Marcando y desmarcando territorios


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La demarcación de territorio es uno de los instintos más fuertes que tenemos. Cuando el hijo adolescente da un portazo y le pone llave a su pieza para que nadie se meta, está marcando territorio. Cuando en la micro el compañero de asiento abre rodillas y codos y mira con cara de odio si uno lo roza sin querer, está marcando territorio. Cuando en el evento social la señora le toma el brazo al marido, al pillarlo muy interesado conversando con alguna señorita, está marcando territorio.

En zoología, este concepto está bien estudiado y documentado. El territorio es, en términos generales, el área que un grupo de individuos de la misma especie ocupa y defiende de otros individuos o grupos. Es en el territorio donde encuentran su alimento, se reproducen y se cobijan. En las ciencias sociales, especialmente en antropología, sociología y geografía humana, el territorio es también un concepto central, ampliamente utilizado. Paradójicamente, a pesar de lo fundamental de este concepto en la vida animal y, por ende, humana, poco o nada se lo ha sistematizado en filosofía moral y política. En la primera, el espacio geográfico que el individuo habita casi no es tema, sobre todo si se miran teorías tradicionales como la ética de la virtud, el utilitarismo y la deontología. En la segunda, los derechos territoriales sí se estudian de manera sistemática, pero partiendo casi siempre del status quo sin cuestionárselo, e intentando entonces darle una justificación. El status quo es, en este caso, que son los Estados los agentes relevantes que poseen derechos territoriales, en representación de las personas que los constituyen. El status quo es también que los Estados ocupan casi la totalidad de la superficie terrestre – con excepción de la Antártica y de las aguas internacionales. Entonces, la pregunta del filósofo político es si se puede dar una justificación moral al derecho de los Estados a imponer la ley dentro de sus fronteras ya trazadas. Si la respuesta es positiva, se justifica también que dicho Estado controle quién entra y sale y controle además el uso de la tierra y de los recursos naturales, renovables y no renovables, bajo su jurisdicción. Es en este último punto que quiero detenerme, y sugerir que no es obvio ni suficiente derivar del derecho de jurisdicción el derecho al uso y control de la tierra y los recursos naturales en las vastas extensiones que los Estados ocupan en la actualidad. (De todas maneras, no se puede desconocer que existe en filosofía “continental” una larga tradición de crítica al Estado, a su manera de ejercer soberanía por medio de la violencia sobre los cuerpos o “biopolítica”, y a su monopolio para decidir qué es “normal” y qué “excepcional” dentro de sus fronteras. Véanse, por ejemplo, los escritos de Carl Schmitt y Giorgio Agamben en este respecto. Sin embargo, e incluso desde esta vertiente, el excesivo énfasis en la relación Estado-sujeto deja relegada a un rincón la pregunta por la relación Estado-tierra, Estado-territorio.)

Aunque pueden clasificarse de diferentes maneras, aquí me referiré a dos tipos de teorías, las funcionalistas y las que llamaré “de conexión”. Para los partidarios del funcionalismo, la justificación moral de que el Estado tenga el legítimo monopolio de la fuerza física sobre un área geográfica (como lo diría Weber) es que éste cumpla una o más funciones consideradas esenciales: administrar justicia en dicho territorio, garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, entre otras. Para los teóricos de “conexión”, en tanto, la justificación moral del derecho de jurisdicción del Estado se deriva del hecho que éste se considera el legítimo representante de quienes lo habitan. Individuos, naciones o gentes que viven en un área determinada la transforman material y simbólicamente con el paso del tiempo. En las vertientes contractualistas de las teorías de conexión, de corte lockeano, al elegir al Estado como su representante, los individuos o grupos ceden sus derechos “pre-civiles” y, junto con ello, ponen su propiedad al alero de aquél. Mientras se sientan legítimamente representados por el Estado, éste tendrá derecho de jurisdicción sobre aquéllos. En las vertientes nacionalistas o convencionalistas, en tanto, lo que importa es que el Estado refleja a un ente colectivo que es capaz de autodeterminarse y mantener su identidad en el tiempo, dstinguiéndose de otros entes colectivos por una cultura, una historia, un lenguaje propios. (De aquí al  “nacionalismo metodológico” hay un paso: “el presupuesto de que la nación/estado/sociedad es la forma social y política natural del mundo moderno”[1])

No puedo desarrollar estas posiciones ni sus debilidades en extenso aquí, pero baste para mi objetivo decir que, una vez justificado el derecho de jurisdicción, el paso próximo es justificar el derecho al control y uso de la tierra y los recursos naturales en dicho territorio, como si éste fuera una extensión lógica de aquél. Si se examina el argumento esgrimido por cada bando, sin embargo, queda en evidencia que el primero no lleva necesariamente al segundo y que, si lo hace, lo hace de manera mucho más indeterminada o limitada.

Por un lado, si la legitimidad moral del estado depende de su performance, esto poco o nada dice sobre qué pedazo de tierra y de recursos naturales puede éste ejercer un control legítimo. Desde la mirada funcionalista, entonces, el área geográfica que el estado ocupa y controla queda indeterminada. Claro está que se pueden dar razones instrumentales de por qué los Estados controlan extensiones mucho mayores que las que sus habitantes efectivamente ocupan: seguridad estratégica, alimentaria, económica, para las generaciones futuras… Pero si se opta por esta vía, sigue siendo arbitrario el cuánto y el dónde.

Por otro lado, si se mide la legitimidad del estado por ser el representante de quienes viven en un área determinada, es mucho más claro el vínculo entre aquél y el territorio que efectivamente ocupa. Hay, al fin, una conexión entre la tierra y sus habitantes, y éstos y el Estado. Como lo ha apuntado ya A. John Simmons, sin embargo, el problema es que este argumento justifica un control mucho más limitado que el que actualmente ejercen los Estados, sobre áreas muchísimo más vastas que las que sus ciudadanos habitan o “transforman”.

Otras tres razones que tanto funcionalistas como “conectivistas” pueden esgrimir aquí son las siguientes: que la tierra y los recursos naturales son mejor administrados por los Estados que si quedan en calidad de res communis, como propiedad de nadie y de todos (véase la sobrepesca y contaminación de las aguas internacionales como botón de ejemplo); que no hay otras alternativas viables para el uso y control de estos recursos; y que, por último, hay que resignarse a la arbitrariedad y muchas veces injusticia del actual reparto territorial. Respecto a lo primero, los contraejemplos son tan numerosos que dejo al lector que elija el que más le guste, pero le doy un par de sugerencias: Paraguay y la rápida desaparición del Chaco, Kenia y las matanzas de elefantes, Arabia Saudita y sus reservas de agua subterránea malgastadas e irrecuperables. Respecto a lo segundo, si no es la filosofía política quien propone ideales (que no es lo mismo que utopías) hacia los cuales deberíamos avanzar, entonces ¿quién lo hará? En este sentido, repensar el monopolio de los Estados como actores del derecho internacional y plantearse la posibilidad de modelos alternativos es casi un deber metodológico para quien se pregunta por los fundamentos de nuestra vida en sociedad y de las reglas que la rigen. Por último, reconocer que el presente status quo es injusto y darlo por hecho es Realpolitik, pero entonces hay que hacerla explícita y no disfrazarla de nobles intenciones.

En un mundo como el nuestro, donde la población humana va in crescendo y las necesidades básicas y no tan básicas crean como nunca presión sobre el uso de la tierra y los recursos naturales, tener claridad sobre cuáles demandas territoriales son legítimas y cuáles no lo son es urgente. Antes incluso, cabe preguntarse si existen del todo demandas territoriales legítimas, y en base a qué lo son.

¿No es ociosa una pregunta aparentemente tan abstracta y teórica en un territorio (valga la redundancia) por esencia práctico? Creo que no. Al fondo de los reclamos de los pueblos indígenas, de los gritos de protección de los conservacionistas, de la Vía Campesina defendiendo su agricultura a pequeña escala; al fondo del slogan de las multinacionales prometiendo mayor producción, energía más abundante y barata o seguridad alimentaria, existe – al menos en la retórica – un intento permanente por justificarse dando razones morales y no meramente legales, económicas o históricas. Partir evaluando las del Estado mismo y seguir con las de estos y otros agentes es una tarea por hacerse.

Alejandra Mancilla,

Periodista y filósofa


[1]    Andreas Wimmer y Nina Glick Schiller, “Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration and the social sciences”, en Global Networks 2, 4 (2002): 301-334.

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