Los residuos de la CASEN


Ya a varios días de la publicación de la estadística agregada del nivel de pobreza en Chile, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 2011, han surgido diferentes voces que o bien ponen duda, o bien celebran sus resultados. Así, mientras el gobierno de centroderecha -a través de la vocería de Chadwick, las declaraciones del Presidente Piñera y el reportaje al Ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín- celebraba estas cifras como indicador de la efectividad de sus intervenciones en materia de políticas sociales (mayormente subsidios a la extrema pobreza) y políticas de creación de empleo (muchas veces precarios); diversos actores de la oposición, la academia y el mundo de las ONG cuestionaban la metodología utilizada -que básicamente es la misma ocupada en mediciones anteriores, pero aplicada por otra institución- y, sobre todo, el uso político de la información.

A menos de una semana que se aprobara la Ley de Salario Mínimo en $193.000, se hizo esperar la presentación de los resultados de las mediciones de pobreza. Desde una mirada estratégica, lo anterior fue bastante inteligente, pues si en Chile las familias tienen en promedio 3,5 miembros y la línea de pobreza urbana se define en los $72.000 mensuales per cápita; en una familia tipo con solo un trabajador remunerado se necesitarían $252.000 mensuales para cubrir las necesidades básicas para vivir y no solo $193.000. Por lo tanto, de no haber retrasado la difusión de la información acerca de las 4.483.777 personas que aún viven en la pobreza pese al crecimiento económico, se habría contado con un buen argumento para aumentar el salario mínimo. Esto, ya que solo disminuyó la población indigente entre el 2009 y el 2011, pero no los niveles de pobreza no indigente, los cuales se estancaron. Por esto Soledad Arellano, subsecretaria de Desarrollo Social, declaró que “lo que ha salido en algunos portales y la información que está saliendo es que el número de pobres no indigentes, el subconjunto que vive en pobreza pero no están bajo la línea de la extrema pobreza, se mantuvo estadísticamente estable entre la Casen 2009 y 2011”.

A este uso político se le suma el hecho que los resultados se presentaran sin el margen de error. En términos simples, éste es el resguardo estadístico para decir que dos datos de pobreza pueden en efecto no diferir en la realidad (no hay menos población bajo la línea de pobreza), sino que el dato difiere dados los procedimientos de recolección de información. La verdad es que esta situación parece impresentable, si se entiende que el principal lente con que el Estado observa la efectividad de sus políticas y vuelve materia de intervención alguna situación son las estadísticas.

Ahora bien, quisiera ser positiva y pensar que es bueno que los niveles de indigencia hayan disminuido, y que con esto, cerca de 620 mil personas vivan con más de $36.000 mensuales (aunque menos de $72.000), “porque son las personas que moralmente más tenemos que ayudar”, como sostuvo Joaquín Lavín en una entrevista a El Mercurio el domingo recién pasado. Pero el problema salta a la vista. Todos sabemos que la pobreza no podemos medirla solo de acuerdo a los ingresos, o la capacidad de consumo de las familias que es lo mismo, sino que necesitamos optar por otros enfoques, que también se refieran a las condiciones de educación, salud, medioambiente y uso del tiempo libre, entre otros elementos. La contrapartida de este cambio es que los gobiernos no van a poder compararse con sus predecesores si se cambia una metodología que lleva más de 20 años inalterada, como tampoco podrían hacerse comparaciones en la academia.

Sin embargo, pienso que el costo hay que asumirlo. Como sostiene Verónica Monroy, Directora Social del Hogar de Cristo, “mientras sigamos entendiendo la pobreza solo en términos monetarios no estaremos respondiendo a los complejos desafíos que ella nos plantea, las problemáticas de la exclusión no solo se basan en cuestiones económicas”. Y en esto entra la idea de vulnerabilidad como distinción analítica que ya todos conocemos, pues no porque una familia tenga $1.000 más al mes, será menos pobre.

Para explicarme, les presento un caso. Blanca es una mujer que vive llegando a Puente Alto junto a su marido y una hija. Trabaja por el salario mínimo, mientras que su marido trabaja de vendedor ambulante de frutas y verduras. Ellos como familia ganan un poco más del sueldo mínimo, por lo que la CASEN no los consideraría pobres, como tampoco lo hace la Ficha de Protección Social. Por esto, la familia de Blanca no es beneficiaria de la mayoría de los subsidios monetarios que entrega el Estado.

Blanca se siente abandonada por el Estado, y mientras trabajo me comenta con frecuencia preguntas como las siguientes: “¿ha visto todos los bonos y subsidios que le entregan a los pobres? ¿Ha visto todas las platas que se entregan de forma corrupta a personas que no la necesitan? ¿Usted sabe cuánto ganan los diputados y senadores?”. Blanca lee el diario que llega a mi oficina todos los días, y cada vez se siente más indignada por no recibir nada, por ser casi invisible para la política social. Ella es parte del 85% de población que se atiende en el sistema de salud público. Ella nota cómo le descuentan todos los meses más de 13% de sus ingresos sin recibir ayuda cuando la ha necesitado. Con esto, Blanca no sólo se siente pobre, se siente desamparada.

Pensando en Blanca me pregunto: ¿cómo podemos superar la condición de vulnerabilidad de millones de familias, que ante cualquier eventualidad o crisis externa, vuelve a vivir con lo mínimo o menos de eso? En otras palabras, ¿cómo nos hacemos cargo de aquellas condiciones mínimas para bienestar de las personas? Esto no pasa por agudizar más o menos la mirada respecto a las mediciones de pobreza, ni si quiera si las medimos según el Enfoque de Capacidades que propone la Economía del Bienestar. Porque el asunto no se trata de medir sino de hacernos cargo de la exclusión que origina nuestro sistema económico y consolida nuestra política social. A mi juicio, las estadísticas de la CASEN, más allá de ser un insumo útil para las ciencias sociales, lo que mejor ocasiona es fomentar una mirada residual respecto a la intervención del Estado para el logro del bienestar de las personas.

El gobierno y varios académicos sostienen que las políticas de fomento del empleo son la mejor forma comprobada de disminuir la pobreza y conseguir estabilidad económica. Esta es una mirada centrada en la productividad y la creación de ingresos, sobre todo cuando se entregan 680.000 empleos en dos años, oportunidades laborales gobernadas por la precariedad de los salarios y la inestabilidad de los contratos. Sin embargo, esa no es una mirada centrada en el bienestar de las personas y sus familias, sino un enfoque residual que se preocupa de los excluidos del mercado del trabajo. Como mucha gente siente y piensa, quizás haya que preocuparse también de avanzan en políticas universales, para que personas como Blanca no se sigan sintiendo desamparadas. Por ejemplo, podríamos mejorar las condiciones de salud de las personas para hacer más llevadero el día a día y sus 45 horas de trabajo por semana, con un sistema que no extrangule el presupuesto familiar en base a deudas cada vez que se quiera obtener una atención médica expedita y de calidad.

 

María Ignacia Arteaga

Socióloga

Foto de Malaimagen

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