Verdeseo

Para una constitución no elitista


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La controversia por una nueva constitución ha ido de a poco alcanzando momentum, sin embargo, la amenaza del elitismo se ha ido instalando con gran fuerza poniendo en jaque las posibilidades específicas de una nueva carta fundamental para dar pie a un ordenamiento fundado sustantivamente en la justicia.

Sin duda uno de los grandes temas de las próximas elecciones presidenciales y que ha dado mucho que hablar en los últimos años es el cambio constitucional. Por un lado el debate respecto a la necesidad de cambiar la constitución de 1980 y por otro, el mecanismo mediante el cual tal constitución debería ser modificada. La primera controversia establece una línea divisoria principalmente entre la derecha y lo que en el momento actual podría calificarse ampliamente como la oposición, mientras que la segunda involucra un debate interno a este último grupo. A continuación revisaré ambas controversias y sus implicancias para la definición de reglas políticas más sensatas para un país que cruje frente a la injusticia.

En primer término, la controversia respecto a la necesidad de elaborar una nueva constitución puede ser retrotraída a los años posteriores a la irregular aprobación de la constitución de 1980. Los grupos opositores de la época que buscaban recuperar la democracia se vieron enfrentados al dilema político-jurídico de aceptar las reglas ya impuestas o buscar la elaboración de una nueva carta como parte de los desafíos de la transición. La primera tesis apuntaba a la ilegitimidad de origen de una constitución elaborada y aprobada en dictadura, mientras que la segunda postura sostenía que frente a las complejidades de la negociaciones que potencialmente tendrían que realizar, lo mejor era no tocar el tema constitucional. Según el ex Presidente Aylwin, el tema de la legitimidad debía ser deliberadamente eludido y las reglas constitucionales debían ser aceptadas sólo por el hecho de estar en vigencia, para no verse enfrentados a la inminencia de otro quiebre institucional [i].

La estrategia de Aylwin ciertamente tenía dos caras, por un lado facilitó la negociación de la transición, ahorrando episodios de crisis frente a un enemigo que seguía controlando el país y ejerciendo violencia explícitamente. Pero por otro lado, se convirtió en el tercero que dio su bendición a la constitución y permitió que quienes llevaron a cabo el golpe (especialmente los civiles [ii]) pudieran sanear todos los avances obtenidos irregularmente, puesto que la constitución es la piedra angular de todo el trabajo legislativo realizado durante los 17 años de dictadura. Ese grupo que llevó a cabo el golpe y lo justifica hasta el día de hoy, tiene características similares a aquél que Andrés Bello caracterizaba como acumulador de la propiedad, ignorante de los derechos políticos y su importancia, y contrario al ejercicio del gobierno libre y sus principios [iii]. La constitución de 1980 ha permitido la estabilización de un orden donde, como ha señalado en reiteradas ocasiones Fernando Atria, sin importar cómo jueguen los actores, siempre terminan ganando los mismos. Sin embargo, “esos mismos” no son los herederos de Pinochet como lo plantea él, sino más bien sus titiriteros, los que se han sentido siempre los dueños de Chile.

Más de treinta años después de su puesta en marcha, la constitución de 1980 no ha logrado pasar el testeo de la experiencia, mientras que una parte importante de la conflictividad actual a nivel de los movimientos sociales y de la experiencia cotidiana de la ciudadanía se asocian con los principios de esa constitución. Desde asuntos que tienen que ver con el control sobre los recursos naturales, el ejercicio de derechos sociales y hasta el control sobre la propia vida se ven entrampados en la majamama normativa de 1980. Y tales asuntos serían irrelevantes si no mediaran los dos grandes controles institucionales que son la prueba principal de la parcialidad de la arquitectura constitucional vigente en Chile: el sistema binominal y los quórums calificados para las reformas constitucionales. Estas medidas generan la perversidad del equilibrio político chileno; por una parte la derecha, invirtiendo sumas millonarias, logra una minoría relevante que se convierte automáticamente en un 50% o en lo que sea necesario para sostener el equilibrio. Mientras que por otro lado, la concertación ha hecho un buen negocio de ser la única alternativa para una fracción importante del país que responde a intereses variados, pero que está cautiva como votante frente a las regalías de la derecha. Con sólo dos opciones se genera estabilidad o paz como sugieren políticos de la derecha y la concertación, pero tal cualidad no tiene nada que ver con la sensibilidad para seguir el ritmo de las convicciones e intereses de la población.

La constitución de 1980 por tanto genera las condiciones perfectas para los mercados imperfectos de la elite económica por un lado, particularmente con sus resguardos en torno al derecho de propiedad y el rol del estado; y de la elite política por el otro, ya que gracias al sistema se favorecen los intereses tanto de quienes generaron y aprobaron la constitución, como de quienes le dieron su aprobación de facto. El negocio del mercado político no es sólo para la derecha, la concertación tiene un electorado cautivo importante fruto de las extorsiones del binominal. Este punto nos lleva al problema del mecanismo con el cual se debería llevar a cabo el cambio al sistema binominal.

Para un grupo importante de los actuales políticos de la concertación que opinan que la constitución debe cambiar, el mecanismo preferido sería a través de comisiones de expertos o comisiones parlamentarias. En el fondo, su argumento sería que es necesario producir la nueva constitución como una continuidad de la anterior. De algún modo la constitución nueva sería hija de la antigua, puesto que los procedimientos que la facilitarían provendrían desde las reglas vigentes. Esto implica, por ejemplo, que los equilibrios a la hora de votar se definirían por las mismas reglas de votación vigentes en el parlamento y que quienes votarían ya habrían pasado por el filtro del binominal. Esta fórmula es una continuidad del mismo ánimo con el que se le dio legitimidad de facto a la constitución de 1980 antes de empezar a negociar la transición. Ahora, la fórmula sería que puesto que no hay procedimientos institucionales definidos para la asamblea constituyente, entonces sería el poder legislativo el que se arrogaría la facultad constituyente. Las mismas instituciones cuestionadas tendrían el poder de dictar las reglas para el futuro político del país. Esto es una expresión de las concepciones elitistas de un vasto sector de la concertación que a toda costa busca cuidar el poder conquistado en nombre de una supuesta responsabilidad republicana.

Creo que sin lugar a dudas la constitución requiere ser reformulada y simplificada, asegurando que resguarde los bienes públicos y facilite efectivamente la libertad, y no la versión trunca y recortada de libertad que existe en la actual carta fundamental. Asimismo, creo que es necesario que el mecanismo mediante el cual se elabore y gestione la nueva constitución sea completamente ad-hoc a este proceso y no se rija por las reglas institucionales vigentes. Para esto es necesario que la formula sea buscada a través de las instituciones actuales, las cuales deberán determinar el mecanismo y sus reglas con claridad. El mecanismo facilitaría que esta institucionalidad provisional funcionara de modo externo a las instituciones existentes, mientras que las reglas permitirían la regulación y fiscalización de los aspectos formales del funcionamiento del mecanismo. Específicamente, el parlamento o todos los poderes del Estado deberían establecer una suerte de constitución transitoria que permita delegar la elaboración de los contenidos de la nueva constitución en un órgano de representación mucho más amplio que el congreso. Los políticos dicen que el mecanismo no existe, pero sin embargo ellos tienen facultades para crearlo.

Finalmente, es fundamental tener en cuenta que la constitución no es una panacea y no debe ser usada de modo perverso como lo hizo Jaime Guzmán y el equipo de la comisión Ortúzar. Este es el aspecto inherente a la formulación de la nueva constitución. Está en el aire la consolidación de derechos sociales a través de la constitución y sería magnífico que eso ocurriera, pero sería un descalabro que se pretendiera nuevamente usar la constitución para hacerla responder a intereses tribales o específicos. Es por ello que las mayores garantías dependen de la mayor amplitud posible. Éste es uno de los argumentos fundamentales para desestimar todos los clamores elitistas de aquellos que pretenden tomar la tarea en sus manos, porque se han acostumbrado a que los traten como iluminados.

Leonardo Valenzuela


[i] Otano, Rafael. (2006). Nueva Crónica de la Transición: LOM Ediciones.

[ii] González, Mónica. (2012). La Conjura: Los mil y un días del golpe: Catalonia.

[iii] Bello, Andrés. (1836). Las Repúblicas Hispanoamericanas. Autonomía Cultural, El Araucano.

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