169 de la OIT: Entre la oportunidad y la desgracia


Uno de los elementos de derecho internacional que quizás haya impactado de forma más importante en Chile es la ratificación del convenio 169 de la OIT. Y no lo digo como una mera declaración de buenas palabras: sus efectos prácticos se han sentido como “catastróficos” para los empresarios, y “esperanzadores” para los grupos indígenas.

Por una parte, salta a la luz la actitud de algunos grupos empresariales, que manifiestan una clara preocupación respecto de cómo se va a aplicar el convenio:

“Conversamos también la preocupación del gobierno por el proceso de consulta a los pueblos indígenas, para inversiones que se realizarían en áreas de su propiedad o en los llamados territorios indígenas. Nosotros le manifestamos nuestra inquietud por súperposiciones por derechos de propiedad y también concernientes al agua” (Rafael Guilisasti, presidente Confederación de la Producción y el Comercio).[1]

Así también existe preocupación desde el lado de Sociedad Nacional de Minería, como lo expresa Alfredo Ovalle, presidente de la Sociedad Nacional de Minería[2].

“Este Convenio 169 afecta a toda la industria, a las empresas eléctricas, agrícolas y a la minería”.  

Por otra parte, por el lado indígena, existe una grado de esperanza importante en que este fallo ayudará a cambiar el tratamiento interno de la cuestión indígena, debido, principalmente, a que podría establecer nuevos parámetros para su tratamiento. Esto se demuestra en varios casos que se han llevado adelante. En este sentido, han sido emblemáticos los casos de la línea de transmisión Melipeuco-Freire y el Parque Eólico Chiloé, en los cuales se ha revertido su aprobación ambiental debido a que se aprobaron a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en vez de hacerse correctamente a través de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). También es conocido el hecho de que se haya revertido el proyecto El Morro, en el cual una comunidad indígena utilizó el argumento de que aprobación ambiental se hizo sin considerar la debida consulta, la cual es una obligación que impone el Convenio 169, en cualquier proyecto que pueda afectar el desarrollo de una comunidad indígena.

Es por esto, que este convenio internacional se ha convertido en un elemento de última instancia para revertir fallos, y darle mayor peso a algunos elementos presentes en la institucionalidad ambiental, la cual ha sido fuente de críticas debido a su falta de efectividad.

Todo esto, sin embargo, resulta problemático para algunos, debido a que pone en riesgo las proyecciones de inversión que el país tiene. Para muchos, los costos y la incertidumbre de hacer proyectos que pueden ser revocados posteriormente, limita las posibilidades de inversión futuras.

Por otro lado, para las comunidades, la ratificación del Convenio 169 ha significado la posibilidad de lograr mayores oportunidades de equiparar las diferencias de poder, y lograr sostener un modelo de desarrollo basado en la idea de establecer un diálogo basado, en primer lugar, en sus necesidades propias. En esta línea, la aplicación del Convenio se entendería como una posibilidad de lograr eficientemente un nivel de desarrollo, que de involucrar a comunidades indígenas, implica un consentimiento libre e informado de su parte, que beneficie a todos. Ya que de no ser esa la voluntad de las partes, o de no ser posible llegar a un entendimiento, les otorga a ellos un posible derecho a “veto”, que significa la obstrucción de la realización del proyecto hasta que ellos sean integrados totalmente.

Esto es visto de parte del sector empresarial como una posibilidad de aprovechamiento, para que las comunidades indígenas puedan establecer sus propios estándares, lo que generaría un beneficio totalmente desbalanceado a favor de ellos.

Así las cosas, la aplicación del Convenio 169 ya da alarmas de que su aplicación puede no ser beneficiosa. Desde un lado, se ha podido ver cómo algunos sectores empresariales comienzan a presionar para que la institucionalidad chilena sea más clara en cuanto a establecer directrices en su política ambiental, como ha sido el caso de revertir la decisión de seguir adelante con el proyecto de la línea de transmisión de HidroAysén, que es uno de los proyectos emblemáticos de Chile.

Desde otro lado, la aplicación del Convenio 169 es visto por las comunidades indígenas como un logro, donde es posible detener algunos proyecto de desarrollo económico, y de esa manera, tener más poder para establecer sus propias negociaciones.  Algunas otras comunidades indígenas ven este Convenio como una posibilidad de aplicar lo que se llama la predisposición del consentimiento libre e informado (CLI), donde una de las partes es capaz de ceder a otra su consentimiento a que se explote un territorio que tiene predominancia indígena, siempre y cuando se establezcan los mecanismos adecuados de libertad e información.

De esta manera, tal y como se configura actualmente el Convenio 169 en Chile, su aplicación puede constituirse como un tira y afloja desde una parte y otra, que puede tener un mal pronóstico. Por un lado, los empresarios se asustan de que más que una herramienta, el Convenio se convierta en un instrumento para que una de las partes establezca su posición, mientras que las comunidades indígenas se ven obligadas a utilizar este instrumento como recurso para que los proyectos puedan incorporar sus opiniones.

El 169 sin duda es una herramienta que, basándose en el CLI, podría provocar un mayor empoderamiento de las comunidades indígenas en cuanto permite aumentar su poder de negociación. Vale la pena preguntarse si es que esto es un mecanismo que abre el camino al diálogo, o lo cierra aun más.

Hay que evitar la posibilidad de que la aplicación de este Convenio cierre puertas, en el sentido de que sea una obstrucción comunicacional entre los dos mundos, lo que significa que debe ser una instancia que sirva para aprovecharse como incentivo a otras políticas públicas que disminuyan el racismo existente. El 169 debe aplicarse con el fin de que las personas indígenas logren un desarrollo económico-social basado en su propia cosmovisión, adoptando ideas de nuestro modelo de desarrollo, y para que las personas cristianas occidentales logremos un desarrollo-económico social que logre superar muchas de sus problemáticas en base al modo de vida indígena. El 169 bien aprovechado puede servir de base a esto. Pero si por el contrario, se utiliza como una bandera de lucha terminará siendo vista como un mecanismo inservible.

El 169 debe ser utilizado para establecer un mecanismo de desarrollo que se aplique en todas las esferas de la sociedad en que se pueda aplicar, independiente de los sectores que se trate. En el ámbito urbano también existen potenciales para su uso, e incluso a nivel comunitario, político-partidista, empresarial. Generar una acción de diálogo con aquellos que participan, que tienen derechos legítimos sobre los recursos naturales, la tierra, la propiedad, el trabajo o la base intelectual o cultural, es también generar esta especie de consenso entre las esferas. Es un paso para el ejercicio de la deliberación y autonomía de los pueblos, pero que no puede ni debe confundirse con la imposición de una de las partes.

Por Francisco Nomez 

Fotografía por Fotos Gov/Ba


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