Deconstruyendo a Pacheco (y la propuesta de nueva política energética)


Ministro Máximo Pacheco en el centro (Foto de Carlos Pérez)

Desde el comienzo de este nuevo gobierno de Michelle Bachelet, se ha señalado que un nuevo ciclo se iniciará en materia de energía en Chile. Me interesa reflexionar sobre el proceso de participación ciudadana, con especial énfasis en la pregunta por el diseño de esta y en ciertos presupuestos desde donde se está enmarcando, sin consulta previa, la discusión.

Desde el comienzo de este nuevo gobierno de Michelle Bachelet, el Ministerio de Energía, y su principal representante, el ministro Máximo Pacheco, han repetido que un nuevo ciclo se iniciará en materia de energía en Chile. Un ciclo donde la participación ciudadana será clave, donde el Estado se abrirá a escuchar a los distintos actores, sentándolos a la misma mesa, para en conjunto decidir lo que se hará en esta materia con miras a los próximos 20 años.

El ministro Pacheco también ha insistido en que el Estado tendrá un nuevo rol. Este consistiría en que deja de observar cómo los privados actúan, y empieza a tomar un rol más activo en la planificación energética.

Lo anterior suena sensato y por qué no decirlo, correcto. Es más, en su reciente visita a la región de Aysén, el ministro mantuvo una extensa reunión con la comunidad regional (participaron ONGs, autoridades políticas de la zona, el gobierno regional, ciudadanos y un largo etcétera de actores). En general, la recepción fue buena, ya que quienes participaron de la instancia señalaron (vía redes sociales, comunicados de prensa y comunicaciones con quien escribe) que se sintieron escuchados. Además, desde la región algunos actores señalan un cierto avance en el sentido de la maduración de argumentos y de los proyectos que las ayseninas tienen para su región. En este sentido, y de acuerdo a reportes de quienes se encuentran el región, más allá de la controversia sobre la mega-hidroelectricidad, el encuentro permitió observar que al final del día, más que represas, lo que la mayoría quiere es cierto nivel de bienestar.

Algunos no ven otra alternativa que dejar a estos proyectos instalarse. Para otros, hay alternativas y no están dispuestos a sacrificar un territorio que consideran excepcional a cambio de un bienestar que se vería amenazado por la misma construcción de cualquier tipo de mega-proyecto.

En esta columna, me interesa reflexionar sobre el proceso de participación ciudadana, con especial énfasis en la pregunta por el diseño de ésta. Si bien hasta el momento el ministro Pacheco e incluso el nuevo gobierno no han dado señales para desconfiar o dudar de sus intenciones, la pregunta por la participación ciudadana se puede enfrentar desde distintas prácticas concretas. Me parece que el paradigma sigue siendo uno que no permite discutir los presupuestos más básicos sobre los que se va a diseñar y producir la discusión. Por lo mismo, en el largo plazo, y si bien el ejercicio no deja de ser importante, no creo que permita alcanzar algunos objetivos de dicha participación: legitimidad, gobernabilidad, confianza y, por sobre todo, una política más democrática.

Para ilustrar lo anterior, me basaré en dos entrevistas que ha dado recientemente el ministro Pacheco, una en El Divisadero y otra en radio Duna.

“Sin energía no hay crecimiento”

De acuerdo a Pacheco, sin energía no hay crecimiento. De la forma en que él se refiere a este hecho, se desprende que para él es algo indiscutible e incluso conlleva un cambio de paradigma. De acuerdo al ministro, antes se pensaba que la energía se necesitaba para crecer (era una variable). Ahora, se ha vuelto más radical esta relación, sería una relación causal absoluta que no deja lugar a dudas.

¿El problema? Hay dudas y hay quienes discrepan. No es éste el lugar para analizar este asunto en detalle, pero si la discusión parte del supuesto implícito que sin energía no hay crecimiento, ya partimos con algo decidido de antemano. El problema es que si bien es legítimo pensar así o que el Estado decida partir de ese supuesto, si lo que se quiere es acordar y consensuar estos temas con la ciudadanía, partir de este supuesto y no transparentarlo conlleva discutir con la cancha ya rayada, y por ende, el resultado puede ser percibido como incompleto, poco legítimo y no democrático.

“Los bueyes delante de la carreta”

El ministro también señaló que los recursos hídricos de la Patagonia chilena “servirán al desarrollo del país y no solo “domésticamente” al interior de la región”. Agregó, también, que la región necesita industrializarse. Eso implicaría “colocar a los bueyes delante de la carreta. Los bueyes aquí son la energía”.

Estas afirmaciones nada tienen de bueno o malo, son una posición legítima, pero nuevamente, ¿quién las decidió? ¿El ministro? ¿El gobierno? ¿Corresponde partir la discusión desde esos supuestos? ¿Quiere la región de Aysén industrializarse? ¿Hay que colocar los bueyes delante de la carreta, es decir, viene primero la energía y después la demanda? ¿Es ese el único camino posible? ¿Es un “deber” de la región el “entregar” sus recursos para uso no solo doméstico?

Todas esas preguntas son claves y en Aysén, no hay una sola respuesta a ellas. De hecho, muchos en la región adhieren a la noción de Aysén Reserva de Vida. Ello implica que la región quiere, puede y para algunos, debe, hacer las cosas distinto del resto de las regiones de Chile, dejando de lado la industrialización, al menos como se ha entendido hasta ahora (primero crecer y después limpiar, más bienes y servicios siempre implican mayor bienestar, la naturaleza al servicio de las necesidades humanas, sin valor más allá de ser un instrumento al servicio de estas, etc.), ya que la idea es proponer un nuevo modelo de desarrollo, basado en una relación distinta entre naturaleza y sociedad. Si la discusión ya está zanjada en estos puntos, ¿cuál sería el diálogo ciudadano a tener respecto de la política energética?

El Estado involucrado, pero no empresario

El ministro Pacheco ha insistido también en un nuevo rol del Estado, pero siempre señalando, a continuación, que este Estado no sería un “Estado empresario”, sino que uno “que dé una orientación, una visión y planificación, que dé una coordinación, que permita hacer un buen uso del territorio para el desarrollo de estos proyectos”. Además, Pachecho legitima y le da peso a su afirmación señalando que esto es lo que la gente está pidiendo “a gritos” cuando pide participación del Estado en materia energética.

El problema es el mismo de más arriba. Justamente la discusión que vamos a tener debiese zanjar algo que el ministro ya ha determinado con anterioridad: que lo que se quiere es un Estado involucrado, pero no empresario. Existen organizaciones y ciudadanos que no comparten eso, por ende, su rol y participación en estas instancias se vuelve una interrogante, cuando el rol del Estado es una de las preguntas más interesantes a la hora de discutir la política energética que el país y las regiones quieren.

Las compensaciones

“Queremos que el desarrollo de estos proyectos represente bienestar, progreso y movilidad social para los lugares que acogen estos proyectos. Es lo que hemos llamado asociatividad. Necesitamos que estos proyectos se hagan en asociación con las comunidades. Que exista un beneficio claro para las comunidades por la existencia estos proyectos. No a través de una empresa que llega y hace una donación por acá, otra por allá, que pinta una escuela o que construye una multicancha, sino que a través de un mecanismo institucional.”

El tema de las compensaciones es uno de los puntos que más desconfianza y sospecha generan, sobre todo a nivel de las comunidades, donde el actuar de las empresas y autoridades políticas se ha traducido en algunos casos en varias “transacciones” y “negociaciones” con el fin de dar “licencia social” a los proyectos. Esto muchas veces se relaciona (y en mi opinión confunde) con la responsabilidad social empresarial. Muchos han criticado estas prácticas y señalado que lo que está en juego no es el precio de los bienes comunes en cuestión, por ende, que no habría nada que compensar, cuando este además no debería ser el rol de las empresas privadas.

Si bien Pacheco ha señalado que no está hablando de compensaciones como forma de solucionar el problema, su posición no queda clara. No queda claro, tampoco, si la alternativa, en algunos casos, es no proceder simplemente con los proyectos o que algunas comunidades decidan que algunos lugares no tienen precio, o que hay ciertos impactos que no son mitigables o compensables, que hay cosas que como comunidad local o incluso como país no vamos o queremos “sacrificar”.

¿Existen, entonces, valores “infinitos” que podemos decidir resguardar? ¿Está abierta la mesa para tener, también, esta discusión a la hora de decidir nuestra futura política energética?

 

Colombina Schaeffer

Socióloga

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