El último recurso de Barrick Gold


valle huasco

Judicialización y rechazo al proyecto Pascua Lama han llevado a Barrick a intentar llegar a un acuerdo con las comunidades del Valle del Huasco. Sin embargo, éste no ha hecho más que aumentar la conflictividad. Exponemos aquí las razones de por qué este acuerdo no es la manera más adecuada para solucionar este tipo de conflictos y cómo, al final del día, el costo de instalación de este tipo de proyectos los siguen pagando las comunidades donde se instalan.

En este artículo [1] presentamos un resumen de los recientes conflictos en los que se ha visto envuelto el proyecto minero Pascua Lama de Barrick Gold. El objetivo es proveer el contexto en el que se firma un “memorando de entendimiento” entre algunas comunidades diaguitas y la empresa, y el posterior conflicto con las comunidades que decidieron no ser parte del proceso. Una de las principales conclusiones es constatar que en Chile no existen las vías institucionales ni las garantías adecuadas para poder resolver conflictos como el aquí expuesto. Además, el costo de tal conflictividad es muchas veces pagado por las mismas comunidades, quienes se ven expuestas a divisiones e importantes asimetrías de poder.

Los valles de los ríos Tránsito y Carmen, principales afluentes del río Huasco, dependen de las reservas de agua de los glaciares cordilleranos, los mismos que se verían amenazados por el proyecto minero Pascua Lama. A través de una mina a cielo abierto, el controversial proyecto busca extraer oro y otros minerales de las montañas de la Región de Atacama, específicamente en la comuna de Alto del Carmen, en la Provincia del Huasco (ver la siguiente columna para más detalles sobre el proyecto). En este valle habitan varias comunidades sociales y productivas, como agricultores, crianceros (ganaderos), productores de pisco y pajarete, entre otros, las que incluyen también a más de 20 comunidades diaguitas y muchas personas que si bien no pertenecen formalmente a dichas comunidades inscritas, son o están en proceso de ser reconocidos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Barrick y su proyecto minero llegaron al a zona en el año 2001, pero no fue hasta el 2006 que éste recibió formalmente su “Resolución de Calificación Ambiental” (RCA). Desde sus inicios, el proyecto ha sido resistido por varias de las comunidades del valle, que han luchado por años para que el proyecto Pascua Lama no se lleve a cabo, ya que amenazaría el agua de los valles, la que da sustento y determina su modo de vida en el territorio.

Si bien Barrick ha logrado avanzar en la instalación de su proyecto, éste ha sufrido importantes reveses.

En el ámbito judicial, en abril del 2013, la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó paralizar completamente las obras del proyecto tras acoger la orden de no innovar interpuesta por comunidades diaguitas del Valle del Huasco. La misma Corte, en julio, acogió el recurso de protección presentado por las mismas comunidades, manteniendo la paralización del proyecto Pascua Lama hasta que éste no cumpliera con las medidas comprometidas en su RCA. Sin embargo, las comunidades diaguitas decidieron ir un paso más allá y apelaron los fallos ante la Corte Suprema, ya que su objetivo original no era solo paralizar el proyecto, sino que revocar su RCA. Para las comunidades diaguitas las medidas impuestas por el tribunal de Copiapó eran insuficientes para cautelar sus garantías constitucionales.

En septiembre del 2013, la Corte Suprema confirmó la paralización de las obras, pero no acogió el recurso presentado por las comunidades diaguitas en el sentido de revocar su RCA. Sin embargo, la Corte exigió a la empresa cumplir con la construcción de las obras destinadas a dar protección al recurso hídrico, además de cumplir con el “Plan de Monitoreo” establecido en su RCA. También determinó un sistema para fiscalizar que las medidas solicitadas sean llevadas a cabo.

En otro frente, en mayo del 2013, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) aplicó una multa de US$16,4 millones a la minera por incumplimientos en su proyecto y paralizó las obras mientras no se ejecutara el sistema de manejo de aguas en la forma prevista en la RCA. Barrick decidió reclamar la sanción de la SMA ante los nuevos Tribunales Ambientales. En marzo de este año, en un fallo no favorable a Barrick Gold, el Tribunal Ambiental de Santiago resolvió anular la resolución SMA, ordenándole rehacerla totalmente resolviendo los vicios e ilegalidades identificados. De llevarse a cabo esta medida la multa ya aplicada a Barrick por la SMA aumentaría considerablemente. Además, determinó mantener la paralización total del proyecto minero y la obligación de construir las obras de resguardo necesarias para la protección de los recursos hídricos. Este nuevo fallo llevó a que la empresa minera acudiera a al Corte Suprema, donde en agosto se iniciaron los alegatos por el recurso presentado por la minera canadiense con la intención de anular el fallo de marzo del Tribunal Ambiental.

Es en este contexto de judicialización y fuerte oposición local al proyecto que Barrick ha llevado a cabo una estrategia para mejorar su imagen en la comunidad local. Por ejemplo, ha aportado recursos para el transporte escolar municipal, realizado concursos de fondos para actividades sociales y ha repartido folletos donde se defienden de las acusaciones que han hecho los que se oponen al proyecto. En general, este tipo de actividades la empresa las ha incluido en lo que entiende como Responsabilidad Social Empresarial (RSE), cuestión que también ha generado polémica.

Los conflictos de poder

Una de las últimas acciones de Barrick en este sentido es la firma de un acuerdo (conocido como “memorando de entendimiento”) con algunas comunidades diaguitas en la zona. El marco del acuerdo incluye la realización de estudios para evaluar los impactos que ha provocado la minera en la zona. Para llevar a cabo estos estudios, se contactó al activista y académico Patricio Rodrigo, quien se comprometió a formar un equipo multidisciplinario con académicos de la Universidad de Chile para realizar los estudios. Cabe destacar que Rodrigo era parte del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), red de organizaciones sociales y ambientales que ha llevado a cabo la campaña Patagonia Sin Represas.

La participación de Rodrigo en el acuerdo entre Barrick y algunas comunidades diaguitas generó un acalorado debate que ha ido más allá del mundo ambientalista y las comunidades locales afectadas por el proyecto Pascual Lama. El CDP emitió un comunicado para explicar que Rodrigo renunció a dicha instancia y que lo que haga relacionado con Pascua Lama no tiene relación con el CDP o Patagonia Sin Represas. Por otro lado, un conjunto de comunidades locales del Huasco Alto escribió una carta abierta a Rodrigo y a la Universidad de Chile solicitándoles no participar en actividades con Barrick. Como respuesta, Rodrigo ha emitido varias declaraciones en distintos medios explicando y defendiendo su participación en el acuerdo (ver El Dínamo y CNN Chile).

De acuerdo a quienes se oponen a este acuerdo, el acuerdo entre Barrick y las comunidades, así como la realización de estudios por parte de la Universidad de Chile y Rodrigo, sería una estrategia de la empresa para validar el proyecto. Señalan que las comunidades que participan del acuerdo han recibido dinero de Barrick para llevar a cabo las reuniones para definir este acuerdo, lo que generaría conflicto de interés y asimetría de poder. De acuerdo a estas comunidades, Rodrigo sería pagado por Barrick, lo que claramente lo pone en la mira de las críticas, ya que no se sería una intervención independiente de la multinacional. También han denunciado que han sido excluidas de las reuniones, y peor aún, que se han utilizado engaños para conseguir firmas a favor del acuerdo, haciéndolas pasar por firmas de asistencia a reuniones. Así, la comunidad estaría siendo engañada, no estaría participando y tampoco estaría siendo representada por los dirigentes que han llevado a cabo el proceso de negociación con la minera. Además, no se estaría cumpliendo con el Convenio 169 de la OIT sobre consulta indígena (ver video de comunidades diaguitas que acusan irregularidades).

En la página web de Barrick se señala que el acuerdo tiene por objetivo dar a conocer información sobre el proyecto y sus impactos, dentro de una política de transparencia de la empresa. Esto se llevaría a cabo, según la empresa, con un équipo tecnico y un mediador independiente.

Lo expuesto anteriormente nos sirve de base para analizar en más profundidad lo que a nuestro juicio está en juego en este conflicto. El memorando de entendimiento y la participación de activistas reconocidos como Patricio Rodrigo en el proceso no ayudan a resolver el conflicto en la zona. Es más, aumentan los niveles de conflictividad. A lo anterior se suman problemas de asimetrías de información y poder, además de la falta de garantías y transparencia en estos procesos para que comunidades como las del Valle del Huasco puedan, de ser necesario, enfrentarse y sentarse a la misma mesa con una empresa como Barrick. Y aquí es donde la institucionalidad chilena está al debe.

Cabe destacar también que no pretendemos poner en duda ni indagar en las intenciones que habrían detrás de este memorando de entendimiento. Es más, si los que están participando en este acuerdo lo hacen con el objetivo de poder acceder a información que antes no habían podido tener, y realmente pueden ayudarse de evaluadores independientes, nos parece que incluso podría ser comprensible dicha iniciativa. Sin embargo, la forma en que se ha gestado el proceso deja muchas dudas, las que analizaremos a continuación y que se pueden agrupar en cuatro grandes dimensiones: 1) la necesidad de tener un acuerdo, de cualquier tipo con Barrick; 2) el proceso a través del cual se ha establecido este acuerdo; 3) la validez que ha tenido y tendrá este proceso, en cuanto a la representatividad y por ende legitimidad de y ante la comunidad local y los beneficios que se podrían obtener; y 4) el financiamiento de este tipo de actividades.

 

Las dudas

Una crítica expuesta por quienes se oponen al memorando de entendimiento es que este no es necesario, ya que no se requiere mayor información para saber que el proyecto amenaza el modo de vida y los recursos de los valles. El proyecto Pascua Lama no es nuevo, considerando que Barrick llegó  a la zona hace más de una década, y a esta altura muchos tienen claro que para ellos el proyecto es una amenaza para su modo de vida. Desde esta perspectiva, el proyecto no se ve alineado con el modelo de desarrollo local que principalmente gira entorno a la agricultura. El proyecto minero representaría así un modelo extractivista, donde la inversión y los ejecutantes vienen del extranjero, y para allá mismo se van los minerales. No sería un proyecto que se plantea desde el territorio que se interviene, y por lo tanto, choca con los proyectos de vida y comunitarios locales. En este sentido, e independientemente de que el proyecto minero pueda bajar su impacto ambiental, este es rechazado por un sector de la población, la que no requiere detalles adicionales a los que ya se conocen sobre sus impactos. Por tanto, el memorando de entendimiento es visto como una forma más de validar la presencia de la empresa en la zona.

Un punto relacionado con el anterior y que nos parece de crucial importancia en cómo se ha llevado a cabo este proceso, dice relación con el conocimiento local y la forma en que los “expertos” (por ejemplo, Patricio Rodrigo) se acercan a las comunidades y entienden y valoran su propia expertise versus la de las comunidades locales. Así, y en respuesta a las críticas recibidas de parte de varios actores ─comunidades que no participaron del acuerdo, activistas como Juan Pablo Orrego de Ecosistemas y Matías Asún de Greenpeace, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, entre otros─ Rodrigo ha señalado que él no pretende trabajar para la empresa, sino que dar argumentos a las comunidades para oponerse al proyecto. Señala que con la información que recopilaría pretende explicar “con peras y manzanas” lo que está ocurriendo. A nuestro juicio, este tipo de lenguaje y forma es desafortunado, ya que menosprecia la capacidad de entendimiento de las comunidades locales, así como el conocimiento que ya tienen del proyecto. Para muchos en la zona no es necesaria, a estas alturas, más información sobre el proyecto para saber que no quieren que se lleve a cabo en sus valles.

A pesar de lo mencionado en los párrafos anteriores, para algunos sí se justificaría realizar el acuerdo con la empresa, ya que así se podría acceder a mayor información sobre los impactos del proyecto. Se tendría así mayor conocimiento de lo que ha realizado la empresa en el área y esto podría servir a una comunidad que ve dicho proyecto como una potencial amenaza. Si bien esta posición nos parece válida, el problema sigue siendo el procedimiento que se ha seguido para establecer el memorando de entendimiento, el que deja dudas sobre la transparencia del proceso.

Así, las comunidades firmantes han sido acusadas por otras comunidades de no permitirles la participación en reuniones de trabajo a quienes no estaban de acuerdo con firmar. Las comunidades no firmantes también han señalado que se trató de engañar a los participantes al incluir en la lista de asistencia, que es firmada por los participantes, una cláusula que señalaba que se estaba de acuerdo con el memorando de entendimiento con la empresa. Incluso sin entrar a juzgar la veracidad de tales acusaciones, nos parece que el conflicto interno que emerge de este procedimiento indica una falta de transparencia que pone en duda las intenciones de los firmantes, lo que vicia el proceso. No parece existir institución o autoridad que pueda mediar y fiscalizar, de manera independiente, un proceso complejo y difícil como este. Y claramente este rol no lo puede ejercer Barrick ni personas que de alguna forma estén trabajando para la empresa (como Patricio Rodrigo o el abogado Lorenzo Soto), ya que es una parte interesada en el proceso.

Además de los problemas planteados en el procedimiento del acuerdo firmado, también surge desconfianza respecto a la representatividad del acuerdo y a la validez de sus posibles resultados. Así, y si bien Patricio Rodrigo ha señalado que 12 comunidades le pidieron ayuda, otros representantes diaguitas señalan que serían menos comunidades y sobre todo algunos representantes los que están involucrándose. Y que lo estarían haciendo sin informar a sus respectivas comunidades.

Cabe destacar también que en la página web de Barrick se mencionan dentro de las comunidades que serían parte del acuerdo algunas que son firmantes de la carta de rechazo del memorando. Así, la forma en que Barrick anuncia el memorando (como un acuerdo con todos los diaguitas) no da cuenta del conflicto existente y quiénes serían los que están y los que no están participando en tal acuerdo. De esta forma, el memorando de entendimiento no sería válido como acuerdo entre la empresa y la comunidad Diaguita, sino solo entre la empresa y algunos habitantes locales.

Por último, la fuente de financiamiento para llevar a cabo los estudios mencionados también ha sido blanco de críticas, ya que el proceso no sería independiente al ser financiado por la empresa. Las comunidades que rechazan el acuerdo han señalado que la empresa ha entregado dinero a representantes para realizar las reuniones, y que el trabajo de Patricio Rodrigo también sería pagado por Barrick. Por otro lado, Rodrigo ha señalado que él no está trabajando para la empresa, sino que para las comunidades, y que él no ha sido contratado por Barrick. De ser así queda la duda de por qué el proceso no ha sido más transparente, faltando aclarar de dónde viene el dinero para contratar a los especialistas y para realizar las gestiones. Este punto también permite interrogar la legitimidad de este tipo de procesos, y si deberían o no estar regulados y normados de alguna manera.

Lo expuesto anteriormente deja claro que el establecimiento de Barrick en el Valle del Huasco y la forma en que se ha llevado a cabo la relación entre empresa y comunidad ha generado profundas divisiones al interior de las comunidades. Es más, el memorando de entendimiento, más que venir a solucionar problemas que se arrastran durante años ha generado todavía más división y conflictividad. También se han generado importantes cuestionamientos al mundo de las organizaciones ciudadanas, específicamente las ambientales, por su participación, como en el caso de Patricio Rodrigo, en estos acuerdos.

Se abren así interrogantes importantes sobre la producción del conocimiento en Chile (con qué fines se realiza, quién lo realiza y cómo se financia), la relación empresa-comunidad y los procesos e instituciones existentes para resolver conflictos entre proyectos de inversión y las comunidades donde se insertan. Lo anterior es relevante, porque nos muestra un impacto pocas veces considerado a la hora de evaluar grandes proyectos de inversión: la nociva división generada al interior de las comunidades y la falta de mecanismos institucionales que aseguren procesos justos y participativos para resolver los conflictos.

Nos parece que sentencias como la de la Corte Suprema y el Tribunal Ambiental de Santiago más que venir a aumentar la “judicialización” de los proyectos y encender los ánimos, apuntan en la dirección correcta. Esto es, garantizar el acceso a la justicia y analizar estos conflictos no solo en su forma, sino que en el fondo. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Ambiental, se consideraron en la sentencia los antecedentes específicos del tipo de territorio en el cual se emplazan las actividades mineras y se analizó la información disponible respecto de la calidad del recurso hídrico en la zona. Se concluyó que existía información suficiente para que la SMA hubiera podido realizar un análisis más exhaustivo de este punto y obtener conclusiones concretas, pronunciándose al respecto, por lo menos en lo que respecta a las aguas superficiales. Como señala la sentencia: “la SMA, contando con la información necesaria no realizó análisis alguno sobre la materia, en la resolución reclamada y omitió referirse a la posible contravención de las condiciones establecidas en la RCA respecto a las aguas superficiales”.

En este sentido, y si bien todavía insuficiente, existen ciertos ámbitos en los que la institucionalidad chilena está avanzando en estas materias. Habría que esperar que la existencia de estas nuevas instancias, con profesionales competentes y cada vez más expertise en la materia permitiera que en el futuro las asimetrías de poder e información se vieran de alguna manera disminuidas. Lo anterior, sin embargo, requiere de instancias anteriores a la justicia, la que en este momento aparece como el último recurso al que comunidades a lo largo de todo el país recurren para hacer valer sus derechos. Esa es la tarea pendiente para asegurar que se eviten no solo graves impactos ambientales, sino que en el tejido social que permite que cualquier proyecto de vida comunitario sea posible.

Robert Petitpas

Ingeniero Forestal y Máster en Ciencias de la Sociedad y el Medioambiente

 

Colombina Schaeffer

Socióloga y estudiante de doctorado en Ciencia Política

 

Notas

[1] El presente reportaje fue elaborado en base a fuentes secundarias (prensa escrita, comunicados de prensa, redes sociales) y el trabajo de campo de uno de los autores en la zona del Valle del Huasco.

[2] El debate entorno al memorando de entendimiento todavía sigue en proceso y nuevas declaraciones han ido apareciendo las últimas semanas. Para complementar la discusión recomendamos revisar la declaración pública emitida por la Universidad de Chile, donde la casa de estudios aclara que no será parte de ningún acuerdo y que desconocen las actividades que Rodrigo esté realizando en la zona. También es posible acceder a la respuesta de las comunidades que se oponen al acuerdo a la primera carta de Rodrigo.

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