de la ciudadanía. Sin embargo, en este documento me gustaría entrar más a fondo en las características de dicho sistema de PAC.

Una de estas características es una falta de definición y alcance en el carácter técnico y político de la institucionalidad, que facilita la aprobación de los proyectos. Así cualquier observación que se le haga debe basarse argumentos científicos, haciendo muy difícil incluir la opinión de la ciudadanía común. Pero por otro lado, casi todos los actores que votan en la aprobación final del proyecto son designados directa o indirectamente por el Presidente de la República, generando que dicha aprobación muchas veces responda más a la voluntad de la coalición gobernante que a las necesidades locales o nacionales.

Otra característica es que la institucionalidad no toma en cuenta parte del riesgo ambiental, es decir, toma en cuenta solamente la posibilidad de que ocurra un hecho, pero no la magnitud de ese hecho. Por ejemplo, si optamos poner una planta nuclear, la posibilidad de que ocurra un accidente es baja, pero si éste ocurre el daño es de una magnitud enorme. Esto sucede ya que la comisión regional de evaluación ambiental sólo actúa de acuerdo a la normativa existente, y prácticamente no da pie a que un proyecto pueda ser rechazado (o cambiado radicalmente), en función de la magnitud de los posibles impactos futuros.

Estos dos elementos son parte fundamental de la incidencia de la ciudadanía en las decisiones ambientales. De ahí a la importancia de los movimientos ciudadanos: estos  no sólo muestran el descontento con el modelo de desarrollo imperante en el Chile de hoy en día, sino también la importancia de “lo ambiental” dentro de éste.

En una conferencia sobre participación ciudadana, Eduardo Dockendorff [1] explicó que la institucionalidad ambiental es comparable a pintar una casa: puedo tomar un manual y seguir las instrucciones para hacerlo bien. Sin embargo, el color elegido, la forma en que voy a pintar, los lugares que serán pintados y la cantidad de pintura usada en cada muralla están elegidas de antemano. Es como si Chile quisiera pintar su casa de verde y por algún motivo la pintaran de azul con amarillo.

En este sentido, la institucionalidad ambiental sirve únicamente para asegurar las condiciones en que un proyecto de desarrollo va a ser ejecutado, es decir, la reducción máxima posible de sus efectos. Sin embargo, esta no se pronuncia sobre quiénes sufrirán estos efectos, sobre los riesgos implícitos, o sobre cuáles serán los costos-beneficios de un determinado proyecto de desarrollo a largo plazo.

Entonces, la primera trampa de la institucionalidad ambiental es que está basada en criterios técnicos para abolir una pregunta política. De esta manera, podemos mitigar los efectos del proyecto, pero jamás cuestionarnos un modelo de desarrollo que asegure la distribución equitativa de sus beneficios y costos que se mantenga en el tiempo. Por ello, nos quedamos atrás en uno de los tres pilares de la sustentabilidad, según el Informe Burtland de 1987, donde se hace indispensable un desarrollo armónico entre lo económico, social y ambiental [2], que asegure el bienestar de las generaciones futuras. Sin embargo, acá surge una segunda trampa, ya que la votación final es política, lo que asegura la aprobación de proyectos.

Por ello, cuando escucho el argumento de que necesitamos incluir más instancias técnicas dentro del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), doy un sí, porque necesitamos expertos técnicos e instituciones independientes que sean capaces de reducir los efectos ambientales de un proyecto de desarrollo (es decir, leer el manual para pintar).

Pero también me atrevo a dar un sí, bastante más decidido, si se me pregunta si es necesario incluir aspectos más políticos a la institucionalidad. Claro que sí, porque nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, necesitamos elegir el modelo de desarrollo que queremos. Esto es mucho más importante, ya que la ciencia y la técnica pueden ser utilizadas para favorecer ciertos discursos ideológicos. Todo depende de quién pague, quién fiscalice, y a quiénes se beneficie.

Finalmente, se hace necesario incluir otros niveles de participación ciudadana. En este sentido, la ex Directora Ejecutiva de la Corporación Participa, Andrea Sanhueza, menciona al menos cuatro niveles de participación: 1) el nivel informativo, 2) el nivel consultivo, 3) el nivel resolutivo, y 4) el nivel de co-gestión [3]. En pocas palabras, los primeros dos hacen referencia a generar políticas entregando información y recibiendo comentarios no vinculantes de parte de la ciudadanía. Los últimos dos avanzan hacia acciones donde la ciudadanía piensa, define, ejecuta, monitorea y fiscaliza la política pública. Chile sólo considera acciones de nivel informativo y consultivo. Sin embargo, debemos avanzar hacia políticas que aseguren la deliberación de partes interesadas, con acuerdos de consenso que involucren actores empoderados y conscientes, reduciéndose las desigualdades sociales de base (como económicas o educacionales, etc.), para asegurar la equidad del diálogo.

Hace falta la voluntad política y social para esclarecer este diálogo y sincerar las necesidades reales, donde nuestra casa quede pintada sin vacíos ni irregularidades, pero también de un intenso color verde que sea del gusto de todos.

Francisco Nómez

Magíster en Medio Ambiente en York University, Canadá.


[1] Director Instituto de Asuntos Públicos Universidad de Chile. Cita tomada en el taller: “El acceso a la información y la Participación Ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile”. Organizado por SEA, Participa, Instituto de Asuntos Públicos Universidad de Chile, The Access Initiative. Año 2011.

[3] Andrea Sanhueza. Participación ciudadana en la gestión pública. Corporación participa. Año 2004. http://www.participa.cl/wp-content/uploads/2007/10/participacion-ciudadana-en-la-gestion-publica.pdf

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: