¿Quién corta (y reparte) el queque?


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En las últimas semanas se ha discutido intensamente en torno a la aprobación de la Ley de Pesca, primero en el Senado, y ahora en la Cámara de Diputados. La discusión se ha organizado a partir de distintos ejes y preocupaciones que ilustran lo complejo del tema, así como los variados matices, posiciones e involucrados. Una campaña liderada por organizaciones como Greenpeace se enfocó (y logró) importantes avances en lo que ellos mismos denominan “materias ambientales y de sustentabilidad”. Así, se adoptó en la ley el objetivo de conservación (y su evaluación periódica, cada 5 años), incluyendo el “principio precautorio” y el “enfoque ecosistémico” en la definición de la política pesquera. Otro punto destacado y sumamente relevante es que se definió que será el criterio científico el que determine la cuota de pesca, el cual además será vinculante.

Sin embargo, y a pesar de los importante avances, incluso Greenpeace destaca en un comunicado aspectos muy relevantes que han quedado pendientes y no están resueltos, particularmente respecto de la competitividad en el sector (es decir, la concentración en pocas manos de los recursos marinos). La controversia se ha centrado entonces en la forma en que la torta se debería distribuir. La ley contempla la existencia de licencias renovables cada 20 años, y mucho del debate ha girado en torno a lo que algunos sectores denominan (y entienden como) “derechos históricos”. El problema de dicho criterio es que se basa en cuánto ha sacado del mar cada sector -industrial, artesanal, etc.- desde 1991, sin considerar el punto de partida de cada uno (ya que por definición un buque factoría puede sacar muchos más peces que un pescador artesanal), proyectando a futuro esa cuota. Lo relevante aquí es que esa cuota se proyecta en el tiempo y pasa de ser una autorización para pescar a ser un derecho. Es la ley del más fuerte en su máxima expresión, pues si uno pudo sacar más peces que el resto porque tenía las condiciones para hacerlo, el paso del tiempo transformaría esa capacidad en un derecho.

Así, el debate sigue en pie. La ley volvió a la Cámara de Diputados para discutir las modificaciones del Senado, y luego debe pasar por una Comisión Mixta. Entre los parlamentarios que se han pronunciado, está Horvath, Lagos Weber y Alejandro Navarro. De acuerdo al senador Antonio Horvath, la ley fue modificada de manera importante en la discusión. Por ejemplo, el 55% de la licitación será para la pesca artesanal y el 45% para la industrial. También mencionó la creación de una “plataforma social”, la que era una demanda del sector artesanal. Sin embargo, para otros senadores como Ricardo Lagos Weber, existiría “letra chica” en la ley, ya que el único requisito para renovar las licencias es que se cumpla la ley, por ende, la renovación en la práctica será indefinida, para siempre. Lagos Weber también señala que “el porcentaje de cuota de las actuales empresas no puede disminuir más del 15% de la participación original”. Finalmente, cabe destacar los dichos del senador Alejandro Navarro, quien señaló que en la tramitación de esta ley no se respetó el Convenio 169 sobre consulta a los pueblos originarios.

En función de lo expuesto hasta ahora, me gustaría destacar algunas reflexiones que son importantes no solo para la discusión sobre esta ley en particular, sino que en general a la hora de legislar y administrar recursos de todo tipo. En primer lugar, no hay perder de vista  que este tipo de debates se ha hecho común en Chile en los últimos años. Ellos están muy relacionados con la distribución de recursos, en este caso de “bienes” (peces), pero en otros casos puede también ser de “males” (pensemos en la contaminación en Puchuncaví). Si bien la discusión se ha centrado en una suerte de tira y afloja entre artesanales versus industriales, cabe preguntarse, como lo hace Alejandra Mancilla en La Prensa Austral, por los fundamentos para distribuir de una u otra manera. Por eso mismo, la discusión sobre las licitaciones a 20 años y su renovación no es trivial.

En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, los logros en materias ambientales y de sustentabilidad hacen más complejo el escenario y análisis. Observamos cómo algunas voces (la de grupos expertos, ciudadanos organizados, ONGs) lograron ser escuchadas y reconocidas, para el bien del mar y todas las chilenas y chilenos. Esto me parece importante y el trabajo de organizaciones como Greenpeace debe ser destacado en esa dirección. Sin embargo, la tarea no termina allí, ya que hay muchas otras voces que también ameritan ser escuchadas, y esto, nuevamente, repercute en cómo distribuiremos la torta, pero también en el mismo objetivo de conservación y sustentabilidad.

En este sentido, la concentración en pocas manos hará más difícil una correcta aplicación de la ley, no quedando muy claro, por ejemplo, cómo se fijarán las cuotas de pesca si al mismo tiempo se compromete que el porcentaje de cuota de las actuales empresas no puede disminuir más del 15% de la participación original. Habrá conflictos entonces y nuevos debates en torno al criterio científico vinculante. Por lo mismo, más que cerrar aquí el debate, es importante empezar a pensar ya en mecanismos para resolverlos. Y es algo que por lo general en Chile no se hace al legislar. Pensemos en el Convenio 169 y la consulta a los pueblos originarios, cuestión no tratada en su momento y que en este mismo debate vuelve surgir.

Me parece entonces que el Congreso en Chile no está “dando el ancho”, ya que en general los debates se mantienen en un ámbito bastante reducido (y lamentablemente, las afiliaciones y compromisos no transparentes y por lo menos irregulares de parlamentarios con partes interesadas y poderosas no ayuda a mejorar este debate), y en una lógica más reactiva que proactiva. Dejo abierta la pregunta por el lugar más apropiado para tener estas instancias. Quizás no es ni sea ya el Congreso. Sin embargo, hacen falta.

Colombina Schaeffer

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