Crecer primero, compartir después: Una reflexión en torno a la desigualdad salarial y el salario mínimo en Chile


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Este primero de mayo se celebra en Chile y en muchos otros países el Día Internacional de lxs Trabajadorxs; instancia que busca conmemorar las luchas del movimiento obrero en Estados Unidos en 1886. A propósito de las demandas históricas del movimiento obrero acerca de mejores condiciones salariales, me gustaría poner en perspectiva algunos datos que ilustran la desigualdad salarial en Chile, para luego reflexionar acerca de la necesidad de un mayor salario mínimo como herramienta para la superación de la pobreza.

El mes pasado la propuesta del gobierno chileno fue aumentar el sueldo mínimo a $205.000, desde los $193.000 que habían sido fijados en julio de 2012. Cabe destacar que parte de este aumento sería absorbido por el aumento del IPC ($3.369); por lo tanto, los ingresos reales por concepto de trabajo sólo aumentarían en $8.631. Inspirándome en el trabajo de Lane Kenworthy, me interesó observar la tendencia de los ingresos reales en Chile como una manera simple de graficar la desigualdad, tal como lo hace Kenworthy en su ejercicio sobre los ingresos reales en Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia de el mencionado autor, decidí que el gráfico debía estar construido en base a los ingresos autónomos declarados por los hogares chilenos y no el ingreso post-transferencias (que en Chile incluiría los subsidios monetarios), para así ilustrar la desigualdad salarial en el trabajo. El ingreso autónomo es el ingreso líquido (descontados los impuestos al ingreso) por concepto de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo independiente, autoprovisión de bienes producidos por el hogar, bonificaciones, gratificaciones, rentas, intereses, así como jubilaciones, pensiones, montepíos y transferencias entre privados.

Gráfico 1

Grafico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas de Caracterización Socioeconómica años 1990-2011. Ajustes de ingreso según Índice de Precios al Consumidor al mes de diciembre de cada año, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Vayamos entonces primero a los datos. Si observamos detenidamente el Gráfico 1, obtenemos un panorama bastante triste, pues mientras los hogares del primer decil de ingresos reales han logrado aumentar $18.292 en promedio sus ingresos reales durante los últimos 20 años (desde $67.956 en 1990 hasta $86.255 en 2011, ambos datos en pesos del 2011), el 10% de los hogares con mayores ingresos en Chile los aumentó en $1.008.243 promedio por concepto de rentas y salarios durante el mismo periodo (desde 2.058.871 en 1990 hasta 3.067.114 en 2011, todo en pesos del 2011).

Gráfico 2

Grafico 2

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas de Caracterización Socioeconómica años 1990-2011. Ajustes de ingreso según Índice de Precios al Consumidor al mes de diciembre de cada año, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Ahora, observando la distribución del ingreso autónomo de los hogares según segmentos de población más agregados (Gráfico 2), se observa que el primer quintil de ingresos (que corresponde al 20% de la población con ingresos más bajos) ha aumentado $58.153 en 20 años, el 60% de los hogares lo ha hecho en $231.322, y el 10% superior lo ha hecho en $1.008.243. Durante estos años, la “clase media” ha sido el segmento de población que más rápido ha aumentado sus ingresos, en un 78,3%, mientras que el 20% más pobre ha visto aumentar sus ingresos en un 58,3% y el decil más rico los ha aumentado en un 48,9%. Con estos datos es posible decir que los ingresos promedios por concepto de trabajo han aumentado con mayor velocidad en los segmentos medios y bajos de la distribución de ingresos chilena. Sin embargo, la desigualdad ha aumentado en la medida que el potencial de acumulación de ingresos de las familias más ricas sigue creciendo. En esta línea, me gustaría concentrarme en lo que estos datos no nos muestran, ya que más allá de estos porcentajes de aumento de ingresos (siempre complejos, porque dependen de la base que se tome), el problema de estas tendencias radica más bien en los mínimos que estamos dispuestos a aceptar como sociedad. 

Por un lado, a pesar de que Chile es el país en Latinoamérica con mayor salario mínimo, el monto del salario mínimo chileno no alcanza, en la práctica y con las condiciones de vida y precios de Chile, para que una familia de cuatro integrantes, donde una persona trabaja, salga de la pobreza. A modo de ejemplo, el promedio de ingreso de los hogares del primer quintil de ingresos al año 2011 es de $158.124 en pesos del 2011, mientras que la línea de pobreza calculada por persona es de $72.098 en pesos del 2011 para zonas urbanas. No es necesario hacer un cálculo muy complejo para darse cuenta que si un hogar  está compuesto por más de dos personas, el ingreso por concepto de rentas y salarios no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas del hogar. Como contraargumento, algunos esgrimen: “pero el quintil más bajo de ingresos es justamente el sector que más subsidios recibe, en la escuela, el consultorio y la municipalidad”. Mi argumento es, y aquí es donde estos gráficos se vuelven relevantes, que para salir de la pobreza son necesarios los subsidios monetarios. Sólo como ejemplo, las familias del primer decil en Chile compusieron el total de sus ingresos al año 2011 con un 36% de subsidios monetarios, tales como los subsidios para costear servicios básicos, que en Chile están privatizados. Esto significa que el trabajo no se constituye como mecanismo que asegure el bienestar.

Por esto, y en el marco del Día de lxs Trabajadorxs, se torna relevante volver a pensar en el sentido de un mayor salario mínimo, además de las “nuevas” demandas provenientes de los actores del mundo del trabajo en Chile, como el multi-rut, la negociación inter-empresa y la reforma al sistema de pensiones. Más aún, reconociendo que la desigualdad no solo se observa en los salarios, sino también en el amplio conjunto de oportunidades que las personas socioeconómicamente más vulnerables carecen, pensar en mayores niveles mínimos de ingreso por trabajo más allá del reajuste real convenido de un 2,3% es una condición urgente para empezar a cambiar la calidad de vida de los chilenos.

Esto me lleva a pensar en los recientes clichés políticos que se refieren a la meritocracia o el esfuerzo como vehículos de movilidad social, y que han estado presentes en las incipientes campañas presidenciales y parlamentarias. Desde esta perspectiva, estos “paradigmas” no son entonces suficientes, en tanto el mérito ha comprobado no funcionar como mecanismo de ascenso social para aquellos con menores oportunidades, ya que se requiere de un piso mínimo para insertarse en las vías donde el mérito o el esfuerzo sean reconocidos.

En este sentido, hoy más que nunca la pobreza va más allá de un problema de falta de iniciativa personal. El discurso de la pobreza históricamente ha estado teñido por valoraciones morales que condensan sus juicios acerca de situaciones contextualmente complejas en características personales: en el Chile agrario del siglo XIX se decía que con disponibilidad de tierras y herramientas, el campesino que se encontraba en situación de pobreza se lo debía a la falta de su propio esfuerzo. Con el proceso de industrialización, cuando los medios de producción dejaron de ser propiedad de los trabajadores y se empezó a negociar por una jornada de trabajo de ocho horas y un salario justo, la burguesía mantuvo que trabajar solo ocho horas por el mismo salario era equivalente a querer recibir dinero sin siquiera trabajar una sola hora. Hoy, con la inestabilidad del mercado del trabajo menor calificado y las dificultades presentes en el ámbito para compatibilizar trabajo, familia y tiempo libre, muchas veces se sostiene que una persona pobre debe su situación a la falta de emprendimiento. Sin embargo, tanto ayer como hoy, las condiciones necesarias para salir definitivamente de la pobreza no se encuentran solo en el individuo, sino que están determinadas por condiciones externas, como el salario y el acceso a oportunidades de calidad en educación y salud. Así, el problema es que la ética liberal, gobernada por el mercado, ha terminado por naturalizar la acumulación por un lado de la balanza y la desposesión por el otro, añadiéndole un valor moral al mérito en circunstancias en que éste no es realmente accesible con estas reglas del juego para personas socioeconómicamente más vulnerables.

Por Ignacia Arteaga

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