Conservación ambiental en tierras privadas: ¿mito o realidad?


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La conservación ambiental en tierras privadas se ha ido instaurando como una tendencia en nuestro país. Algo que a comienzos de 1990 muchos miraban con desconfianza, generando una serie de explicaciones bastante imaginativas para tanta filantropía (basta recordar las elucubraciones que se hacían sobre Douglas Tompkins), hoy en día es completamente aceptable y entre algunos(as) empresarios(os) casi una moda. Cada vez son más los privados que están interesados en comprar tierras o utilizar las que ya tienen con fines de conservación de la biodiversidad y valor ecológico, belleza escénica y servicios ecosistémicos[1], entre otras cosas. Sin embargo, después de más de 20 años, aún no existe un marco legal que ampare ni proteja a perpetuidad este tipo de áreas de conservación, dejándolas vulnerables y poniendo en duda su real capacidad para proteger lo que sus dueños aspiran a proteger.

Las políticas y modelos de conservación modernos involucran tierras y actores públicos y privados, que colaboran para articular la protección y uso sustentable del territorio. De esta manera, la conservación no solo se basa en grandes extensiones de tierra adquiridas y administradas por el Estado para su protección (por ejemplo los Parques Nacionales y Reservas Naturales que en Chile forman parte del SNASPE), que generalmente consisten en territorios aislados, sin actividades productivas y con un uso y acceso restringido, sino que se incorpora a los propietarios y tierras privadas como un complemento a las labores de conservación que pueda realizar el Estado. Esta aproximación tiene numerosas ventajas, como la ampliación de las actividades y objetivos de conservación más allá de los Parques Nacionales, integrando las actividades productivas con las de conservación a través de una adecuada planificación territorial. Sin embargo, para que la conservación ambiental en tierras privadas sea realmente un aporte (por ejemplo, en términos de biodiversidad, servicios ecosistémicos y belleza escénica) requiere de algunas garantías e incentivos, tales como una legislación que ampare la protección de estas tierras a perpetuidad e incentivos tributarios para quienes destinan sus tierras a la conservación de estos “servicios” que tienen beneficios para todos. En los países de herencia anglosajona este es el modelo que se ha estado desarrollado durante los últimos 30 años. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una legislación que ampara las áreas protegidas privadas a través de un sistema de Land Trust, donde entidades sin fines de lucro deben velar por la protección de estas tierras a perpetuidad, y con un sistema de descuentos y exenciones tributarias como incentivos a la conservación. En cambio en Chile, hoy en día no existe legislación que asegure que una propiedad que ha sido destinada para fines de conservación sea protegida en el futuro. Por ejemplo, las(os) herederas(os) o compradores futuros de esa propiedad podrían destinarla a cualquier tipo de actividad, disolviéndose las aspiraciones de conservación del dueño original. Este hecho explica, en parte, la desconfianza que existe en algunos sectores respecto a la inversión privada en tierras con fines de conservación ambiental.

En Chile, si bien existe retraso en términos de marcos legales y acuerdos para la gestión de áreas protegidas privadas, es un área en fuerte desarrollo y alejado de la excentricidad con que se consideraba hace un par de años. Hoy en día, muchos empresarios han comprado tierras con fines de conservación, interés que se ha expresado como tema recurrente en la Revista Capital (por ejemplo, ver este reportaje). En Chile hoy día existen alrededor de 300 iniciativas de conservación privadas que abarcan más de un millón y medio de hectáreas, según el Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas de Chile. Muchos pensarán que se trata principalmente de grandes propietarios y parques, como es el caso del Parque Karukinka de la ONG Wildlife Conservation Society, o el Parque Tantauco del ex presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, más del 60% de estas áreas son propiedades menores a 200 hectáreas; es decir, pertenecen a pequeños propietarios. Por otra parte, el catastro indica que una baja proporción (alrededor del 40%) de áreas protegidas privadas tiene las capacidades técnicas necesarias para su gestión, como planes de manejo e instrumentos para evaluar su desempeño. Esto evidentemente redunda  en una deficiente gestión de estas áreas y en dificultades para evaluar su real aporte a la conservación. Lo anterior probablemente se relaciona con el bajo nivel de financiamiento que este tipo de iniciativas tienen, con una de cada cuatro funcionando con menos de un millón de pesos al año.

A pesar de dichas deficiencias, uno de los avances de los últimos años ha sido el establecimiento de redes y grupos de trabajo en esta materia. Destacan la red Así Conserva Chile, que une a iniciativas de conservación en áreas privadas y de pueblos originarios, vinculando a alrededor de 100 propietarios y 600 mil hectáreas. Es interesante destacar que este tipo de iniciativas también ha sido del interés de comunidades indígenas, como es el caso de la Red de Parques Indígenas Mapu Lahual en la Región de Los Lagos que reúne a 10 comunidades indígenas en un área de más de 50.000 hectáreas con objetivos de actividades productivas sustentables, ecoturismo y conservación de la biodiversidad (para más información sobre conservación en tierras indígenas ver este estudio del Observatorio Ciudadano). Esto es una indicación de que hay una gran variedad de propietarios interesados en establecer proyectos de conservación en sus tierras, y que existe potencial para extender este tipo de iniciativas a otras áreas y grupos de personas.

Por otra parte, ha habido algún grado de avance en el desarrollo de un marco legal que ampare las áreas privadas protegidas con fines de conservación. Sigue en trámite el proyecto de ley para establecer el Derecho Real de Conservación, ingresado en abril de 2008 y aprobado en agosto del 2012 por la Cámara de Diputados. El derecho real de conservación está inspirado en el modelo de Estados Unidos y se basa en un acuerdo voluntario entre el propietario de un terreno y una entidad sin fines de lucro (el Land Trust). El objetivo de dicho acuerdo tiene como único fin preservar el medio ambiente por medio de la imposición de gravámenes o limitaciones a la propiedad, por ejemplo, el tipo de actividades que se pueden realizar y la protección de ciertas especies o ecosistemas. El proyecto de ley considera también beneficios tributarios para los propietarios de estas tierras, pero el detalle de ello aún está en discusión (para más información visitar este link). Otro frente de avance en esta materia es la incorporación de labores de supervisión y manejo de áreas protegidas privadas en la ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente (Ley 20.417), funciones que aún no se han visto implementadas, pero que presenten potencial para regular la gestión de áreas de conservación privadas.

Finalmente, es claro que en Chile existe gran potencial para la conservación ambiental en tierras privadas, así como para el involucramiento de privados en actividades y labores de conservación. Existe interés por parte de la ciudadanía y de propietarios de todos los tipos y tamaños para sumarse a esta iniciativa, que es un importante complemento a las capacidades y labores (muchas veces insuficientes) que desarrolla el Estado en materia de conservación ambiental y de la biodiversidad. Es claro que hoy la piedra de tope son estructuras legales que amparen y protejan estas iniciativas, y la voluntad para generar políticas que potencien e incentiven este tipo de conservación. Hoy día las tierras privadas destinadas a la conservación ambiental son vulnerables, porque no existe este marco legal, ni tampoco las instituciones y herramientas necesarias para fiscalizar que se estén protegiendo o conservando estas tierras, ya que depende de la buena voluntad de sus dueños. Hay que cautelar que las soluciones que se diseñen para Chile estén adaptadas a nuestra realidad y no sean una simple copia de modelos importados como el estadounidense, ya que nada ni nadie asegura que funcionará en nuestro contexto. Por otra parte, es importante que el Estado no deposite la responsabilidad de la protección y conservación ambiental de tierras completamente en los propietarios privados, sino que se entienda como un complemento a las políticas y gestión estatal en esta materia que requieren de regulación y fiscalización para un cabal cumplimiento de los objetivos de conservación que se propongan.

Montserrat Lara S.
Bióloga Magister en Medio Ambiente

[1] Los servicios ecosistémicos son los beneficios que los humanos obtenemos de los ecosistemas, por ejemplo provisión de agua limpia.

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