La subrepticia maniobra política que amenaza el desarrollo de territorios rurales


Araucanía

Este dos de julio, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ordenó a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados tramitar con urgencia el proyecto que busca la extensión del Decreto de Ley Nº 701 (DL 701), el cual favorece el subsidio a las plantaciones forestales de especies exóticas. Esta comisión, el 14 de julio, votó a favor de la extensión del DL 701. El proyecto de ley actualmente se encuentra para votación en la Comisión de Hacienda, para luego ser votado en la sala de la Cámara, antes de pasar al Senado.

Esta noticia ha generado rechazo desde diversos sectores de la sociedad, exigiendo mayores y mejores explicaciones por parte del Ejecutivo sobre la decisión de extender los beneficios que por más de 40 años el sector forestal ha recibido.

El DL 701 es un subsidio a la plantación de especies forestales exóticas de rápido crecimiento, como el pino y el eucalipto. Fue establecido en 1974, durante el primer año de la dictadura de Pinochet. El objetivo del mismo era fomentar la inversión privada con el fin de potenciar un sector empresarial que impulsara el desarrollo económico del país. En su momento se señaló que además, y por medio de externalidades positivas, esto debería también promover el desarrollo de los territorios beneficiados. Es así como grandes empresarios de la industria forestal han desarrollado su negocio desde entonces hasta estos años, situando al sector forestal como el segundo más importante de las exportaciones totales del país.

El gobierno, en su proyecto de ley enviado a la Comisión de Agricultura, argumenta que el crecimiento productivo del sector forestal se ha presentado de forma sostenida, alcanzando, por ejemplo, un record de exportaciones de 6,094 millones de dólares en el año 2014. Entre el año 2007 y 2011 el sector registró un aumento de 1 millón de hectáreas aproximadamente de plantaciones forestales (INE 2007; Conaf 2011), ratificándose en la actualidad como un sector empresarial consolidado y autónomo.

Es indudable que el crecimiento del sector forestal ha impulsado la economía del país. Sin embargo, la forma en la que lo ha hecho es a lo menos cuestionable. Hoy en día, el 80% del sector forestal se encuentra controlado por tres grandes empresas, estos son los holdings de los grupos Arauco, CMPC y Masisa, de propiedad de las familias Angelini, Matte y Grupo Nueva (múltiples empresas) respectivamente. En el año 2013, estos grupos acumularon ganancias cercanas a los 4,500 millones de dólares correspondientes a exportaciones (INFOR, 2014). Esta situación refleja de forma explícita la concentración de la riqueza, a partir de la capitalización de los recursos naturales, realizada por pequeños grupos que en el proceso han llegado a concentrar poder político y económico en diversos sectores empresariales.

Esta acumulación de riqueza de grupos que a su vez han sido beneficiarios directos a lo largo de 40 años de subsidios estatales, hace al menos cuestionable la decisión del gobierno de continuar apoyando al sector forestal por medio de subsidios estatales (con impuestos de toda la población chilena) para su desarrollo.

La economía neoliberal promovida por el Estado chileno, la cual se centra en la apropiación de territorios para la promoción y multiplicación del capital, como bien lo detalla David Harvey en su “Breve Historia del Neoliberalismo” (2007), ha actuado permanentemente por medio de legislaciones que son funcionales a la lógica del DL 701, es decir, subsidios a la inversión privada buscando una “externalidad positiva” para la población. Sin embargo, este tipo de políticas ha permitido que aquellos territorios “beneficiados” por la inversión vean alteradas sus propias dinámicas territoriales (productivas, sociales, recreacionales, ecológicas, entre otras).

Es en este contexto que académicos de la Universidad Austral de Chile[1] han manifestado su preocupación por los impactos ambientales y sociales que el fomento a las plantaciones forestales ha generado.

Entre los impactos más destacados se mencionan: 1) la pérdida en la provisión de agua de calidad en sectores donde se sitúan las plantaciones; 2) la disminución de la biodiversidad en zonas donde existen grandes extensiones de plantación; y 3) la fragmentación y sustitución de especias nativas por exóticas, generando una importante disminución del valor para la conservación de la biodiversidad.

Son estos impactos el mayor reflejo de una intencionada mercantilización de los recursos naturales del país, por medio de políticas y programas estatales. Es así como se ha fomentado el asentamiento de industrias (capital) en los territorios, permitiendo al sector empresarial forestal capturar dichos territorios, donde la población local pasa a ser la principal afectada con la promesa incumplida de la llegada de la tecnología, nuevas oportunidades laborales y un mayor crecimiento económico local.

Así, es justamente en estos territorios donde se han presentado condiciones de características socio-económicas contrarias a lo que podrían ser “polos de desarrollo”, a saber: 1) mayores índices de migración rural-urbana, 2) establecimiento de empleos precarios, 3) altos índices de pobreza en comparación con el resto del país, 4) pérdida de la diversificación de la matriz productiva (menor agricultura, por ejemplo), 5) entre otras.

Estas dinámicas, para ser resueltas, requieren de un sector forestal más sustentable e integrado a las diferentes realidades presentes en los territorios, a partir de una institucionalidad pública que resguarde el interés de todas y todos los chilenos, velando por una gestión sustentable de sus recursos naturales, con respeto y consideración de las distintas visiones sobre el sector, consultando a los pueblos indígenas por medio de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, y promoviendo el encuentro entre los diversos actores territoriales.

Hoy en día el país se encuentra en quizás el periodo político más complejo luego del regreso a la democracia. Fuertes presiones de los grupos de poder sobre las denominadas “amenazas reformistas” ponen al gobierno en la necesidad de re-establecer un orden económico que ha beneficiado, en demasiadas ocasiones, a unos pocos (por ejemplo en el caso del sector forestal). En este escenario es donde la urgencia por la aprobación del DL 701 se está presentando, con la promesa de una reactivación económica y la llegada de las anheladas inversiones que supuestamente reactivarían una dañada economía.

En este contexto, se hace más necesario que nunca estar atentos y ser activos participantes de la discusión y difusión de proyectos como el de extensión del DL 701. Nuestra preocupación debe ser el resguardo de nuestros territorios y nuestras culturas, instalando el debate al más alto nivel. El sector forestal es importante, pero requiere de un cambio relevante en el modelo gestión de sus recursos naturales. Los esfuerzos deben centrarse en políticas que promuevan el fomento forestal en todas sus áreas (bosque nativo, plantaciones, conservación y fomento), de forma participativa, sustentable y que permitan un mejor entendimiento de las dinámicas territoriales como esenciales en la relación sociedad naturaleza.

Es ahora el momento en que nuestra definición como agentes políticos debe jugar un rol preponderante, sentando las bases de una nueva sociedad justa, ecológica y democrática.

Raúl Contreras, Ingeniero Agrónomo con experiencia en Desarrollo Rural. Hoy cursa un magíster de Gobernanza de Riesgos y Recursos en la Universidad de Heidelberg.

[1] http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=84582

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