Verdeseo

¿Qué aprender de la avanzada de las minorías sexuales en EE.UU.?


Ciudadano en las afueras de la Corte Suprema de EE.UU el martes pasado (Court Astrid Riecken, The Washington Post).

Ciudadano en las afueras de la Corte Suprema de EE.UU el martes pasado (Court Astrid Riecken, The Washington Post).

Los jueces de la Corte Suprema de EE.UU ya no podrán evitarlo más. Finalmente la pelea por legalizar el matrimonio homosexual tendrá que ser zanjada de una vez y para siempre durante junio, tras la reciente discusión oral sostenida por las partes ante los nueve magistrados de la honorable corte el martes pasado. Será la ocasión tan esperada por tantos y tantas, ocasión que sin duda marcará un antes y un después en la ya larga y tortuosa historia de los derechos civiles de esa nación.

La cuenta regresiva comenzó hace dos años, cuando la octogenaria Edith Windsor ganó por un estrecho 5-4 (United States v. Windsor) su derecho a mantener las mismas prerrogativas que una viuda heterosexual consigue tras las muerte de su cónyuge. Los hechos: Windsor contrajo matrimonio con la psicóloga Thea Spyer en Canadá durante 2007. Dos años después, Spyer moriría producto de una estenosis aórtica. Windsor heredó su fortuna, inmensurable, por cierto, y por la cual debía tributar una suma nada pequeña, ya que su matrimonio con la profesional no era reconocido por la ley estadounidense. O sea, seguía siendo soltera.

El caso llegó a la Corte Suprema en 2013. Y si bien en su resolución los jueces evitaron pronunciarse sobre la legalidad del matrimonio igualitario como un derecho constitucional, sí declaró inconstitucional parte del DOMA (Defensa del Acto Matrimonial para estas siglas en inglés) que reconocía como matrimonio aquella institución formada por un hombre y una mujer y, por ende, restringía a las parejas heterosexuales los beneficios de toda índole otorgados por el estado en materia de impuestos, salud, etc.

La resolución abriría una puerta a todas las parejas del mismo sexo que quisieran desposarse, pues si alguno de los estados federales se negaba a hacerlo, lo más probable sería que un nuevo alegato subiera al máximo tribunal, pero esta vez para discutir definitivamente esta unión como un derecho constitucional entre parejas del mismo sexo.

Y así fue. De la decena de estados que se ha negado a anular la prohibición del matrimonio entre parejas del mismo sexo (aunque otros 36 ya celebran este tipo de conciertos), cuatro de ellos han sido demandados a la honorable corte por discriminación: Ohio, Kentucky, Michigan y Tennesse.

El pasado martes, durante más de una hora los jueces y las partes desplegaron una elegante discusión en donde se echó mano a la historia, a los filósofos griegos y a los conflictos raciales para acabar con los mismos fundamentos que se esgrimen por una y otra parte en relación al matrimonio igualitario tanto allá en EE. UU. como acá en Chile.

«Ustedes nos piden que decidamos sobre un institución que se ha entendido entre un hombre y una mujer por milenios, como si supiéramos mejor que nadie qué se debe hacer en estos casos», aseveró el magistrado Anthony Kennedy, apalancando uno de los argumentos más comunes que se oyeron a los jueces del ala conservadora (y el más escuchado en estas latitudes también durante la discusión del Acuerdo de Unión Civil que se acaba de aprobar en el Congreso chileno).

Sin embargo, siendo ese el argumento menos débil si se lo compara con los otros que se esgrimieron a favor de prohibir las uniones homosexuales (por ejemplo, que a los niños de padres del mismo sexo se los vulneraría al prescindir de un padre o de una madre en la crianza; o que el fin del matrimonio era la procreación citando, sin saberlo, el añejo apotegma de San Agustín), sigue siendo una muy débil razón para desistir de aprobar la legalidad del matrimonio igualitario.

«Por milenios la esclavitud fue aceptada como parte de la estructura social. Por milenios las mujeres fueron tratadas como propiedad por parte del esposo en esta misma estructura social y en muchos países esto sigue siendo así», escribió un compungido lector de un famoso diario estadounidense.

Todo indica que habrá una respuesta de parte de los jueces, y según los analistas, una respuesta favorable para quienes exigen el derecho a desposar a sus parejas homosexuales.

Después de todo, no hay fundamento sólido que aguante la permanente exclusión del matrimonio igualitario en una sociedad laica como se autodenomina la estadounidense (y la chilena). Después de todo, lo que se le pide a la honorable Corte Suprema, y lo que acá en Chile también se pide a los legisladores, es facilitar no ya el curso de una tendencia cívica, sino de un ritmo de cambio social que hace rato incrementa la fuerza que le da impulso (Linda Greenhouse, 2015). No hay razones cívicas para defenestrar el matrimonio igualitario porque quienes lo hacen, suelen ser los miembros de una religión que olvidan, si no por ignorancia o por conveniencia, que la constitución o la leyes deben interpretarse sin el vitral deformador de un credo.

Pese a lo difícil que ha sido para las minorías sexuales legitimar sus derechos, la sociedad estadounidense ha llega a un punto de reconocimiento de los mismos que ni siquiera la máxima corte ha podido detener. En Lawrence v. Texas en 2003 la Corte Suprema de EE.UU. derribó por 6-3 la abominable ley que prohibía todo acto sexual entre personas del mismo sexo en Texas, acabando así con todas las leyes similares en otros 13 estados. Uno de quienes votó con la mayoría fue el conservador Anthony Kennedy, el mismo que inclinó la balanza a favor de Edith Windsor y el mismo que se unió a la mayoría para votar en contra de la proposición que inhabilitaba las uniones homosexuales en California en 2013 (Hollingsworth v. Perry).

Muchas preguntas surgen de toda esa situación, pero sin duda las más urgentes que me asaltan son ¿por qué no hacer lo mismo acá en Chile?, ¿por qué, de una vez por todas, no desistir de encachar diques en estos cursos de cambio que tanto oxígeno han traído a nuestra opaca sociedad?

Carlos Oliva Vega

Periodista y poeta

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