¿Y si yo pudiera elegir?


Cristian García Schneider

Ingeniero Industrial, candidato a Master en Energía Sustentable, Universidad RMIT, Australia

Aprovechando algunos días libres entre un semestre y otro, he partido de viaje por la costa este de Australia,  metiéndome into the wild en cuanto camino de tierra había para llegar a una que otra playa lejana a la civilización. Mi compañero de viaje, un austriaco estudiante de posgrado en Ingeniería Aeroespacial, me conversó sobre su país una semana de corrido. De las cosas que aprendí es que Austria, siendo un país pequeño de ocho millones de personas, en plena Europa y sin mar, tiene muchos ríos y montañas como Chile. Su población se reparte en pequeños pueblos y ciudades que casi nunca superan los 300.000 habitantes, salvo Viena, la capital. No obstante lo anterior, cada pueblo tiene su abastecimiento propio de energía eléctrica. En forma orgullosa, mi amigo me contaba que cerca del 70% de la energía de su país proviene de fuentes  relativamente renovables, como embalses y centrales hidráulicas de paso, y en el último tiempo han empezado a usar biomasa de la basura. Paradojalmente, si bien su país ha hecho bien el trabajo de autoabastecerse con energía en redes locales, donde prácticamente cada pueblo tiene su propia empresa energética, hoy en día se están enfrentando a un problema no menor, dado que han perdido la capacidad técnica de mantención de centrales con tecnología obsoleta, porque los más jóvenes son atraídos por mejores ofertas laborales, dejando a la empresa generadora local sin nuevos empleados que mantengan el negocio.

Cuando se analiza un proyecto nuevo de generación eléctrica, generalmente los costos de inversión y la puesta en marcha de la nueva planta eléctrica representan el gran egreso del proyecto, ya que  el mercado analiza como residuales los costos futuros que vendrán al final del ciclo de vida del proyecto, que aparentemente no tienen mayor impacto en el presente. Si hablamos de costos futuros, como el impacto real al medioambiente y la sociedad, es muy difícil encontrarlos a primera vista en la evaluación económica de un negocio de este tipo. Una forma común de evaluar económicamente los proyectos es a través de la metodología de flujos descontados y valor presente  que, si bien tiene la ventaja de traer al presente el valor futuro de los flujos del proyecto, tiene la grave desventaja que minimiza dramáticamente costos que se van a presentar en el largo plazo.  Por ejemplo, a una tasa de descuento de un 12% anual (tasa común utilizada para proyectos de riesgo acotado), si calculamos  el valor presente de un costo igual a $100 en el año tres, este tiene hoy un valor de $71. En cambio,  si ese mismo costo se tuviera que asumir en 80 años más, el valor presente cae deplorablemente a $0,01.

Como estamos bajo un modelo de libre mercado, el cual se regula por la supuesta ‘mano invisible’ de la oferta y la demanda, es lamentable ver cómo en nuestro país las grandes empresas satisfacen las necesidades de los consumidores con una actitud mercenaria. Algunos grupos económicos comparten la propiedad de sus empresas en la bolsa, con inversionistas que por definición buscan generar el mayor lucro posible al mínimo costo, internalizando los beneficios en el menor plazo posible. Para un accionista, cualquier otro costo que no esté directamente asociado a la inversión para la operación y generación de utilidades,  podría ser visto como una amenaza para las ganancias o incluso un robo de beneficios económicos. Bajo el amparo de una ley ambiental débil y una autoridad ambigua en la forma de medir el beneficio social, el mercado se aprovecha y sociabiliza descaradamente los costos ambientales y sociales. Por ejemplo, para los inversionistas de HidroAysén, el costo del daño que se producirá en 80 años, cuando los embalses cumplan su vida útil, tiene un valor actual prácticamente nulo. Si HidroAysén se comprometiera a financiar el costo real de la mitigación del daño ecológico a la Patagonia y el daño a la industria del turismo que va a ocasionar, los primeros que saltarían reclamando serían los accionistas que verían mermadas las utilidades proyectadas por el futuro negocio y probablemente las acciones de Colbún y Endesa se caerían.

¿Qué pasaría si en Chile los proyectos energéticos se evaluaran ponderando de igual manera la ganancia de utilidades versus los costos ambientales y sociales futuros? Específicamente, me refiero a ponerle números hoy a los costos que algún día van a tener que asumir nuestras futuras generaciones por proyectos que sabemos que tienen secuelas irreparables. Claramente, esto va mucho más allá de hacer la mediática Responsabilidad Social Empresarial (RSE), muchas veces usada como un simple lavado de imagen sin sentido real. Me pregunto,  ¿cuánto cuesta  acelerar la extinción de especies de flora y fauna nativa? ¿Cuánto cuesta  hacerse cargo de desastres en mega-estructuras, como las represas de HidroAysén, que sabemos que tarde o temprano están destinadas a colapsar desparramando aguas abajo un aluvión de sedimentos acumulados artificialmente por décadas? ¿Cuánto es el costo que implica dañar irremediablemente lugares que podrían ser capitalizados por la creciente industria del ecoturismo? Sin duda, haciendo el análisis adecuado, los resultados multiplicarían decenas de veces el costo original del proyecto.

Para ejemplificar, veamos el siguiente caso. General Electric (GE) es una empresa con 130 años de historia fundada por el creador de la ampolleta (y muchos otros inventos). Thomas Edison nunca imaginó que producto de la fabricación de componentes eléctricos a orillas del río Hudson (Nueva York), su empresa descargaría hasta 1977 residuos con Compuestos de BifeniloPoliclorado (BPCs), cancerígenos y tóxicos. Recién en 2010, GE empezó a intentar remediar la contaminación que generó durante 40 años. En forma obligada, GE ha gastado más de mil millones de dólares en operaciones de dragado del lecho del río Hudson y la disposición segura de los residuos, y se estima que debería invertir unas 90 veces ese monto si realmente quisiera reparar el daño que realizaron a conciencia en décadas pasadas.

Si volvemos a Chile, cada persona que cotiza hoy en una AFP es accionista indirecto de alguna empresa energética. Si las empresas energéticas tuvieran que algún día hacer provisiones de fondos para enfrentar costos de reparación ambiental y social, la pregunta obvia sería, ¿quién estaría dispuesto a arriesgar sus ahorros previsionales en empresas con costos ocultos que eventualmente deberán pagar algún día y que actualmente no están evaluados? Cualquier agente racional pensaría dos veces si invierte su futura pensión en empresas así, pero hoy no podemos ser partícipes de dichas decisiones, porque por ley las AFPs lo hacen por nosotros. Lo que preocupa es cómo el sistema previsional actual hace un lock-in[1] a cada individuo que participa en él. El cotizante lo único que puede hacer es elegir su AFP y en forma acotada un nivel de riesgo en las decisiones de inversión que hace la administradora con sus fondos. Si los afiliados pudieran elegir en qué tipo de empresas las AFP debieran invertir sus fondos, además de lo básico como la rentabilidad y el riesgo, ¿cuántos de ellos exigirían que su dinero se invirtiera en empresas con políticas ecológicamente sustentables y socialmente responsables?

HidroAysén pretende invertir más de 3.000 millones de dólares en la destrucción de parte de la Patagonia para generar 2.750 MW al sistema interconectado central, con capacidad de generación media anual de 18.430 GWh.  Sin embargo, la mayor parte de este capital proviene de inversionistas extranjeros.

Si fuéramos dueños de las decisiones que realizan las AFPs con nuestros fondos de pensiones,  perfectamente podríamos elegir invertir una cantidad similar en el desarrollo de varios proyectos rentables de energías sustentables. Haciendo un ejercicio simple, de acuerdo a estadísticas de la Superintendencia de Pensiones al 31 de marzo de 2011, son más de 1.700.000 personas las que tienen más de $7.000.000 de pesos en ahorros previsionales y cotizan sobre $100.000 al mes. De acuerdo a una encuesta de La Tercera del 14 de mayo de 2011, un 74% de los chilenos rechaza el proyecto HidroAysén. Si cada afiliado de este grupo que rechaza HidroAysén pudiera instruir a sus administradores de fondos de pensiones para invertir en proyectos de energía renovable, en promedio deberían invertir aproximadamente $1.100.000  de sus cuentas para alcanzar una cifra de inversión similar a HidroAysén (US$ 3.000 millones). Eso solo representaría menos del 15% de los ahorros de un afiliado de la base del segmento seleccionado.

Elegir dónde queremos invertir nuestros ahorros previsionales nos daría como sociedad más poder de decisión y participación en el desarrollo de grandes inversiones, como por ejemplo proyectos de energía. Puedo asegurar que cualquier afiliado de AFP que está dentro del 26% que apoya HidroAysén hubiera preferido que sus fondos hubiesen estado invertidos en una empresa de energía renovable antes de haber estado inflando el valor bursátil de La Polar[2].

Chile puede especializarse en desarrollar e implementar fuentes de energía renovable en forma sustentable y con impactos medioambientales medibles y acotados, pero debemos buscar los canales inteligentes y alternativos para financiar proyectos que involucran inversiones millonarias. Si dejamos esta tarea a las corporaciones que concentran el poder económico, el resultado ya lo sabemos.

Es nuestro derecho exigir respeto a nuestra tierra; es un deber satisfacer nuestras necesidades energéticas en forma responsable para las futuras generaciones. La tecnología existe y Chile tiene los recursos naturales, técnicos y financieros para hacerlo. ¿Será el momento de jugar a las ‘manitos calientes’[3] con la ‘mano invisible’?

LA VERSIÓN COMPLETA DE NUESTRA PUBLICACIÓN LA PUEDES DESCARGAR (FORMATO PDF) Y VER AQUÍ.


[1] Lock-in es la estrategia de sistemas de negocios que obligan al cliente  a quedarse, porque los costos de salida son mucho mayores que elegir la competencia.

[2] La Polar es una empresa chilena de retail que perdió en junio de 2011 USD 800 millones de capitalización bursátil (el 75% del valor de las acciones) por la revelación de irregularidades contables y el mal manejo del negocio de tarjetas de crédito con clientes de sectores económicos vulnerables.

[3] Las ‘manitos calientes’ es un juego donde dos jugadores hacen uso de los reflejos para evitar que el jugador de turno logre dar manotazos sobre las manos del otro jugador “hasta que las manos queden calientes”.

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