Verdeseo

La ciencia que Chile merece


El anuncio del ministro Longueira de trasladar la institucionalidad de CONICYT al Ministerio de Economía es un paso equivocado. Sin embargo, la posición actual de este organismo en el Ministerio de Educación no es mucho más privilegiada. Ha llegado la hora de darle a la producción científica un espacio relevante en la política nacional.

El ministro Longueira dio a conocer los pasos que el gobierno se encuentra adoptando con el fin de trasladar la institucionalidad de CONICYT al Ministerio de Economía desde el Ministerio de Educación. Tal anuncio generó un amplio rechazo desde diferentes gremios asociados al desarrollo de la ciencia en Chile, y hasta el Ministro de Educación salió a manifestar su desacuerdo con una medida de tales características. En general, la motivación de las críticas se centró en una oposición entre la asignación de recursos con una mirada de corto plazo asociada con una lógica de mercado, y una de largo plazo asociada con generar una institucionalidad propia para el desarrollo científico.

El anuncio de Longueira, asociado a un mandato del Presidente Piñera, no hace sino dejar en claro el limitado entendimiento que el gobierno de Chile posee actualmente en términos de la significancia del desarrollo científico. Pretender dejar la institucionalidad científica en el Ministerio de Economía con el fin de favorecer la inversión en investigación aplicada, desconoce el aporte de la ciencia básica como patrimonio nacional y como pieza fundamental de la innovación.

Pero tal desconocimiento no es del todo ingenuo y se alinea con la ideología del gobierno, puesto que al priorizar el financiamiento de ciencia aplicada, se incurre en una suerte de subsidio al sector empresarial, el cual se caracteriza por su bajísima inversión en investigación y desarrollo. Hacer ciencia aplicada implica dar respuestas a problemas contingentes, usualmente en materia productiva. La definición de tales preguntas se asocia con el escenario productivo actual y en muy baja medida se podría esperar un retorno público al no existir una política científica nacional sustantiva.

La política científica chilena se funda en financiar la investigación científica y en formar capital humano, sin embargo, no existe una definición estratégica de áreas prioritarias de investigación, ni una relación de cooperación visible y explícita entre la producción científica nacional y la elaboración de políticas públicas o el trabajo legislativo. El trabajo científico es un invitado clandestino en la formación de la nación, donde los tomadores de decisiones prefieren decidir a ciegas en lugar de ver sus convicciones políticas desafiadas por otras formas de conocimiento muchas veces más rigurosos. No quiero decir que las ciencias deberían definir las controversias políticas, pero sin duda deberían al menos jugar un rol explícito en ellas.

El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, una extraña entelequia de la Constitución de 1980, se lo debemos en parte al trabajo del CONICYT, que por aquellos años aún conservaba el rol consultivo para el cual fue creado en 1967. La presentación del trabajo realizado en los años anteriores al Golpe de Estado de 1973, particularmente con miras a la Cumbre del Medio Ambiente Humano de Estocolmo en 1972, sirvió de base para el trabajo de diseño constitucional de la Comisión Ortúzar. Sin embargo, fue la misma dictadura la que posteriormente convirtió al CONICYT en un mero administrador de recursos con el DFL 33 de 1981, y ciertamente el desdén de los gobiernos siguientes perpetuaron esta figura.

Las propuestas que apuntan a la creación de un ministerio específico para la ciencia y la investigación hacen eco de una carencia concreta del país, un déficit que nos hace siempre estar parados sobre aguas turbulentas por la negativa a siquiera intentar definir las coordenadas de un mundo en común. Si bien un ministerio no sería la panacea ni la solución definitiva, sin duda se convertiría en un gran aporte en un momento en que el litio, las energía renovables, los organismos genéticamente modificados, el cambio climático o la contaminación extrema no hacen sino reventar las capacidades de un estado que pretende tomar decisiones a ciegas.

Leonardo Valenzuela

  1. Ignacia Arteaga

    El problema es que esa idea puede verse como inconsistencia justamente respecto al rol que juega el juicio científico en las controversias que son políticas. Juicio científico que se ha usado para excluir a la ciudadanía de las discusiones en materias ambientales e incluso sociales. ¿Te haces cargo de eso?

    • Leonardo Valenzuela

      El juicio científico es uno más entre otros, no debe ser la última palabra. Cerrar los debates usando lo “técnico” como argumento me parece sumamente anti democrático. El punto es que las ciencias conforman un tipo muy particular de discurso del cual no se puede prescindir a menos que tengas la cabeza tan caliente como gran parte de la elite que prefiere que el mundo se caiga a pedazos antes de tener que aceptar la fragilidad de sus visiones del mundo.

  2. Colombina

    Siguiendo con la discusion iniciada por Ignacia, algo que me llama la atencion de Chile es que las controversias muchas veces ni siquiera invocan a la ciencia entendida de forma tradicional. Hay una suerte de tecnocracia, pero es mas bien tecnocracia “politica” o “gubernamental”. Por ejemplo, en el caso de la discusion entre el CADE (Comision del Gobierno para temas energeticos) y la CCTP (Comision Ciudadana surgida como respuesta al CADE y a la aprobacion de HidroAysen), el Gobierno cito a “expertos” que mas que expertos en materias energeticas, eran expertos en tener puestos como directores de electricas, asesores del gobierno, etc. En general, los “expertos cientificos” (contra los cuales se pelea en muchas controversias) se distinguen de los politicos. Asi, en Francia, por ejemplo, el tema de la energia nuclear tiene a expertos en energia nuclear en el gobierno, a los politicos y a los ciudadanos. Pero a la hora de hacer una politica publica, no se considera “experto” a ese politico, sino que a los ingenieros que trabajan concretamente en energia nuclear. En Chile, en cambio, tener un Master en Administracion Publica de Harvard o alguna universidad estadounidense conocida te hace experto en cualquier cosa, y te sientan en todas esas comisisones a opinar sobre variados temas. Ambos son modelos tecnocraticos, pero encuentro interesante el modelo chileno, ya que muchas veces los cientificos que estan haciendo investigacion en los temas (a favor y en contra respecto de distintos temas) son tambien excluidos de la discusion. No digo que esto no pase en otras partes del mundo, pero me llama la atencion el poco intento siquiera de fundar lo que se dice en alguna suerte de investigacion mas acabada.

  3. Alexander

    Estoy de acuerdo con la columna y rescato: ”Pero tal desconocimiento no es del todo ingenuo y se alinea con la ideología del gobierno”. Por lo que no me extraña que pase lo que pase y al menos son consistentes con su ideas. Otra cosa es que sus ideas sean injustas.

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