Hace un tiempo escribí una columna sobre la nueva ola de concesiones turísticas al interior de áreas protegidas del Estado, en el marco de la reformada Ley de Turismo (Nº 20.423), abordando sus intenciones, legitimidad frente a la ley que rige el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), así como sus posibles falencias y consecuencias. En ese momento me encontraba fuera de Chile y planteaba todo esto desde un punto de vista más bien teórico. Sin embargo hoy, después de un año y medio, fui testigo de lo que una política de este tipo puede desencadenar en un área protegida del estado y me gustaría compartirlo con ustedes.

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