Democracia bajo incertidumbre


Sobre las ruinas de Chernóbil y del Muro de Berlín se alzaron las voces para proclamar el triunfo del modo occidental de hacer las cosas. Sin embargo, al mismo compás estaban emergiendo amenazas cuya definición estaba más allá de las capacidades de científicos y políticos. De alguna forma la lluvia ácida, la reducción de la capa de ozono o el calentamiento global se relacionaban tanto con el modus operandi de las economías soviéticas como con el de las economías capitalistas, si bien los vínculos no lograban ser establecidos con claridad todavía. Para algunos, lo anterior significaba que todo debía seguir igual hasta que se llegara a alguna suerte de conclusión (el desarrollo no puede ser detenido), mientras que para otros la solución pasaba por dejar de hacer eso que potencialmente causaba problemas hasta que se comprobara o no tal relación (más vale correr con costos menores hoy a cargar con una catástrofe irreversible en el futuro).

Para despejar algunas dudas y alcanzar consensos se convocaron conferencias y comisiones, la mayor parte de las veces al alero de las Naciones Unidas, en la tradición iniciada con la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo en 1972. En 1987 las conclusiones de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo llamaron a una reformulación del desarrollo bajo los principios de lo que la comisión denominó un “desarrollo sustentable”. En 1988 se convocó a un grupo de expertos para dar forma al Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, como una iniciativa destinada a producir información científica relevante para tomar acciones a escala global en contra del Cambio Climático, lo cual se tradujo en parte en el Protocolo de Reducción de Emisiones de Kioto de 1997.

En 1992 se realizó en Río de Janeiro la Conferencia de Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente y Desarrollo, uno de los hitos políticos más relevantes de la última década del siglo XX. La particularidad de esa conferencia también conocida como Cumbre de la Tierra, fue la convergencia en un mismo foro de expertos científicos, políticos, jefes de gobierno y activistas de la sociedad civil, especialmente miembros de ONG. Esa instancia marcó la emergencia a escala global de un nuevo tipo de política, si bien no todos los representantes fueron sentados en la misma mesa. La Tierra, como espacio común de la humanidad, fue el objeto del debate, abriendo paso a asuntos que con anterioridad no formaban parte de aquello de lo cual la política se debía hacer cargo. Ríos, bosques, aerosoles, represas, animales en peligro de extinción, alimentos genéticamente modificados, anhídrido sulfúrico y dióxido de carbono dejaron de ser hechos de la ciencia para convertirse en preocupaciones de la política.

Una de las consecuencias de un mundo común que deja de ser estable y bien definido se encuentra en la imposibilidad de sostener reglas fijas a largo plazo. El clásico argumento institucional de la economía neoclásica que demanda reglas del juego claras y permanentes se traduce en este nuevo escenario en la entrega de un privilegio que debe ser costeado. Mantener bajos los estándares de emisiones nocivas para chimeneas industriales aludiendo como argumento los costos de inversión para bajar los contaminantes, hace en la práctica aceptable la degradación de la vida que trae consigo la emanación de gases tóxicos. Ignorar las condiciones geológicas de una región y construir una mega represa en nombre del desarrollo expone a quienes viven en esa cuenca a riesgos tan concretos y poco predecibles como los de un terremoto, amplificado por los riesgos de inundación y avalancha.

Los casos anteriores son en gran medida reducciones, puesto que los riesgos y complejidades suelen ser aun mayores. Un ejemplo de ello es la demanda por certeza que está realizando uno de los grupos de inversión del proyecto HidroAysén. Colbún reclama por la ausencia de certezas para realizar su inversión, específicamente por las complejidades que suscita el proyecto de tendido eléctrico de casi 2.000 kilómetros que atravesaría parques nacionales y territorios indígenas. Colbún está solicitando tácitamente que el Estado se haga cargo de esas complejidades y de un golpe de soberanía, entendiendo soberanía bajo el concepto cuasi monárquico de autoridad de Jaime Guzmán que fundamenta la Constitución Política chilena. En términos simples, Colbún espera que el Estado pase por encima de la ley y los derechos de millones de personas (en este caso derechos de propiedad, aunque también derechos de comunidades indígenas, campesinas, vocaciones regionales acordadas a nivel local, por nombrar algunos ejemplos) en nombre de lo que ellos entienden por “interés nacional”. Es un golpe soberano de corte autoritario, ya que no implica ninguna deliberación democrática de lo que este vendría a ser, sino la definición de este “interés nacional” a puertas cerradas  y por unos pocos que ostentan el poder o están muy cerca de él.

El costo de la certeza en un caso como el de HidroAysén implicaría un golpe durísimo a la democracia y el descuartizamiento de la legalidad vigente. Ello sin contar con todos los potenciales riesgos implícitos en un megaproyecto como HidroAysén, muchos de los cuales han sido deliberadamente obviados por parte de las autoridades y la empresa durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, tal como lo sugiere la Comisión Investigadora que la Cámara de Diputados convocó para revisar el proceso de evaluación del proyecto.

A veinte años de la Cumbre de la Tierra y ad portas de una nueva cumbre en Río de Janeiro durante este mes de junio, las insinuaciones de Colbún a través de la familia Matte resuenan decimonónicas. Cuando la única certeza que tenemos es la incertidumbre, es materia de justicia evitar que se le concedan favores especiales a grupos que ya son abiertamente privilegiados. Una política energética democrática no se hace sólo con las empresas controladoras de la energía y expertos proclives a esas empresas como ha sido el modelo impulsado por el Gobierno actual y los anteriores. Ejemplo de lo anterior fue el rechazo de parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil a la Comisión Presidencial (CADE) convocada por Sebastián Piñera, motivando la constitución de una Comisión Ciudadana-Técnico-Parlamentaria (CCTP) paralela. Dado que el Gobierno se ha negado a escuchar e incorporar seriamente la visión de la CCTP, la Estrategia Nacional de Energía lanzada en febrero no es reconocida por nadie (ni siquiera Colbún) como realmente valiosa y vinculante.

La producción de energía es un problema público y de la mayor relevancia para la composición del mundo común, por lo que debe involucrar a todos aquellos que se sientan interpelados por las implicancias que ella pueda tener. En este sentido, la política de foros participativos que tuvo su estreno a gran escala en Río 1992, podría ser un buen punto de partida, con las necesarias modificaciones y adaptaciones, para las decisiones públicas de gran complejidad. El anterior es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y un método para mejorar la democracia y reducir riesgos. Incorporar la mayor cantidad de voces y perspectivas es el diseño al que nuestro sistema político debe responder y aspirar; renunciar a tales principios sería desistir ante el autoritarismo. Ojalá que por el bien de Chile, HidroAysén se quede en un pasado lejano, tan lejano y obsoleto como la mentalidad política de sus promotores.

Por Leonardo Valenzuela & Colombina Schaeffer

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