La futura amenaza de una Ley de Asociatividad


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En el contexto del lanzamiento de la Agenda de Energía, el ministerio del sector anunció un proyecto de Ley de Asociatividad al Congreso. Analizo aquí las razones por las que la iniciativa se parece más a una nueva Ley de Compensaciones que a un cambio de paradigma que nos lleve a un modelo energético más inclusivo.

En el contexto del lanzamiento de la Agenda de Energía en mayo de este año, el ministerio del sector anunció el ingreso al Congreso de una serie de proyectos de ley. Entre ellos, el de Asociatividad, que sería enviado al Parlamento durante el mes de diciembre.

Si bien la iniciativa está siendo actualmente redactada y aún no hay nada definitivo, de acuerdo a lo señalado por el ministerio en las mesas organizadas en el contexto de Energía 2050, reuniones con organizaciones de la sociedad civil y la prensa, ya existen lineamientos de sus principales pilares con miras a generar un modelo energético más inclusivo. Estos buscan solucionar tres problemas: 1) la existencia de importantes asimetrías de información entre las empresas y las comunidades, 2) la existencia de mecanismos de participación ciudadana insuficientes, y 3) que los costos de los proyectos de generación están siendo pagados por las comunidades, sin que ellas perciban necesariamente sus beneficios.

Es así que, de acuerdo al ministerio, el proyecto de Ley de Asociatividad se basaría en tres pilares: 1) Patentes de las empresas: que sean pagadas en el lugar donde se instala el proyecto; 2) Costo de la electricidad: igualar las tarifas eléctricas a lo largo del país; y 3) Marco institucional: para compartir los beneficios recaudados producto de las asociaciones que se establezcan entre las empresas y las comunidades.

El proyecto de ley todavía está en discusión y este es el momento de analizar en forma crítica qué implica la asociatividad y si las propuestas del ministerio podrán generar o no un modelo energético más inclusivo, desarrollo local y justicia ambiental. Muchos temen que este proyecto sea un intento más para destrabar proyectos energéticos.

A continuación revisaré algunas de las áreas más críticas de la propuesta de asociatividad del gobierno en su actual forma.

En primer lugar, el proyecto no es realmente acerca del establecimiento de un proceso asociativo entre empresas y comunidades. La idea tras la ley obedece más bien a una nueva propuesta de Ley de Compensaciones. El Pilar 1 y 2 se refieren a procesos de descentralización fiscal y pagos compensatorios por impactos ambientales. El Pilar 3 apunta a generar una institucionalidad para hacerse cargo de los fondos recaudados. Mirar la propuesta de ley de asociatividad como un cambio a la ley de compensaciones nos lleva a una pregunta clave: ¿qué está entendiendo el gobierno por asociatividad?

De esta forma entramos en un segundo punto crítico. La propuesta de asociatividad de la cartera toma referencias conceptuales de un estudio realizado por un académico británico en el contexto de la Unión Europea. Sin embargo, aquella investigación se centró en experiencias de asociatividad en el Viejo Continente para solucionar problemas de exclusión social en el ámbito urbano, sin ninguna relación con proyectos de generación eléctrica. Además, al referirse a casos de asociatividad a nivel internacional, la propuesta del ministerio se basa en experiencias de asociatividad en otros contextos a los analizados por dicho académico que son distintos al chileno. Estos se refieren a países con alta inversión extractiva (ej., Australia, Canadá y Nueva Zelanda); presencia de pueblos indígenas con derechos territoriales; y conflictos con esas demandas territoriales.

Esto nos lleva a un tercer y crucial punto: la asociatividad, y así lo demuestra la experiencia internacional, no tiene una definición o ámbito de acción. No existen “modelos” ni “leyes” de asociatividad, ya que este concepto significa distintas cosas en distintos lugares y contextos.

En casos como el de Canadá o Nueva Zelanda, donde existen experiencias de asociatividad entre comunidades indígenas y el Estado en proyectos de generación eléctrica (y aquí otro punto importante: en Canadá los proyectos de generación los lleva a cabo el Estado), esto se ha hecho bajo supuestos que no existen en Chile. Las comunidades indígenas son propietarias de los recursos naturales y tienen derechos sobre sus territorios. Existe así cierto nivel de simetría (que también ha sido criticado) y, por tanto, la posibilidad de un acuerdo entre “socios iguales” para “asociarse” y llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes.

El caso chileno es radicalmente distinto. En nuestro país, las comunidades no son propietarias de los recursos en su territorio, y por ende, más allá de las asimetrías de información, estamos ante importantes asimetrías de poder. Así y como está planteado actualmente el proyecto, parece más como una forma de destrabar proyectos de generación eléctrica ofreciendo compensaciones monetarias a cambio del uso del territorio (con los impactos socio-ambientales que ellos conllevan) que un verdadero cambio de paradigma en nuestro modelo energético.

Cualquier propuesta de negociación entre empresas y comunidades debiera considerar que esté previamente garantizado el ejercicio y respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas y comunidades. También debiese garantizar la protección de la propiedad pública o comunitaria (soberanía) sobre el territorio y los bienes comunes susceptibles de afectarse, así como la participación vinculante de la comunidad en la toma de decisiones sobre el uso del territorio.

Antes de generar más proyectos y/o instancias que permitan viabilizar proyectos energéticos, es imprescindible abocarse a la tarea pendiente del ordenamiento territorial y la evaluación ambiental estratégica. Sin estos instrumentos, más cambios sustantivos a cómo está funcionando el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los problemas seguirán surgiendo, las comunidades y empresas continuarán en conflicto, y las primeras insistirán en recurrir a la justicia cuando vean que las segundas vulneran sus derechos.

Colombina Schaeffer, socióloga

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