La caricatura de la judicialización


El 16 de octubre recién pasado, en la Cena Anual de la Industria organizada por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), el presidente de esa entidad, Hermann von Mühlenbrock, realizó un discurso con la autocomplacencia y prepotencia característica de su sector, delineó una perspectiva en torno a la situación actual de Chile. De ese discurso hay dos elementos que quiero revisar con más detalle, específicamente, y en primer lugar, la visión que pretende situar a los empresarios como héroes nacionales. En segundo lugar, y quizás aún más relevante para los tiempos que vivimos, quiero destacar la idea de que oponerse a un mal proyecto es un acto ilegítimo, o parte de una suerte de conspiración; asunto que los grandes empresarios se han empeñado en denominar ‘judicialización’ con el fin de salpicar con su pataleta al poder judicial.

La caracterización heroica de los empresarios se funda en gran medida en que ellos cumplen el rol de ser la cara visible del modelo económico-político contemporáneo. Sus éxitos, sus preocupaciones, sus sensibilidades son un reflejo de aquello en lo que el modelo se va convirtiendo. Hoy, el tono que adoptan los grandes empresarios chilenos se encuentra entre la victimización y la amenaza: victimización expresada a través de pataletas frente a la mirada crecientemente negativa que se ha formado respecto de ellos y del “modelo”, y amenaza a través de sus campañas del terror enfocadas a advertir del desastre que significaría poner en tela de juicio el status quo.

Es importante preguntarse de qué clase de héroes estamos hablando. Gente como Horst Paulmann nos dirán que gracias a los empresarios no andamos en burro y tenemos Costanera Center. Básicamente, el discurso apunta a que la innovación y la creatividad son un resultado del espíritu empresarial. El punto sería que la creación crea sus propias condiciones de existencia y así nos vemos bloqueados por patrones específicos de avance material. La mirada teleológica compartida por muchos empresarios apunta al reconocimiento de que ellos brindan soluciones a problemas de la humanidad, pero si pensamos más a fondo muchas de esas soluciones crean más problemas en un espiral interminable de producción y consumo. Despreciar lo “tradicional” en nombre del progreso muchas veces no es más que el intento por alejarse de la propia pequeñez a través de la ilusión del control. Destruir en nombre de necesidades contingentes como pretenden algunos con la Patagonia es un claro ejemplo de esa clase de conducta. El progreso de la humanidad no es una función de la acumulación de innovación o riqueza, sino que tiene más que ver con la capacidad de facilitar colectivamente que podamos vivir con autonomía. Si bien el progreso material puede ser importante para ello, bajo ninguna perspectiva es la base del desarrollo humano.

No quiero plantear que ser empresario es una cuestión intrínsecamente mala, ni que todos los empresarios chilenos sean malos. Bajo las condiciones actuales del mundo el rol del empresario es necesario. Sin embargo, la historia que se cuentan sobre sí mismos está distorsionada, cuestión bastante clara en el caso de los empresarios chilenos. Los grandes empresarios chilenos son rentistas que operan bajo un orden regulatorio que les permite operar con bajo riesgo y enormes rentabilidades. Los ahorros previsionales de los chilenos cautivos en las AFPs se encuentran disponibles para la inversión en proyectos de estos empresarios, sin que esto signifique retornos relevantes para los fondos de pensiones. El sistema bancario chileno es uno de los diez más rentables del mundo con retornos cercanos al 20% anual. Mientras que la minería, que es la principal actividad económica del país, opera con impuestos bajísimos en términos comparativos. También podemos pensar en los contratos de infraestructura como el Transantiago, donde las rentabilidades aseguradas desmedidas drenan recursos públicos para satisfacer el lucro de los inversionistas. Cabe destacar también que este par de elementos pertenecen al lado ‘regulado’ (o ‘legal’, si se quiere) de la arquitectura regulatoria de Chile, pero no toma en consideración cuestiones que son ilegítimas o de plano ilegales como la serie de abusos que han sido denunciados durante los últimos años.

Los empresarios en Chile no son héroes, sino más bien el grupo más favorecido del país. Una parte importante de este desbalance tiene que ver con el diseño institucional de la dictadura y cuyas bases se encuentran en la Constitución de 1980. Es por ello que la victimización que acusan por medio del concepto de judicialización tiene un lado impúdico. La judicialización es un término usado para describir el proceso mediante el cual personas naturales y comunidades llevan conflictos con empresas o el Estado a los tribunales de justicia, puesto que a juicio de los primeros, alguno de sus derechos básicos han sido vulnerados por la materialización de tales proyectos. En el fondo nos enfrentamos a que los empresarios consideran negativo que las personas hagan uso de la institucionalidad para hacer cumplir aquello que la ley les garantiza.

Esta situación se ha visto en una serie de casos donde el alegato principal de los potenciales afectados por los proyectos tiene que ver con la vulneración de su derecho a ejercer una actividad económica, su derecho a la salud, a la vida y a un medio ambiente libre de contaminación. Algunas de estas situaciones se han vivido en casos como el de la termoeléctrica Campiche, emplazada en una zona ya saturada de contaminación, y en casos más recientes nos encontramos con la resistencia a Punta Alcalde en Huasco y a Hidroaysén y Río Cuervo en la Patagonia. Los argumentos esgrimidos en todos los casos han apuntado justamente al nivel de intromisión de estos proyectos en sus vidas, y en último término a la violación de derechos humanos. Este último punto es muy relevante, en tanto pone de manifiesto el deber de una democracia de defender los derechos humanos no como un asunto que empieza cuando la vida está bajo amenaza, sino que más bien en la defensa de los valores que nos hacen humanos.

Es verdad que ha habido cambios que han facilitado el acceso de la ciudadanía a la justicia. Tales cambios tienen principalmente que ver con la disposición de los jueces a fallar en relación a medidas administrativas, como en el caso de las evaluaciones de impacto ambiental. Y lo que ha quedado de manifiesto es que el Estado ha estado cometiendo injusticias mediante el ejercicio de la discrecionalidad administrativa y a través de la manipulación de información relevante con el fin de favorecer proyectos específicos. Esto queda de manifiesto cada vez que se empieza a hablar de ‘fast track’ o agendas pro crecimiento, donde se banalizan los derechos de quienes aparecen más débiles frente al Estado. Un caso dramático de esto fue la reciente aprobación de la Ley de Concesiones Eléctricas, la cual incorporaba modificaciones tendientes a reducir las oportunidades de las comunidades y personas para hacer reclamaciones por vías administrativas, no posibilitando que tales disputas fueran llevadas a los tribunales de justicia.

La defensa de los derechos humanos es una actividad legítima y muy necesaria en democracia, más allá de las caricaturas del empresariado privilegiado. Aquello que han llamado ‘industria de la obstrucción’ no es más que la suma de redes de personas que con escasos recursos pretenden hacer frente a la aplanadora de un desarrollo ilegítimo y productor de desigualdades. El activismo ambiental e indígena son formas de defensa de los derechos humanos que nos ofrecen la posibilidad de pensar que el mundo puede ser construido de otro modo. La disyuntiva en la que nos pretenden poner los empresarios donde los dos únicos caminos son el desarrollo o la edad de piedra es falsa, la verdadera disputa hoy en día está en la construcción de un país autoritario y abusador o uno donde se respeten efectivamente los derechos de todos quienes lo habitan.

Leonardo Valenzuela

  1. Soledad

    Nuestro país supuestamente economicamente sobresaliente ante la imagen internacional, pero a costa de pisotear los derechos humanos y ambientales, los que están vulnerados completamente, de que progreso y desarrollo humano hablan los gobiernos y las empresas, si la verdad es que vivimos endeudados y muriendo contaminados.

  2. Miren lo que esta pasando:

    1) Piñera apura iniciativas para evitar judicialización de proyectos.
    Esto favorece a minería y energía, evitando la paralización del proyecto como única alternativa del juez ante alguna denuncia. Con el cambio propuesto los jueces podrán : suspender parcial, total o pedir alguna garantía.
    Esto favorece directamente a grupo Luksic, CAP y Barrick Gold

    2) Piñera firma reglamento de consulta a pueblos indígenas
    Hoy se establece la “posibilidad” de consulta a pueblos originarios en materias de proyectos de ley, reformas constitucionales o actos administrativos que les afecten. La propuesta hace obligatoria la consulta pero no es necesario llegar a un acuerdo para considerar la obligación por cumplida.

    Se entiende la sutileza y la conexión entre ambas iniciativas? En palabras del ministro de minería se espera que esto genere “un clima de confianza entre la minería y las comunidades, con el fin de anticipar eventuales problemas y evitar la judicialización de proyectos de inversión”

    Fuente La Tercera pags. 58, 59 del día sábado 24 Nov 2013

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