Verdeseo

A desprogramar a los tecnócratas


Leonardo Valenzuela

Sociólogo

Desde que quienes toman decisiones se asientan en la ficción del mandato popular, las glorias del progreso quedan en manos del representante, mientras que los impactos malignos se distribuyen entre los representados.

El Estado siempre ha tenido un rol preponderante como gestor del progreso técnico, determinando los patrones tecnológicos, favoreciendo determinados intereses y prácticas y desplazando a otras. Frente a la acción del Estado y los avances de la acumulación, han surgido movimientos masivos de personas que han estado dispuestas a desafiar el evangelio del progreso, reclamando por decisiones más justas y equilibradas. Estos movimientos y sus ideas han sido fundamentales para la constante redefinición de la tecnología, la política y los asuntos públicos en general, desarticulando la confianza en la tecnocracia que más que una ventaja es otra de las tristes herencias de la dictadura.

La aprobación de mega centrales hidroeléctricas en la Patagonia por parte del Estado chileno no fue una sorpresa para quienes están familiarizados con nuestra institucionalidad ambiental, cuyo diseño prácticamente no considera la opción de rechazar proyectos. Lo que sí resultó sorpresivo fue la reacción desencadenada a nivel ciudadano. A la luz de ello, cabe preguntarse por el futuro de la política y el rol de la técnica y las tecnologías en el escenario que se abre. La movilización de recursos públicos para favorecer intereses particulares no es un evento nuevo ni aislado. Una solución posible pasa por extirpar la obsesión con la tecnocracia para moverse hacia una gobernanza de código abierto, haciendo pública la política.

A principios del siglo XIX, en los albores de la Revolución Industrial, un movimiento pasó a la historia por su tenaz oposición a la introducción de tecnologías, que a su juicio atentaban contra la creatividad y desplazaban a la mano de obra artesana, poniendo en riesgo sus propios medios de vida. El símbolo distintivo de los luditas –el nombre de este movimiento– fue la destrucción de máquinas y fábricas, que eran vistas como responsables de la cada vez más elevada cesantía en Inglaterra. La maquinaria textil se había convertido en una forma sofisticada de acumulación, que ya no sólo desplazaba a los trabajadores sin calificación, sino que ponía en la encrucijada a aquellos que por generaciones habían hecho su vida en torno a una labor artesanal sofisticada.

Los luditas han sido desde entonces caricaturizados como enemigos de la tecnología, una apreciación sin duda estrecha. Lo realmente distintivo de este movimiento fue su rechazo a formas particulares de tecnología que favorecían la concentración de la producción en nombre del progreso, destruyendo directa o indirectamente las formas tradicionales de sustento de millares de personas. Y, aunque fueron violentamente aplastados por el ejército británico, nunca pudieron ser completamente aniquilados y sus medios y prácticas se extendieron por toda Europa.

El panorama que hacia fines del siglo XIX describían Friedrich Engels o Charles Dickens sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra da mucho que pensar sobre cuán fundadas estaban las demandas luditas. Los industriales se habían hecho cada vez más ricos, mientras que el grueso de la población había terminado en la miseria. El cuestionamiento a la irracionalidad del capitalismo hecha por Marx (¿cómo tanta riqueza puede generar tanta pobreza?), ya había sido profetizada por el cuestionamiento ludita a los medios tecnológicos adoptados casi un siglo antes.

La confianza en los imperativos tecnológicos, en la peregrina idea de que la tecnología se autogobierna, fue creciendo al punto de que en nombre de este principio los dueños de industrias apelaban a que no se regularan sus actividades. Andrew Feenberg[1] cita el caso de Sir John Graham, quien en 1844 solicitó al Parlamento británico que no se interviniera en asuntos de trabajo infantil, puesto que ese paso significaría una pérdida de competitividad para Gran Bretaña en el mercado internacional. Señaló que los niños eran fundamentales para las industrias, puesto que por la pequeña dimensión de sus cuerpos permitían el desarrollo de maquinaria más eficiente.

Los argumentos de Graham ayudaron en parte a evitar que el trabajo infantil fuese abolido, aunque se introdujeron obligaciones hacia los empleadores que llevaron a una re-conceptualización de lo que para ese entonces significaba un niño para la sociedad inglesa. Se impulsó la prohibición de contratar menores de ocho años, y en el caso de los niños entre ocho y trece años, se exigió que recibiesen diez horas de educación semanales. Por décadas, los industriales junto a sus aliados políticos siguieron intentando evitar la abolición del trabajo infantil, pero finalmente se optó por prescindir de éste (al menos en una fracción del planeta) y el mundo no se acabó, los niños recibieron crecientemente más educación y para los términos de la misma economía se hicieron más productivos.

Desde la aprobación de HidroAysén, millares de personas han salido a manifestar su descontento argumentando contra el fondo del proyecto y su apuesta por la concentración de la infraestructura básica, como lo es la generación eléctrica. Sus patrocinadores, incluyendo el Presidente, han promovido un clásico modelo transaccional como el de Sir Graham, poniendo el énfasis en los costos, sin considerar los beneficios de las alternativas.

La defensa de la apuesta tecnológica encarnada por las represas en la Patagonia es controversial, porque sus beneficios no quedan claros de modo alguno, más allá de los evidentes retornos a manos llenas para unos pocos, mientras una gran mayoría se vuelve testigo impotente. Aún más, los persistentes defectos en la tramitación del proyecto y en la incapacidad de la empresa para entregar información de forma transparente, no hace sino reafirmar su aberrante contenido.

En la historia reciente abundan los casos de decisiones adoptadas aplastando a quienes son perjudicados por las mismas. Pero así como las crisis tienen cada vez con peor salud al sistema financiero global, la cooperación digital le ha dado aires nuevos a las demandas democratizadoras. Hoy, las instituciones jerárquicas se encuentran en desventaja frente a las redes que se organizan al margen de las instituciones, al alero de una agenda común. Ya el secretismo y las movidas truculentas no pasan inadvertidos y la ciudadanía demanda respeto y participación efectiva. Si bien internet como idea hegemónica de la red permanece inaccesible para un grupo importante en Chile, hay ejemplos importantes en la integración que han alcanzado los medios digitales junto a radios comunitarias u otros mecanismos que han facilitado la articulación de demandas y acciones colectivas.

Los luditas de hoy hacen uso de algunas tecnologías para expresar su rechazo a otras, desafiando el determinismo tecnológico en sus dos extremos. El uso de muchas herramientas tecnológicas de hoy ha facilitado la producción y proliferación de conocimiento por parte de la ciudadanía  a una tasa superior a la de cualquier servicio público del Estado. Como al gobierno actual le cuesta entender lo que está pasando, lee al revés y opta por buscar controlar este conocimiento en lugar de evaluar las potencialidades de las plataformas compartidas. El gobierno ve la acción de los movimientos sociales a través de las redes digitales como una consecuencia del desarrollo técnico, desestimando la agencia del movimiento y sus elementos innovadores.

Ya prácticamente no se sostiene ningún argumento para negar el acceso de la ciudadanía a la definición de las políticas públicas y, en particular, a la definición de políticas de largo plazo como la planificación energética, urbana o de los recursos naturales. Plataformas y diseños disponibles abundan, pero es el terror de quienes acostumbran a controlar la discusión el factor que tiene a la política chilena en una situación de patético inmovilismo.

En lugar de seguir armando negocios de baja calaña con recursos públicos en proyectos pequeños que no son más que venganzas o triunfos ideológicos, el movimiento del gobierno debería ser hacia lo sustantivo, hacia el reconocimiento de la inmensa cantidad de recursos disponibles y las opciones para garantizar el más amplio y equitativo acceso posible a las redes de bienestar y comunicaciones. Ya no más tecnócratas y negociantes, lo que Chile realmente necesita son servicios asegurados, junto a plataformas que faciliten la cooperación y la optimización de los recursos más allá de la pillería que sólo contribuye a minar la confianza y que encuentra a sus más hábiles exponentes en grupos empresariales y castas políticas enfermas de ambición desmedida.

LA VERSIÓN COMPLETA DE NUESTRA PUBLICACIÓN LA PUEDES DESCARGAR (FORMATO PDF) Y VER AQUÍ.

[1] Feenberg, Andrew (2010). Between Reason and Experience: Essays in Technology and Modernity. Cambridge, MA: MIT Press.

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