La inversión más natural


La convocatoria realizada por la Subsecretaria de Turismo y CONAF consiste en un llamado a privados, principalmente empresarios, a proponer el desarrollo de  servicios de turismo sustentable en Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASP). Para ello, se han propuesto posibles actividades a desarrollar en 12 de estas áreas. De acuerdo al documento de la convocatoria publicado en el sitio web de CONAF[1], los objetivos serían: 1) crear nuevas alternativas de servicios turísticos en  el  marco de un desarrollo sustentable; 2) contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades locales rurales; 3) promover la participación de privados en la provisión de actividades turísticas; y 4) fortalecer la gestión de la CONAF en el ámbito de la protección, recreación y educación ambiental dentro de las ASP.

A pesar de que estos objetivos parecen muy loables y razonables, luego de investigar el contexto político, legal y técnico de este proceso de licitación es claro que existen varias falencias. Entre ellas cabe destacar: confusión respecto al objetivo de las áreas protegidas y el rol que deben cumplir las agencias de gobierno pertinentes; ausencia de un marco legal vigente y adecuado que regule este tipo de actividades; y poca claridad respecto al beneficio que esto traería para las áreas protegidas. Considerando lo anterior, cabe preguntarse cuál ha sido la motivación para concesionar estas áreas, y si realmente existen los mecanismos adecuados para potenciar las ASP como polos de desarrollo turístico sin que esta actividad vaya en desmedro de su objetivo primordial de conservación y protección del patrimonio natural.

En relación al objetivo de las áreas silvestres protegidas y el rol del Estado, observamos un importante cambio en las políticas estatales, con un mayor énfasis en el desarrollo de actividades turísticas en las ASP, tal como ha señalado el Ministro de Economía1, y como es posible leer en la página web de la Subsecretaría de Turismo[2]. Lo anterior está, sin embargo, un tanto alejado del objetivo original de las ASP, que estaba enfocado en la preservación y conservación de ecosistemas naturales. La política actual y la nueva Ley de Turismo (Nº 20.423) busca establecer un mecanismo de uso turístico de las ASP, con lo cual se le atribuye un objetivo de desarrollo económico a áreas que originalmente fueron establecidas para conservación y protección del patrimonio natural de Chile (Ley que crea el SNASPE Nº 18.362). Esto muestra que la promoción del desarrollo de actividades turísticas en ASP ha sido fuertemente liderada por  el Ministerio de Economía (Subsecretaría de Turismo), con una escasa participación del Ministerio de Medio Ambiente, que evidentemente debería tener un rol de mayor importancia a la hora de planificar actividades económicas que podrían generar un impacto negativo para estas áreas protegidas.

Respecto al marco legal dentro del cual se está llevando a cabo este proceso de licitación, la Comisión de Medio Ambiente del Senado[3] ha manifestado su preocupación, ya que el reglamento que regiría las condiciones y procedimientos de adjudicación de las concesiones, así como los derechos y obligaciones de los concesionarios, está aún en trámite (Ley 20.423 de Turismo). De igual manera, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente), servicio en que finalmente recaerá la responsabilidad de adjudicar estas concesiones, se encuentra aún en discusión. Esto es preocupante, ya que el proceso de licitación de ASP se está llevando a cabo bajo una normativa que dentro de poco tiempo estará obsoleta. Esto no significa que el proceso de licitación sea ilegal, pero sí que no se está desarrollando bajo el mejor marco legal posible.

En relación a los beneficios de estas licitaciones para las ASP, uno de los objetivos de esta convocatoria es fortalecer la gestión de CONAF en el  ámbito  de  la  protección,  recreación  y educación ambiental. Sin embargo, no queda muy claro cómo esta convocatoria se relaciona con este objetivo. Es fundamental que estas concesiones no sean simplemente una forma de legitimar el lucro de privados en base al uso de recursos públicos prácticamente gratuitos que atraen escasos dividendos económicos para el Estado. Según datos entregados por el Ministro de Agricultura1, actualmente hay 36 concesiones vigentes en ASP en 7 regiones del país, las cuales generan un pago de $568 millones de pesos al año para CONAF, dos mil empleos directos y seis mil indirectos. Es decir, en promedio el Estado recibe solamente 15,7 millones de pesos al año por área protegida concesionada. Cifras irrisorias considerando el costo  de manejar estas áreas y los beneficios económicos percibidos por algunos concesionarios como el hotel Explora en Torres del Paine, que por noche cobra aproximadamente $500.000 pesos por persona[4]. La nueva propuesta de concesiones no considera cobros diferenciados por actividad e incluso plantea que en ciertos casos la concesión podría ser gratuita. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, a septiembre del 2011 se han aprobado 53 nuevas concesiones con una inversión aproximada de $57,000,000 dólares, sin especificar el monto que generaría dicha concesión para el Estado. Por lo tanto, no existe evidencia de que este proceso beneficiará a las ASP, al menos económicamente. Para coneguirlo, debería existir un sistema de cobro por concesión con un componente fijo y otro variable que dependiera de las utilidades del negocio turístico. Esto eventualmente podría ser una fuente de financiamiento para las ASP, siempre y cuando los recursos obtenidos por concepto de concesión se reinvirtieran en el área protegida que los generó.

Por otra parte, existe poca claridad respecto al tipo de servicios que se pretende concesionar. En especial considerando que una de las motivaciones del Gobierno para llevar a cabo este programa es la democratización del acceso a las ASP. Existe una serie de servicios básicos como mesas de picnic, baños, senderos miradores y campings enlistados como posibles servicios a concesionar2, los cuales deberían ser considerados servicios básicos incluidos en el valor de la entrada y provistos por el Estado de manera de no transformar las ASP en destinos turísticos de lujo. En el caso de actividades ecoturísticas complementarias como canotaje, cabalgatas, canopy u observación de fauna es posible que una buena opción sea licitarlas a un gestor privado, siempre y cuando estas actividades estén en armonía con los objetivos de conservación y protección del ASP y no generen impactos ambientales negativos. Este tipo de actividades por supuesto se beneficia de la existencia de las áreas protegidas y obtendrían un valor agregado gracias a su existencia, lo cual también debería estar considerado en el valor de la concesión. En relación a la concesión de infraestructura de mayor impacto, como restaurantes, cabañas y hoteles, una mejor opción sería su desarrollo en predios privados colindantes a las ASP. Esto potencialmente disminuiría los impactos ambientales en las ASP y podría generar más beneficios para las comunidades locales.

Finalmente, no se puede negar que la licitación de actividades de turismo dentro de las ASP podría traer beneficios para su conservación. Entre ellos podemos mencionar: la generación de alternativas de financiamiento para las ASP; el aumento de las actividades económicas en el sector y el posible beneficio para las comunidades aledañas; mayor difusión y conocimiento del patrimonio natural de Chile; el co-monitoreo de áreas remotas; mayor inversión en conservación y rehabilitación; entre otras. Sin embargo, para que los impactos positivos de la apertura de áreas protegidas a actividades turísticas privadas se concreten, debe existir un diseño y planificación de estas concesiones que vaya en esa dirección, lo cual no está bien representado en el actual proceso de concesión de ASP. La impresión que genera este proceso es que se prioriza la generación de actividades económicas privadas por sobre la conservación de la biodiversidad y patrimonio natural en áreas que deberían estar dedicadas a esto último. Esto lamentablemente puede generar un círculo vicioso, donde la búsqueda de mayores ingresos económicos genera cada vez mayores impactos ambientales, en vez de un circulo virtuoso, donde la conservación de la biodiversidad puede a la vez generar beneficios económicos para el Estado y las comunidades locales, siempre que se realice dentro de la capacidad de carga ambiental y social de cada lugar.

Enrique Cruz (Ingeniero Agrónomo)

Montserrat Lara (Bióloga)


[4] Más información: www.explora.com

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