Estrategia Nacional de (Energía) Mentira


 El Gobierno se empeña en seguir la premisa de quien pega primero pega dos veces.   No importa si para golpear deba mentir, lo importante es noquear al espectador con anuncios, fintas y artificios. Donde esta argucia comunicacional ha alcanzado ribetes   épicos es en el ámbito energético. Es tal el contraste entre anuncios y actos, entre discursos e iniciativas, que si la investidura presidencial abarcase las promesas, ciertamente el Presidente estaría hace tiempo condenado por perjurio.

Desde la campaña presidencial, Piñera quiso desmarcarse del sello carbonero del gobierno anterior y abrazó el impulso de las energías limpias y renovables como objetivo de su gobierno. La Ley 20.257, promulgada el año 2008, que promueve la inserción de energías renovables no convencionales (ERNC) y que obliga a los comercializadores de energía a incorporar un 10% de ERNC para el año 2024, resultaba demodé al lado del entusiasmo presidencial. Éste llegó a anunciar en su primera cuenta pública el 2010 que remplazaría la actual meta por un 20% en base a ERNC para el año 2020. No pasó mucho tiempo para atestiguar la feble memoria de nuestra máxima autoridad. Tuvieron que ser los senadores, algunos de ellos oficialistas, quienes ante el silencio legislativo que siguiera al anuncio presentaran el Proyecto de Ley 20/20.

Se hizo patente que la falta de una política energética era un escollo para avanzar en iniciativas puntuales. Tal vez con la intención de preparar una propuesta colegiada, el Gobierno se puso a coleccionar Ministros de Energía. Como sea, se dio maña para formular la Estrategia Nacional de Energía 2012-2030. Esta estrategia expone los grandes ejes de la política energética de los próximos 20 años. Al igual que en los discursos de campaña, el impulso decidido a las ERNC ocupó un lugar preponderante. Se esbozaron nuevas medidas y perfeccionamientos: licitaciones, identificación de terrenos susceptibles, instrumentos de financiamiento y una estrategia diferenciada por tecnología. Se habló incluso de la posibilidad de gravar las emisiones de CO2 como desincentivo para las tecnologías más contaminantes (¿o debiera decir molestas?), y de paso nivelar la cancha para fuentes más limpias. Algunos pensamos que se avanzaba en la dirección correcta para terminar con el subsidio al carbón y de paso alcanzar la meta del 20% en base a ERNC.

Pero el 20% ya no era parte del “portafolio” del gobierno. En paralelo al desarrollo de la Estrategia Nacional de Energía se creó la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE). Su labor, desde antes de la entrega de la Estrategia, consistió en aterrizar los nuevos ejes y salvaguardar los intereses sectoriales. No por nada la mayoría de los miembros están vinculados a la industria eléctrica o bien son ex autoridades del rubro, que para el caso son lo mismo. De acuerdo a estos expertos, una meta así de ambiciosa (20/20) que viniera a alterar la hegemonía del oligopolio eléctrico (90% en manos de 3 compañías), subiría los costos de la energía. Aún así, consideraron extemporáneo el 10% establecido en la ley y recomendaron subirlo a 15%.

El idilio verde comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes; sobre la mesa una ruma de comodines y cartas marcadas nos recordaron quién manda en este juego. Pero fueron las declaraciones e intervenciones de las últimas semanas las que terminaron por despejar cualquier duda sobre la real filiación de Piñera y redefinieron la vacuidad oficial de la palabra compromiso. El gobierno no sólo borra con el codo lo que anuncia con altoparlantes, sino que se empeña en hacer exactamente lo contrario de lo que predica.

Prueba de ello fue la intervención y defensa a brazo torcidode Castilla e HidroAysén; la alfombra roja para el cartel eléctrico no bien golpearan la mesa; y el proyecto de carretera eléctrica pública a la talla de HidroAysén (para esto les sirve lo público, para el resto del negocio vade retro Estado-Satán). En pocos meses vimos cómo los poderes fácticos rayaron una vez más la cancha e iniciaron un despliegue comunicacional comparable a las campañas de terror y desinformación vividas en dictadura. De presidente a paje la advertencia se repetía como un mantra: de no aprobarse en forma expedita los grandes proyectos energéticos dilapidaríamos nuestro gigantesco potencial minero y por ende nuestra capacidad de desarrollo. Como si esto fuera poco, el sábado 29 de septiembre una cumbre entre gobierno y empresarios mineros y eléctricos tuvo por objeto delinear las medidas que terminen de una vez con las trabas que aquejan a su alicaído sector.

En un acto que raya en el absolutismo, la ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez, mandatada por el Presidente, tildó de erróneo el fallo de la Corte Suprema que revocara el permiso ambiental a Castilla. Más allá de la rabia por no salirse con la suya con un proyecto que tenía la venia y firma del Gobierno, la cruzada contra la judicialización busca evitar perder poder. Nuestro presidencialismo extremo no quiere compartir el monopolio sobre la decisión de los proyectos. Lo más insólito de las críticas al fallo que inundaron la prensa, es que ni por decencia mencionaron la manipulación que reiteradamente sufre la instancia técnica cuando sus conclusiones se apartan del libreto. Es esta la vergüenza que arrastra la institucionalidad ambiental y no otra.

Si la descarada intervención se transformó en el sello de la política ambiental de este gobierno, el discurso de doble fondo caracteriza a la política energética. De esta forma, no se escuchó más hablar de los impuestos al CO2, desaparecieron de la reforma tributaria al igual como se esfumaron los compromisos de reducción de emisiones y los fondos e instrumentos CORFO para el fomento a las ERNC. Nos acercamos a cumplir un año desde la promulgación de la Ley de net-metering y aún no contamos con el reglamento que la operativice.

El telón para las ERNC cayó el viernes 14 de septiembre. En una presentación realizada en el Senado, el actual Ministro de Energía, Jorge Bunster, señaló que el 20% en base a ERNC para el año 2020 no era realista y que sólo cabe trabajar sobre la antigua meta del 10% para el año 2024. Cuesta entender el momento para este anuncio, habiendo más 2.000 MW en base a ERNC aprobados y que por problemas de acceso técnico y financiero no pueden ver la luz. Usar la misma meta añeja cuando las energías limpias han alcanzado la madurez tecnológica es ir al revés del mundo. Más aún, despreciar estas fuentes cuando tenemos las condiciones naturales más fantásticas del mundo y cuando los precios de la energía producida son totalmente competitivos llama a la sospecha.

No se entiende que por un lado se llore el déficit eléctrico y por otro se cierren las puertas a las ERNC.  Por qué se nos quiere convencer que la única forma de energía posible debe provenir de megaproyectos. Quién se beneficia con que las ERNC no ingresen, o bien, qué poder tienen quienes buscan retrasar su entrada.

El gobierno debiera actuar como garante ante los bancos como ocurre en otros países o como pasó aquí mismo con las concesiones de obras viales. Si es la minería y no el consumo residencial quien empuja la demanda, ¿por qué no se les exige que incorporen un porcentaje de ERNC a su pool eléctrico? Pero a esta altura, pedirle nuevos objetivos e instrumentos a este gobierno es ser obstinado o derechamente masoquista. Bastaría con pedirle que cumpla alguna de sus promesas. De lo contrario, será recordado como el gobierno más falaz y mentiroso de la historia democrática del país.

Nesko Kuzmicic

Biólogo Marino

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