La “letra chica” de la era digital


Yes We Scan

Recientemente el filósofo Slavoj Žižek publicó en El País una columna en la que da cuenta de los peligros que puede significar para la (más clásica) concepción de espacio público la vigilancia digital sobre la ciudadanía que actualmente se ejerce en las grandes potencias. Señala Žižek que “si emprendemos el camino de los secretos de Estado, tarde o temprano llegamos al fatídico punto en el que las normas legales que dictan lo que es secreto son también secretas”.

         Este escenario -bastante fatídico- no ha de parecernos extraño en Chile. Baste en este punto señalar lo que acontece actualmente con las negociaciones sobre el Trans-Pacific Partnership (TPP, por su sigla en inglés) son aún secretas en Chile, a pesar de la presión ciudadana y los avances en esta materia. Las implicancias de un tratado como el TPP son extremadamente amplias y ponen sobre la línea los usos cotidianos que cualquiera de nosotros hace de las herramientas web -teniendo igualmente una serie de otras consecuencias, por ejemplo, para la industria farmacéutica. Sólo a modo de ejemplo baste señalar que el TPP, en razón de las obligaciones que impondrá a los países firmantes, comportará que los proveedores de servicios de internet (como VTR o Movistar en Chile) puedan “bajar” contenido de la web sin mediar juicio ni demanda alguna, algo que tensiona bastante los derechos de cada uno de nosotros como usuarios de internet.

         Lo que está puesto aquí en cuestión es cómo los Estados se relacionan con ciertas empresas privadas -tales como los proveedores de internet, los buscadores o las redes sociales- y apelan a “razones de Estado” o compromisos internacionales para limitar o eliminar derechos ciudadanos básicos en toda democracia -tales como el derecho a la privacidad y al anonimato. Lo anterior es sumamente grave y pone el acento en el actuar del Estado y su capacidad coactiva en un escenario que no es habitualmente tan discutido como la coacción física. Sin embargo, hemos también de preguntarnos ¿cuáles son las medidas que ciudadanas y ciudadanos deben tomar para resguardar sus propios derechos?

         Uno de los mecanismos que evidencia la tensión entre usos privados y públicos de la información que subimos a internet es aquel que refiere a los denominados “términos de servicio” del amplio número de herramientas web que utilizamos día a día. ¿Estamos conscientes de que Facebook no permite borrar definitivamente los datos que subimos a su servidor? ¿Querríamos que las fotos que subimos a sitios como Instagram puedan ser utilizadas, sin nuestra autorización, para fines comerciales? ¿Estamos dispuestos a que Google deba responder a requerimientos gubernamentales sobre la información que nosotros entregamos a sus servicios? Todas estas preguntas no son preguntas hipotéticas, sino cuestionamientos reales a los que los usuarios de tales servicios hemos debido enfrentarnos -con mayores o menores grados de conocimiento e información (más información relevante al respecto aquí).

         Los “términos y condiciones de servicio” son justamente aquel artefacto que encarna los peores problemas de traducción existentes entre los usos y expectativas de los usuarios finales de tales servicios y los potenciales fines que la información entregada voluntariamente por nosotros en la web puede llegar a servir[1]. Lo principal a tener en consideración es que, finalmente, todo aquello que subimos a internet, de un modo u otro, deja ya de pertenecernos y entra en el dominio de un espacio (¿público?) en el que se entrecruzan diversos intereses: personales, de empresas privadas y estatales. Peor aún, tales intereses se cruzan en un ámbito desterritorializado, en el que las fronteras nacionales se difuminan operativamente -de ahí que, por ejemplo, la National Security Agency de Estados Unidos haya sido puesta en cuestión por vigilar a mandatarias como Dilma Rousseff.

         ¿Qué podemos hacer para proteger nuestra información? Primero que todo ser sumamente cuidadoso con qué es lo que decidimos subir a internet, estando conscientes de que es muy probable que -bajo la “trampa” de los términos de servicio- aquello que creemos de interés privado acabe siendo utilizado para fines específicos que se hallan lejos de lo originalmente deseado. Pero no es sólo una cuestión de usos potenciales, es igualmente una cuestión de magnitud. Bien lo sabe Max Scherms, un estudiante de derecho austríaco que, amparado en la legislación europea, logró tener acceso a la cantidad de información que Facebook almacenaba sobre él: más de 1.200 páginas en tres años como usuario del servicio (ver más aquí, en inglés).

         La realidad de esta problemática en Chile se está haciendo crecientemente evidente. Recientemente Informe Especial dedicó una investigación al respecto, destacando cómo la protección de datos personales en Chile no sólo se hayan sujetos a una legislación anticuada, además emergen nuevamente cuestionados en razón de la discusión de tratados como el TPP.

Patricio Velasco

Sociólogo


[1]               Un muy reciente documental, “Terms and conditions may apply” da cuenta de las implicancia de estos contratos, ver más en http://tacma.net/tacma.php

 

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