“Comisión Técnica, Ciudadana y Parlamentaria de Energía” v/s“Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico”


Esta semana se hizo pública la constitución de una “Comisión Técnica, Ciudadana y Parlamentaria de Energía”,  iniciativa que reúne a diferentes representantes tanto del Congreso Nacional (senadores y diputados del más amplio espectro ideológico), profesionales expertos en materia de energía, y Organismos No Gubernamentales (ONGs) preocupados de la estructuración de una política nacional de energía para el país.

Esta instancia espera complementar el necesario debate nacional en la materia, y surge en exacta relación de contraste con la iniciativa gubernamental convocada por el segundo Ministro de Energía de los cuatro que se han nombrado en los últimos 18 meses del actual gobierno, denominada “Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico”.

La “Comisión Ciudadana y Parlamentaria de Energía” se ha convocado ante la convicción que la iniciativa instaurada por el Gobierno,  no puede cumplir con el objetivo para la que fue nominada que es el de “establecer las bases de una política energética de largo plazo”.

Ya en el nombre se yerra, la electricidad representa sólo un 14% del total del consumo energético del país.

Se afirma que en su composición, no se ha respetado la más mínima consideración de participación ciudadana y de diversidad de visiones del desarrollo en materia energética y eléctrica para Chile.

Salvo la honrosa excepción de la ex Directora del ex Programa País de Eficiencia Energética y un experto de la academia, la gran mayoría de los integrantes de la comisión del gobierno se han destacado por optar públicamente por opciones energéticas y eléctricas estrepitosamente fallidas para el país.

Confirma lo anterior, que optando el sistema energético actual ciegamente por un mercado energético basado exclusivamente en el concepto de costo marginal  (cuyo énfasis está dado principalmente por el precio de la energía y no la seguridad de abastecimiento, ni la diversificación de la matriz y menos la sustentabilidad ambiental ni la generación distribuida), tal opción tiene a Chile en la actualidad  con el segundo nivel de precio de energía más caro de Latinoamérica y uno de los más caros del mundo a nivel de consumidores.

Lo que se ha logrado en esto años es una fragilidad del sistema que tiene a Chile cada 10 años con racionamiento eléctrico o de gas y cada 5 con racionamiento técnico en diferentes subsistemas, pero paradojalmente con pretensiones de exportar energía a Argentina, integrar subsistemas que harán corresponsables a millones de consumidores residenciales del destino de grandes inversiones mineras, con una matriz absolutamente carbonizada y con una clara opción gubernamental de promover megaproyectos absolutamente objetados.

Recientemente  se han aprobado, sin tanta publicidad, decenas de proyectos objetados en todo el territorio nacional; que han acompañado la aprobación de proyectos sí publicitados como Campiche,  Mina Invierno de Isla Riesco, Castilla e Hidroaysén.

El proyecto Barrancones, marcó un hito en la discrecionalidad presidencial (pues aunque se aprobó por la institucionalidad ambiental, por decisión presidencial se solicitó a la empresa no perseverar en el mismo).  Al respecto quedó la duda  razonable si acaso la empresa Suez Energy se desistió a cambio de algo importante.

Semanas después de tal decisión  se hizo el viaje del Presidente Piñera a Francia y posteriormente hubo de dos decisiones importantes en materia energética:

-La primera, es el anuncio de privatización de la participación del Estado en las empresas sanitarias. El Estado Chileno a través de Corfo tiene un 34,9% de Aguas Andinas, un 43,4% de Essbio, un 29,4% de Esval y un 45,5% de Essal. La venta de tales participaciones conlleva una recaudación de cerca de 1.600 millones de dólares, pero benefician a los actuales titulares de la mayoría de las acciones de dichas compañías. En el caso de Aguas Andinas su dueña es Aguas Barcelona, que a su vez pertenece a Suez Environment (filial de Suez Energy), que recientemente fue adquirida por British Petroleum (BP).

-La otra decisión energética es que se autorizó a Suez Energy a integrar el subsistema del SING con el SIC. Acaso la promesa de una carretera pública de energía que además integra SING y SIC coincide con tal permiso, haciendo corresponsables a millones de usuarios residenciales del destino energético de inversiones mineras en el desierto del norte de Chile.

Como corolario final, existe una acción gubernamental, que no por lo subrepticia es menos real  de apoyar el lobby nuclear en Chile, pese a nuestra similitud sismológica con un país como Japón.

Pese a todo lo anterior el gobierno actual ha sido insistente en afirmar su profunda vocación por las energías limpias, la eficiencia energética y las energías renovables no convencionales, sin embargo, basta contrastar tal supuesta vocación con nivel presupuestario de la actual Agencia Chilena de Eficiencia Energética que es 9 veces menor que el del antiguo Programa País.

Respecto de las energías renovables no convencionales el aporte bastamente publicitado es de sólo US $ 85.000.000 (ochenta y cinco millones de dólares), para la consecución “aspiracional” de un 20-20 de energías renovables en nuestra matriz.

La “Comisión Técnica, Ciudadana y Parlamentaria de Energía” recientemente ha realizado un emplazamiento al actual gobierno  consistente en “corregir las distorsiones del sistema que ha consolidado la matriz carbonizada, altos precios y efectos ambientales negativos” y que el Ministro designado promueva otro tipo de dialogo en la materia.

Es de esperar que en su carácter de ex parlamentario y ex Subsecretario de Hacienda, pueda interlocutar abiertamente con una ciudadanía que está cada vez más interesada en el tema energético.

Iván Couso Salas 

Coordinador del Programa de Seguimiento Legislativo (PSL)

Fuente: Chile Sustentable

  1. Mathuis Cochrane

    Guste o no la gran mineria del norte mueve la aconomía nacional. En consecuencia la demanda energética de este sector productivo siempre será al alza y de alguna manera deberá ser satisfecha. Creo que el error de los movimientos ambientales es jugar todas las cartas en hacer caer los proyectos que están en marcha, como por ejemplo hidroaysen, ya que es una visión de corto plazo y no soluciona el problema de fondo. Además estas empresas realizaron inversiones respetando las actuales reglas del juego, dado que no están para cuestionar las normativas, sino, para usarlas legítimamente. Por tanto el tema es otro y es que Chile no tiene una matriz enegética definida y si a eso le sumanos la debilidad de nuestra legislación ambiental, tenemos la puerta abierta a más proyectos poco amigables con el medio ambiente y/o peligrosos para salud como las termoeléctricas a carbón. Esta claro entonces que HA, Isla Riesco o Castilla, son posibles porque un sistema los válida y no porque un grupo de empresarios decide levantar proyectos amparados en la ley.

    • Colombina

      Entiendo el punto, pero la verdad me parece que no es tan sencillo. Por un lado, el movimiento ambiental lleva años trabajando en justamente el problema de fondo. Prueba de ellos son varias iniciativas de ley (algunas logradas, otras no), muchísimas publicaciones al respecto, participación en mesas de trabajo con el gobierno, sin el gobierno, con parlamentarios, en las comunidades, y una largo etc. Que eso no se vea y que recién ahora se le esté dando cobertura mediática es otro tema. Respecto de la legislación ambiental, concuerdo en que hay un problema estructural y sistémico. Eso es justamente lo que el movimiento ambiental viene denunciando hace años. No se trata en absoluto sólo de HidroAysén. Ahora, no es cierto que las empresas cumplan con la legislación existente. ¡Para nada! No es, por supuesto, sólo responsabilidad de ellas, ya que hay una contraparte (gobierno y representantes de turno) que los ayudan a hacerles el “traje a la medida” cambiando leyes o simplemente no respetándolas a gusto (incluso Contraloría se ha pronunciado al respecto); completos reportes, comisiones investigadoras e informes sobre varias irregularidades en casi todos los casos controversiales (Barrancones, Castilla, HidroAysén por nombrar los más conocidos) hay muchísimos.

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