Verdeseo

¿Carretera Eléctrica Pública?


El anuncio del Presidente Sebastián Piñera de considerar la construcción de una “carretera eléctrica pública” en el discurso del 21 de mayo del 2011 generó, ya entonces, preocupación y controversia. El proyecto HidroAysén había sido recientemente aprobado, y la ola de descontento desencadenada hizo sospechar de las intenciones del anuncio. Para muchos, esta iniciativa implicaba seguir confeccionándole “un traje a la medida a HidroAysén”, ya que si el proyecto de las represas despertaba tanta resistencia en la ciudadanía, la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la línea de transmisión (ambos proyectos se presentaron por separado) parecía casi imposible. Como señaló Francesca Brautigam: “los riesgos no son sólo naturales, porque esta iniciativa permite proyectar miles de kilómetros de conflictos sociales (…). Son miles de kilómetros de posible militarización”.

Sin embargo, y hasta la reciente recomendación de Colbún a HidroAysén de no ingresar el EIA de la línea de transmisión porque no estaban las condiciones necesarias para seguir adelante con el proyecto, el tema de la “carretera eléctrica” había pasado un poco al olvido. En el Congreso, los distintos Ministros de Energía (ya van cinco a la fecha) intentaron aprobar algunos cambios a la ley de concesiones eléctricas, pero sin mucho éxito. Fue el anuncio de Colbún el que generó una rápida reacción del parte Gobierno para responder a lo que se leyó, según varios especialistas, como un llamado al orden desde el sector eléctrico (y privado). Una suerte de tirón de orejas. Se sucederían luego una serie de reuniones en La Moneda con el empresariado y una cita a lo que se denominó la “Cumbre Eléctrica”. Finalmente, a finales de agosto, el Ejecutivo envió el proyecto de ley de la “carretera eléctrica” al Congreso, cuyo borrador, cabe destacar, fue previamente revisado por el sector privado.

Muchas son las aristas del problema y la discusión. Varias han sido tratadas y debatidas por organizaciones y ciudadanos. La que me interesa particularmente tiene que ver con la importancia de la controversia en torno a HidroAysén y el actuar de organizaciones y personas que se oponen a dicho proyecto. Uno de los temas centrales de la discusión en torno a HidroAysén ha sido la necesidad de la energía que el proyecto inyectaría al sistema, así como el modelo en que se basa elegir ese tipo de energía y no otra. El movimiento ambiental y ciudadano ha destacado, en documentos como el elaborado por la Comisión Ciudadana-Técnico-Parlamentaria (CCTP), que el problema no es solo HidroAysén, Castilla o Barrancones; el problema se referiría también al modelo energético chileno. Este modelo funciona con ciertos supuestos y metodologías que hacen, en la práctica, más barato producir energía concentradamente, ya que es muy difícil que entren al sistema nuevos actores o actores más pequeños; suciamente, en el sentido de que bajo el esquema actual nacional y mundial, los combustibles fósiles siguen siendo más baratos, aunque cada vez menos, que otras fuentes de energía; y sin considerar otro tipo de costos, ya que los costos sociales y ambientales de instalar, por ejemplo, una termoeléctrica, son socializados, pero no internalizados por la empresa generadora. Otros estudios, por ejemplo los de Carl Bauer, demuestran que la hidroelectricidad en Chile está subsidiada de manera importante por el marco jurídico que nos rige desde 1980, ya que el agua fue entregada de forma gratuita a las empresas generadoras.

Existe así una suerte de status quo que requeriría ser modificado o reformado en caso de querer, por ejemplo, que otros tipos de energía puedan competir en iguales términos que las actuales energías convencionales. Lo anterior impone el peso del cambio y la prueba en quienes no están amparados por el modelo actual. El status quo favorece ciertos proyectos y no otros, y la misma construcción de esos proyectos y no otros hace que las posibles alternativas se hagan más difíciles a medida que las posibilidades se acotan (por ejemplo, a través de suplir toda la demanda con esas energías convencionales). Lo anterior se relaciona también con que el cambio implica y requiere de consensos políticos en el Ejecutivo y Legislativo para cambiar las reglas del juego.

Bajo este escenario, la necesidad de modificar nuestro entramado legal e institucional para contar con esta “carretera eléctrica” permite vislumbrar que incluso bajo las actuales reglas del juego, los proyectos que se entienden como convencionales (por ejemplo, HidroAysén) también necesitan de un empuje institucional y político. Esto no siempre es evidente. Sin embargo, la controversia por HidroAysén ha abierto la caja negra de cómo funciona el mercado y la institucionalidad energética en Chile, dejando al descubierto el trabajo de variadas leyes, expertos, políticos, entre otros actores, para que este mercado pueda funcionar. En pocas palabras, se vuelve más evidente que el status quo no es el único posible ni que tampoco es “natural”, sino que lo decidimos día a día.

La “carretera eléctrica” necesita entonces de consenso político y reformas. HidroAysén necesita la “carretera eléctrica”. Por más que se asegure que no es un “traje a la medida” para ese proyecto particular, nos queda claro que hay que tomar decisiones y que las reglas del juego deben ser cambiadas tanto para uno como para otro escenario. Se vuelve entonces más evidente que otras reformas como las planteadas por la CCTP son igualmente factibles (ver el informe de la CCTP para el detalle de las propuestas concretas) si lo que queremos es fomentar la eficiencia energética y las energías renovables en serio. Y si hacemos estos otros ajustes, ¿necesitaremos HidroAysén? ¿Será tan cara la energía? Algunos expertos señalan que no necesariamente. Por ende, si de hacer ajustes se trata, ¿bajo qué argumento nuestro Gobierno se atribuye el derecho de tomar este tipo de decisiones sin consultarle a nadie más que a las empresas involucradas?

Por Colombina Schaeffer

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